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    El MPP realizó nueve pedidos de informes sobre la gestión oficial en agro; “no hay información clara” y eso “preocupa”

    Una serie de interrogantes vinculadas a la definición política y a las acciones de los institutos de Colonización, de la Granja y de Bienestar Animal, así como a la administración de los fondos públicos en el marco de la emergencia agropecuaria, entre otros temas, comprenden los nueve pedidos de informes realizados el martes 6 por los legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) al Poder Ejecutivo.

    “El agro uruguayo tiene una trascendencia relevante para el país en su conjunto, tanto por la importancia de la producción sectorial, su impacto social, como por la significación de su aporte a las exportaciones del Uruguay”, plantea ese sector del Frente Amplio.

    Considera que “en este escenario de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 (el agro) ha sido un motor relevante para la economía que se ha mantenido en funcionamiento, tanto para los productos de exportación como para la generación de alimentos para el mercado interno”.

    “Las políticas sectoriales y la institucionalidad agropecuaria han iniciado cambios a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la Ley de Presupuesto y la gestión del Ministerio de Ganadería (MGAP)” sobre los que “no hay información clara” y que “ocasionan preocupación de gremiales y sindicatos”, que lo han planteado en comparecencias en el Parlamento, sostiene.

    Esa agrupación política advierte “con preocupación la dificultad de llevar adelante los cambios anunciados con la disminución de los recursos asignados a la cartera” de Estado.

    Plantea además en el texto de la solicitud de informes “la falta de definiciones claras para el apoyo a la producción y los productores, con lo que eso significa para la economía nacional y las familias que involucra el sector”.

    Uno de los temas consultados refiere a las políticas de desarrollo rural, que es una de las áreas creadas e impulsadas durante los gobiernos frenteamplistas. El programa Más Agua para el Desarrollo Rural “tuvo cambios importantes luego de que miles que productores y cientos de técnicos participaron en su diseño y, luego de haber sido evaluados positivamente en los proyectos presentados, se comunicaron cambios por la prensa”, señala el MPP.

    Cuestiona además que “muchos productores fueron excluidos del programa, y es importante conocer quiénes fueron o no beneficiarios y cuáles fueron los nuevos criterios aplicados”.

    Los pedidos fueron firmados por los senadores Alejandro Sánchez y Charles Carrera y los diputados Alfredo Fratti, Nelson Larzábal y Zulimar Ferreira.

    Otro de los planteos se refiere al Instituto Nacional de la Granja creado por la LUC, que estableció la obligación de legislar sobre su financiamiento, dirección y funcionamiento. “Los plazos establecidos están incumplidos y las organizaciones representativas que componen tan importante sector para la alimentación nacional sufren una gran incertidumbre al desconocer cómo será el nuevo instituto, quién lo integrará, cómo se financiará y cómo será la migración de los actuales organismos”, cuestiona.

    Respecto al Instituto Nacional de Colonización, el MPP pidió información sobre los cambios establecidos en el artículo 358 de la Ley 19.889 en cuanto a la desafectación de miles de hectáreas de ese ente estatal “sin que se contara a cuantas hectáreas precisamente se refería”.

    “Esto afecta el total de tierras que componen el universo de las colonias, que están destinadas al acceso a la misma por parte de familias rurales que no la poseen, por lo que es una política de Estado muy importante, apoyada desde su creación por todos los partidos políticos”, argumenta el MPP.

    Y considera que “es necesario conocer en cuánto afecta esta medida a la disponibilidad de tierras del instituto, que a su vez vio reducida la partida para la compra de tierras en un 90%”.

    Sobre la creación del Instituto de Bienestar Animal en la LUC, el MPP reclama que “no hay información relativa a su implementación, puesta en marcha y recursos con que contará”.

    Fondos

    La Ley 18.362 estableció la emergencia agropecuaria para enfrentar desastres climáticos o sanitarios, y los decretos posteriores disponen los mecanismos para su aplicación.

    El actual gobierno declaró la emergencia en el agro el 9 de marzo de 2020, con sucesivas ampliaciones de las zonas afectadas en “una de las sequías más severas de los últimos años”. El MPP solicitó información sobre las medidas aplicadas, qué superficie se atendió, a cuántos productores alcanzó y qué evaluación se hace de los resultados obtenidos.

    El Plan Nacional de Agroecología es también parte del pedido de informes en cuestión. Fue creado por la Ley 19.717 con el apoyo de todos los partidos políticos, que incluye el funcionamiento de la Comisión Honoraria. “Esta presentó una propuesta de plan elaborado con una amplia participación de organizaciones, instituciones públicas y técnicos especializados a inicios de 2020, y aún no se definió un plan en los términos que lo establece esa norma”, cuestiona.

    En cuanto a los recursos humanos del MGAP, el MPP sostiene que “con insistencia y fundamento se ha planteado en las comisiones de Ganadería del Parlamento la escasez de funcionarios para cumplir con eficiencia los cometidos” de esa cartera.

    “La cantidad de funcionarios, su preparación, la previsión de las reducciones por jubilación y lo difícil de cumplir en tiempo y forma las obligaciones ha sido fundamentado por los sindicatos y por las jerarquías” de Ganadería, asegura el MPP.

    Por otra parte, el grupo mayoritario del Frente Amplio solicitó información sobre la administración de los fondos del Banco Mundial y del BID que maneja el MGAP en ciertos programas de apoyo al agro.

    “Es muy importante la definición de si van a haber políticas diferenciales en beneficio de los productores, qué sectores se van a priorizar, qué mecanismos se utilizarán y los montos establecidos”, plantea.

    Y considera que eso “es clave para que los productores realicen la planificación de sus inversiones, la definición de las mejoras tecnológicas a aplicar, la asistencia técnica, del mejoramiento de su productividad, el fortalecimiento de sus institutos y los ámbitos de participación que tendrán”.

    Agro
    2021-04-07T19:26:00

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