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Cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta las cifras laborales, el director de Empleo del Ministerio de Trabajo (MTSS), Daniel Pérez, presta atención primero a la cantidad de ocupados antes que a los desempleados, el porcentaje que en general más se comenta. El último dato conocido lo deja conforme: hay 60.000 trabajadores ocupados más que en 2018 y casi 70.000 más que en 2019. A estos niveles se llegó “a pesar” de la afectación del empleo en el litoral –por la brecha cambiaria con Argentina– y de la pandemia, destacó en diálogo con Búsqueda.
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El análisis positivo de los datos que hacen en el MTSS está basado en la comparación con las cifras heredadas del gobierno del Frente Amplio (FA): cuando la izquierda dejó el poder, el desempleo representaba el 10,5% de la población económicamente activa. El jerarca reconoció que le gustaría que la tasa actual fuese “mejor” y, para lograrlo, desde la dirección impulsan algunas medidas como la inclusión del programa Yo estudio y trabajo también en el sector privado o el desarrollo de una plataforma laboral –que está en elaboración– para aumentar las inserciones.
El mercado atravesó hacia fines de 2023 un “leve deterioro”, como destacó Nicolás Cichevski, de la consultora CPA Ferrere. En la red social X ese economista escribió que el empleo creado en el último año fue “casi enteramente informal”. Consultado por estos comentarios, Pérez recordó que hasta el 2019 el trabajo no registrado en la seguridad social —“en negro”— estuvo en niveles cercanos al 25%, una cifra que se redujo en torno a tres puntos porcentuales en el último año. “Es verdad, y eso es una cosa a la que hay que prestarle atención, que está subiendo. Si la comparo con el año pasado, subió un punto”, afirmó.
Aunque los números no son “malos” en comparación a los años anteriores, el jerarca dijo que estos valores no conforman a las autoridades del ministerio. Describió como un crecimiento más lento la situación actual: “El rebote (postpandemia) fue bastante rápido y lo que pasó después fue un proceso de enlentecimiento. Si lo comparo, hay un aumento del empleo, pero uno quisiera que fuera más rápido. Eso depende mucho de la inversión y está influido por lo que pasa en el entorno”.
Para mejorar las cifras de la informalidad, la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) hará foco en la frontera, donde ronda el 40%. Una consultora fue contratada para estudiar, desde febrero y durante cuatro meses, la situación allí, con especial foco en Rivera y Cerro Largo, por un lado, y Artigas, Salto y Paysandú, por otro. El informe final, señaló el jerarca, no será un diagnóstico, sino que deberá incluir las propuestas para mejorar los niveles de empleo formal en esas zonas. El trabajo tendrá un análisis de la zafralidad –los “huecos” que pueda haber entre una zafra y la otra para un empleado– y del trabajo independiente. La intención es saber “cómo apoyar” a los trabajadores que tienen sus puestos bajo estas modalidades, explicó. “Hay que trabajar en cómo generar tránsitos. Si alguien, por el motivo que sea, inició un nuevo emprendimiento y lo hizo de modo informal, cómo le genero posibilidades para que transite a lo formal y cómo logro apoyarlo con herramientas crediticias”, ejemplificó. Para Pérez, son necesarias las “herramientas de formación” para estos trabajadores, tanto para el negocio como para su manejo. “Muchas veces ni siquiera saben separar la cuenta de la casa de la del negocio o no saben cómo presupuestar”, sostuvo.
Plataforma
El año que pasó fue para “solidificar” algunos proyectos que en la Dinae que todavía no se habían concretado. Y 2024, aseguró su titular, será el año de la ejecución. Uno de los planes es el de crear una “red nacional de servicios públicos de empleo”.
Los “servicios públicos de empleo” hoy existen por convenios con los gobiernos departamentales y con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), pero el relanzamiento incorporará a otros actores que trabajan con ese foco –especialmente con colectivos vulnerables– y que en muchos casos hacían tareas similares. Con la red, se evitará “trabajar en paralelo”, aseguró Pérez.
Estos nuevos actores son la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, de Discapacidad, y Socio Promocional del Mides, el Instituto de la Juventud, el Inisa, INAU, la Junta Nacional de Drogas y los gobiernos municipales. Estas instituciones tienen, en general, sus propios programas de empleo, pero a partir de estos convenios intercambiarán la información y evitarán los registros dobles. También pretenden sumar a organizaciones de la sociedad civil.
Esta “red nacional” estará soportada en una nueva plataforma que sustituirá a la actual Vía Trabajo y que todavía no tiene nombre. Las instituciones cargarán allí los datos de aquellas personas a las que le hicieron un proceso de orientación laboral y se podrá crear un perfil online. La Dinae también proyecta firmar convenios con las agencias de empleo privado, para que carguen en la plataforma las ofertas laborales.
“A veces, mirado desde el ministerio, nos centramos mucho en la persona y nos olvidamos de que para que un trabajador tenga trabajo, tenemos que conseguir a alguien que lo ofrezca. Entonces, es juntar otras dos patas”, dijo Pérez. Agregó que este proyecto presenta el “desafío” de incorporar a instituciones con “intereses distintos” pero que “confluyen”.
Aclaró que, si bien se hará más “énfasis” en poblaciones vulnerables, “es para cualquier tipo de cargo”. La plataforma –que funcionará inicialmente como un portal y hacia fines del 2024 tendrá su app– permitirá que cada uno cree su perfil completando los datos para buscar su propio puesto de empleo. Será una suerte de “LinkedIn” del Estado y, por esto, Pérez señaló que desde el MTSS tendrán que desarrollar acciones de difusión de forma que las empresas conozcan este proyecto.
La idea de la Dinae es que las empresas puedan publicar las vacantes de puestos laborales que tienen y que puedan buscar en la plataforma determinados perfiles. Además, la intención es que haya una conexión con el sistema educativo, para que esa información se cargue de forma automática en el sistema y quede validada.
La nueva plataforma no implica que las instituciones vuelquen más recursos a los programas laborales, sino centralizarse en este portal. “En vez de que cada uno tenga su propia planilla Excel, trabajamos en un único Excel todos juntos y contribuimos en generar eso”, explicó el director.
Una ley “subutilizada”
Una tarea habitual para Pérez es presentar ante las empresas la Ley de Promoción del Empleo, a través de la cual el Estado subsidia la contratación de trabajadores jóvenes (de entre 15 y 29 años, que llevan más de 12 meses desempleados o que están bajo la línea de la pobreza), a mayores de 45 años (con más de 12 meses desempleados o de hogares pobres) y a personas con discapacidad. También pueden acceder quienes pertenecen a poblaciones vulnerables (trans, expresos, migrantes, entre otros). “Qué bueno que está esto. ¿Cuándo empieza a funcionar?”, es una respuesta que siempre se repite en las rondas de presentación. La ley ya está vigente desde hace dos años.
La cantidad de nuevas contrataciones amparadas el año pasado en esta ley fueron unas 4.500, el mismo número que en 2022. Pérez evalúa la cifra como positiva, aunque todavía “falta” para llegar al nivel que se proponen. Para que más personas sea beneficien, la Dinae impulsa un acuerdo con el Banco de Previsión Social para implementar formalidades de manera automática y así evitar trámites a la empresa que contrata.
Pérez indicó que en la dirección tienen algunas estrategias “de venta” pensadas para que estos planes sean conocidos por más empresas y abarquen a más trabajadores. “En general los organismos públicos no tienen esa mirada de pensar que tenés que difundirlo para que la gente lo use”, comentó. Sin la promoción, la herramienta termina siendo “subutilizada”, sostuvo.
