Los procesos de integración que no toman en cuenta los años, y a veces los siglos de historia previa de una nación y de la región en que tienen lugar, generalmente se enfrentan a escollos que comprometen la independencia de un país, sobre todo cuando este es pequeño; y cuando se ignoran o se soslayan frívolamente esos antecedentes, prefiriendo saltearse los aspectos jurídicos, anteponiendo políticas generalmente flechadas, fuertemente ideologizadas, tratando de tomar atajos en el camino hacia objetivos que, englobando países grandes y fuertemente coactivos con los débiles sin las debidas garantías, se crea la situación de un cardumen en que se entreveran los tiburones con las sardinas, lo que siempre termina siendo fatal para los países frágiles en recursos bélicos, cuya sola arma la constituyen los principios contractuales, los principios jurídicos.
Para quien conoce la historia del Uruguay y de la región estos principios están meridianamente claros; pero pareciera que para quien actualmente gobierna el Uruguay, y sus asesores, ello no es así demostrando desconocer, pues no pensamos que se deba a mala intención sino a ignorancia, el tratamiento de una cuestión tan delicada como lo es el mantenimiento de los equilibrios que se deben cuidar en el día a día, cuando se forma parte de una corporación de estados donde la asimetría pone en relación de dependencia a los países más débiles en relación a los dos más fuertes.
La falta de ética e infantilismo que conlleva el hecho de la suspensión de Paraguay, fundador y miembro de pleno derecho del Mercosur, con la intención de hacer caer en el sillón que ya le estaba reservado de antemano al representante del presidente Chávez, puede estar en conexión con la falta de escrúpulos de la presidenta argentina o con la ignorancia geopolítica y vocación de servicio del presidente uruguayo; pero nos parecía más difícil —sería inédito— que la presidenta del Brasil tomara una medida contradictoria con Itamaratí.
Es más fácil de creer que dicho Instituto, señero en la política de Estado brasileña, con tradición desde la época del Imperio, no vea con malos ojos, sino como necesidad estratégica, el paso de indignidad que se ha asumido; para el Brasil, Venezuela, con su imperio petrolero, es una piedra en el zapato que conviene mantener controlada.
Las relaciones de acercamiento con Irán, iniciadas por Brasil hace algunos años, han sido continuadas y tenido gran empuje en la política que el presidente Hugo Chávez ha llevado adelante, de una manera tan incisiva que sin duda afecta al contexto geopolítico de toda América del Sur.
La relación que Chávez ha diseñado parece no quedar solo en el marco de los intereses corporativos dentro de los países asociados en el pool petrolero, o en el simple comercio, sino que también ha insinuado una posible alianza que puede llegar hasta lo militar, lo que involucra también a sus vecinos americanos del sur; sobre todo cuando Irán instala en Venezuela una fábrica de aviones que desequilibra las estrategias continentales.
El peligro que esto implica, ¿es lo que posiblemente motive a Itamaratí a saltarse todas las normas jurídicas?; ¿es para Itamaratí, un peligro acicateado por la situación creada por la salud del presidente Chávez la posibilidad de su muerte y la situación crítica que podría acarrear la sucesión en el gobierno?
Esto es lo que provocaría que Brasil fuerce perentoriamente la entrada de Venezuela en el Mercosur para controlar la peligrosa y errática política aplicada por Chávez, que sin duda afecta no solo a la geopolítica regional, sino, sobre todo, a la posición hegemónica del Brasil, al que le urgiría tener a Chávez controlado y, en lo posible, bajo su hegemonía.
Esto explicaría la seguridad y la rapidez con que la presidenta Dilma Rousseff pidió la suspensión de Paraguay, para remover el obstáculo que se opone a la integración de Venezuela, aplicando una medida diseñada por Itamaratí; esto explicaría la seguridad y empuje de la presidenta de Brasil, arremetiendo contra todos los obstáculos jurídicos, privilegiando la política corporativa de bloque.
La sospecha de que tras de todo estaba Itamaratí se ahondaba más cuando el 12 de julio (Agencia EFE-Brasilia), el canciller Antonio Patriota insistía en que si fue suspendido Paraguay en el Mercosur y la Unasur, la OEA debía también suspenderlo, a pesar de los países que rechazan la medida, incluyendo al propio secretario de la OEA, don José Miguel Insulza.
Hasta aquí las interpretaciones que podíamos elucubrar, hasta que nos sorprendieron voces de disconformidad provenientes de Brasil; en primer lugar la del ex presidente de ese país Fernando Henrique Cardoso, del PSDB; la de la poderosa Federación Industrial del Estado de San Pablo; cierto malestar en las Fuerzas Armadas; la de Itamaratí, al anunciarse la próxima renuncia a que parece que va a ser obligado el canciller Antonio Patriota y su sustitución por un diplomático de gran experiencia como Celso Amorim; lo que muestra el apresuramiento y lo irracional de las medidas apañadas por la presidenta Dilma Rousseff y lo resuelto por Unasur; por lo menos en lo que a la postura de sectores de peso en Brasil se refiere.
Hasta ahora estos son los elementos que nos van llegando; falta sopesar el disparatado salto de dependencia de los pactos y acuerdos jurídicos, a la discrecionalidad de lo político, hecho gravísimo, que envuelve a esta crisis mercosuriana, postura curiosamente promovida y defendida por el presidente de una pequeña nación, José Mujica, quien sin duda por falta de buen asesoramiento o falta de estudio, o desconocimiento de la historia de la región, cayó en inexcusable error.
Esta arremetida contra la legalidad contó con su anuencia, unido a la presidenta de Argentina, la Dra. Cristina Fernández, cuyas acciones gubernativas y su estilo por demás emotivo está caracterizado por el poco respeto a la Constitución y a la legalidad, destituyendo fiscales y jueces en salvaguarda de la posible condena por cohecho de su vicepresidente, falseando la documentación estadística, haciendo de la agrupación que lidera su hijo con sus amigos, “la Cámpora”, una verdadera agencia de cargos privilegiados donde campea el nepotismo.
Si en Paraguay existe corrupción, la Argentina no le va en zaga, y en el Brasil y en el Uruguay, aunque inteligentemente camuflada, la epidemia concusionaria se enquista en las penumbras.
Por otra parte, la política del presidente Hugo Chávez a lo largo de este proceso de integración se ha caracterizado por un estilo sembrado de groseras injerencias, entre las que se cuentan el acicateo de las diferencias boliviano-paraguayas, la realización de un mitin contra el imperialismo en la cancha de River, animado por el presidente Néstor Kirchner para desestabilizar al gobierno del presidente Tabaré Vázquez, en momentos en que el gobierno argentino mantenía bloqueados los puentes y en el que el presidente Lula Da Silva del Brasil, ante el reclamo del gobierno uruguayo de que se estaba violando el Tratado de Asunción, se hacía el distraído y miraba para otro lado.
Es bueno recordar los hechos del pasado, pues parece que el presidente Mujica y su canciller no los recuerdan, lo que hace más triste el papel que en esta crisis representa Uruguay, admitiendo acuerdos serviles signados por la ignorancia en la geopolítica de la región, que traen al Uruguay migajas con la eliminación de algunas trabas en nuestras exportaciones y el petróleo venezolano, todo a costa de nuestra dignidad; debe recordarse la resistencia de José Artigas al chantaje, cuando expresaba: “No venderé el rico patrimonio de los Orientales al vil precio de la necesidad”; era el exacerbado sentimiento del honor, sobreponiéndose a todo intento de soborno.
Al presidente José Mujica le cabe la enorme responsabilidad de dejar de lado la política de equilibrios, sustentada en el derecho internacional, asumida por los sucesivos gobiernos orientales luego de la guerra contra el Paraguay, lo que constituía y constituye, sin duda, una forma de supervivencia y de generación del respeto internacional.
Parece que este gobierno ignora la trabajosa construcción diplomática montada por el canciller del presidente Bernardo P. Berro, el Dr. Juan José de Herrera en 1863, promoviendo un tratado ofensivo-defensivo entre Uruguay y Paraguay, en ocasión del peligro de la triple alianza que ya se avistaba en el horizonte y comenzaba a concretarse con la invasión de Flores aliado al presidente argentino Bartolomé Mitre y al emperador del Brasil Pedro II; momentos en que llegó a ser noticia de la prensa de la época, entre otras posibles medidas, la desaparición del Uruguay, determinando el Río Negro como la nueva frontera entre Argentina y Brasil, amenaza que no llegó a concretarse porque hubiera sido una violación grosera al derecho internacional; precisamente lo que nos salvaba de la ignominia era fundamentalmente la aplicación de un hecho jurídico y no político.
Al dejar de lado el derecho internacional y optar por una política fementidamente izquierdista, que disfraza al pool de intereses de países poderosos, la independencia de la República Oriental queda expuesta al arbitrio de los países limítrofes, y también de los otros de la Unasur.
No desearía, por el bien de los orientales, que el señor presidente José Mujica sea recordado por la historia como el Venancio Flores del siglo XXI.
Prof. Mag. Mario Dotta Ostria
