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Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, creó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y puso en práctica una serie de programas para la atención de los sectores más pobres, se instaló un debate entre el oficialismo y la oposición en torno a cómo se controlaban las contraprestaciones que los beneficiarios deben cumplir para recibir dinero o participar de distintas iniciativas impulsadas por el Estado.
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En los últimos meses el tema volvió a ser parte de la discusión. El presidente José Mujica afirmó a comienzos de noviembre que se debe mantener el gasto social pero que hay que “apretar en las contrapartidas exigibles mínimas. ¿Por qué? Por el respeto que merecen los recursos públicos que suda la gente”.
De 32 programas que lleva adelante el Mides para la atención de personas en situación vulnerable, en 24 de ellos se exigen contrapartidas, es decir que existen condiciones que la persona o el hogar debe cumplir para seguir recibiendo el beneficio o participar de una actividad.
Entre esas contrapartidas figura la asistencia a actividades de capacitación, la concurrencia regular a la escuela o liceo, la devolución del dinero recibido cuando se les otorgó un préstamo para un emprendimiento productivo, la participación en las experiencias laborales transitorias de las que son parte.
La información es parte de un documento que el Mides entregó a los integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo Social de Diputados luego de comparecer el jueves 13 ante los legisladores. Durante la sesión, el control de las contrapartidas fue uno de los temas centrales de la discusión.
En el documento se describen los objetivos de 32 programas divididos en cinco grandes temas: “sociolaborales”, “socioeducativos”, “situaciones de especial vulneración de derechos”, “otros programas” y “programas prioritarios”.
En el área sociolaboral hay siete programas y solo uno carece de condiciones de permanencia. Es el caso de “Uruguay Clasifica”, destinado a personas que se dedican a la clasificación informal de residuos.
En los otros programas, como las cooperativas sociales, de primera experiencia laboral, de emprendimientos productivos o de trabajo transitorio, las contrapartidas apuntan a que las personas participen en jornadas de capacitación, devuelvan el dinero recibido para poner en marcha un emprendimiento o no falten a los trabajos transitorios.
En el grupo de los socioeducativos hay también siete iniciativas. Solo en el Programa Maestros Comunitarios no existen contrapartidas. Este es para niños con dificultades de aprendizaje que concurren a escuelas de contexto desfavorable. En el resto de los programas de esta área la condición básica para seguir siendo parte es que los niños y adolescentes concurran a clase.
Dentro del área de situaciones de especial vulneración de derechos hay 10 programas, y en cinco de ellos no se exigen contrapartidas. Se trata de planes vinculados a personas con discapacidades, asistencia a la vejez, a mujeres víctimas de violencia de género y a la gestión de trámites como obtener la cédula de identidad.
En los otros programas se atiende a personas en situación de calle, mujeres embarazadas o un centro de rehabilitación para personas ciegas o con baja visión. Dentro de este grupo está la Tarjeta Uruguay Social, por la que cada hogar puede comprar determinados productos en comercios adheridos. En este caso, quienes reciben esta tarjeta deben cumplir con los mismos requisitos que se exigen para cobrar la asignación familiar: que los menores de edad asistan a la escuela o educación secundaria y tengan controles periódicos de su estado de salud.
Dentro del área “otros programas”, hay cinco iniciativas y una de ellas no demanda contrapartidas; es la que está destinada a niños entre 6 y 12 años que son parte de un planteamiento sobre educación musical. El resto de los programas están vinculados con el fortalecimiento de las trabajadoras domésticas, capacitación en “asociativismo”, apoyo a mujeres con VIH. En todos los casos, la contraprestación fundamental es asistir a los cursos de capacitación y talleres.
Por último se detallan tres planes vinculados a los temas de infancia, adolescencia y juventud. En estos casos hay distintas “condiciones de permanencia” que dependen de los acuerdos con las familias, explica el Mides en el trabajo.
Control.
En el documento del Ministerio no se detalla lo que ocurre con las asignaciones familiares que son pagadas por el Banco de Previsión Social. Para recibir este dinero, las familias se comprometen a enviar a los hijos a la escuela o al liceo y atender su salud.
Durante la sesión de la comisión de Diputados, Analía Piñeyrúa (Partido Nacional) señaló que el “control de las prestaciones ha sido un problema recurrente” y se refirió en especial al caso de las asignaciones familiares. “A diferencia de lo que sostiene el ministro, creo que el tema de controlar la asistencia al sistema educativo y al control de la salud, que establece la ley de creación de las asignaciones familiares como una condición, no es un elemento educativo, no represivo. Creo que es un recurso indispensable y quien no lo cumple debe perder el beneficio. La falta de control en este extremo ha hecho que, seguramente, haya muchas asignaciones familiares que se estén pagando en este momento a personas que no cumplen con este requisito”, dijo.
Olesker, en tanto, explicó que “un sistema de contrapartidas requiere un alto sistema de información”. Afirmó que las contrapartidas no son un “patrimonio frentista”, ya que en una ley de 1943 de las asignaciones familiares estaban incluidas. “El nivel de contralor siempre ha sido muy rudimentario, pero no por voluntad de las instituciones sino básicamente porque ha sido manual y ha requerido un esfuerzo militante de maestros y padres”, dijo.
El ministro anunció en comisión que ya tiene pronto el sistema para dejar de hacer el trabajo manual a partir del año próximo. “Sería la primera vez en el país que habría control de contraprestaciones, en este caso de asistencia educativa, a partir de un mecanismo informático”, dijo. En tal sentido, anunció que se realizarán a partir de 2013 tres controles: “El primero, contra el cierre de la matrícula en abril; el segundo, contra la asistencia hasta las vacaciones de julio, en el mes de agosto, y uno al final del cierre lectivo, en marzo del año siguiente”.
