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A fines de abril, en la sala de conferencia del Ministerio de Economía (MEF), fueron presentadas las conclusiones de una consultoría contratada por el gobierno que evaluó dos programas de asistencia técnica con el Banco Mundial (BM) para modernizar 13 áreas estatales. A la reunión, encabezada por el titular de esa secretaría de Estado, Danilo Astori, asistió un pequeño grupo de funcionarios vinculados al tema y representantes de organismos internacionales. No se invitó a la prensa.
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Luego el MEF difundió en su sitio web el power point de la exposición hecha por la consultora Luciana López Acosta e imágenes en video de la charla. Para la cartera, el documento completo de la consultoría tiene carácter “reservado y confidencial”, según la respuesta que dio a Búsqueda el martes 4 ante un pedido al amparo de la ley de acceso a la información pública.En los artículos ocho y nueve de esa norma se establecen como excepciones a la obligación de entregar datos solicitados al Estado, aquellos que revistan tal carácter porque su difusión pueda “comprometer la seguridad pública o la defensa nacional”; “menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales (…)”; “dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”; “poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona”; “suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción”; o “desproteger descubrimientos científicos” o similares. La respuesta denegatoria del MEF no detalló cuál de esos riesgos visualiza para declarar la consultoría como confidencial.
En el power point presentado el 27 de abril López Acosta destacó que desde la primera administración de Tabaré Vázquez se emprendieron “reformas que han ido cambiando la estructura institucional y organizacional del Estado” con el objetivo de mejorar su desempeño. Evaluó que los indicadores de resultados en cuanto a cambios de diseño y gestión de metodologías se cumplieron parcialmente (69%) y que se llegó a 100% en el caso de la meta de profundización del gobierno electrónico, con 146 agencias conectadas. También hubo una implementación total en cuanto al objetivo de que las entidades responsables de las iniciativas de reforma de políticas referidas a los impuestos, al mercado de capitales, a la protección social y a la regulación sobre quiebra empresarial, contaran con las herramientas técnicas necesarias para ejecutar las mismas, observó.
Los organismos beneficiados por estos programas —en ejecución desde 2007— fueron la Dirección Nacional de Aduanas, el Área de Gestión y Evaluación del Estado, la Agencia de Gobierno Electrónico, la Agencia de Compras Estatales, la Unidad Centralizada de Adquisiciones del MEF, la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco Central, la Auditoría Interna de la Nación (AIN), el Poder Judicial, la Dirección General Impositiva y el Instituto Nacional de Estadística.
Inicio lento y compromiso.
Respecto a Aduanas, la consultora evaluó que se lograron reformas en el área de recursos humanos vinculadas con la política de ingresos y egresos de funcionarios, y con el sistema de incentivos. “Los tiempos políticos que requirió el proceso de modernización” de ese organismo condujeron a reducir la participación del BM como instrumento de financiamiento, agregó. A pesar de ello, la Aduana continuó avanzado hacia una gestión por resultados, puntualizó.
También destacó el Sistema de Información Integrada del Área Social implantado en 21 organismos como un “instrumento central” para el diseño y evaluación de políticas de asistencia. Y respecto al BPS destacó, entre otros avances, el sistema de selección y seguimiento de casos, que permitió aumentar de 60% a 90% la efectividad de la detección de irregularidades.
López Acosta mencionó la mejora del registro y difusión de la información financiera de las empresas, la creación de una Central de Balances Electrónica y la adecuación de normativa internacional financiera al ámbito local —liderados por la AIN— como acciones para promover la inversión privada y mejorar el gobierno corporativo.
A su vez, sostuvo que hubo una mejora en el marco legal frente a situación de empresas en crisis —con la ley de concurso y reorganización votada en 2008— que redujo los tiempos en los procesos y por tanto en sus costos, aunque aclaró que no se dispone de evidencia al respecto.
La consultora mencionó que otro componente de estos programas respaldó varias estrategias de modernización con acciones específicas como, por ejemplo, la evaluación del impacto fiscal de las reformas en la salud pública, y el apoyo al seguimiento del Fondo Nacional de Vivienda y para el diagnóstico del sistema de pasividades de las Fuerzas Armadas (caja militar).
Por otro lado, López Acosta juzgó como “satisfactorio” el desempeño del BM como prestamista —US$ 22,1 millones— y también del gobierno en su calidad de prestatario. En el sector público uruguayo constató un “gran compromiso” con estos procesos de modernización” en todo el período de ejecución, si bien su inicio fue “más lento de lo esperado”, algo “propio de los procesos de fortalecimiento institucional y cambios organizativos”.
“Hay una convergencia muy importante entre un proceso de este tipo y lo que solemos llamar en la práctica la reforma del Estado”, afirmó Astori durante la reunión en la sede ministerial, según el comunicado.
La representante en Uruguay del BM, Matilde Bordón, opinó que a pesar del importante número de instituciones involucradas, el programa “ha podido ser exitoso”, según la transcripción oficial. Ese organismo elabora su propio informe sobre la asistencia a la modernización estatal en Uruguay.
