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    El Ministerio de Economía quiere saber más sobre los sectores de ingresos altos para poder definir medidas de política tributaria

    En los últimos años, muchas familias vieron cómo sus gastos en clubes deportivos y colegios, así como la compra de automóviles e inmuebles, empezaron a ser recabados por la Dirección General Impositiva (DGI). También los saldos anuales con montos elevados en las cuentas bancarias serán conocidos por la oficina recaudadora, como otra herramienta de control sobre el pago de tributos que se suma a los cambios que trajo la polémica “inclusión financiera” impulsada desde el gobierno. Algunos sienten que su intimidad está siendo invadida.

    Por otro lado, en años recientes se publicaron investigaciones académicas según las cuales, por ejemplo, el 1% de la población más “rica” acumula 14% de los ingresos totales, a la vez que estimaron una probabilidad muy alta (80%) de que esos sectores socioeconómicos mantengan su estatus.

    Pero el gobierno entiende que la información existente sobre los “ricos” es insuficiente. “(…) Más allá de los libros de (Thomas) Piketty, el tema de analizar y estudiar en detalle la composición de las altas rentas en una sociedad es absolutamente fundamental. Y ahí también vemos en muchos casos una gran asimetría: de aquellos más humildes, que tienen menos oportunidades en la vida, sabemos todo, absolutamente todo. Y de aquellos que tienen más y que podrían contribuir más, a mayores niveles de equidad y de desarrollo, sabemos poco. Y probablemente sepamos menos que algunas décadas atrás; la movilidad del capital, la economía digital, muchas veces colaboran con que sepamos menos que hace algunas décadas. Por eso los aspectos de fiscalidad internacional (…) son un elemento central a la hora de poder contar con mayor información sobre cuál es la renta y el patrimonio de aquellos sectores de altas rentas y altos patrimonios. Antes de tomar alguna decisión lo fundamental es saber de qué estamos hablando”, reflexionó el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Su intervención se produjo el martes 25, en el marco de un evento efectuado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo en donde se presentó el libro Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina. Fue publicado en abril por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y, según explicó uno de sus editores en la actividad, se trata de una síntesis de investigaciones anteriores, “actualizaciones” de algunas y anticipos de otras.

    En Uruguay se publicaron algunos “buenos trabajos” en este campo, opinó, pero acotó que cree “firmemente” que disponer de mayor información sobre esos sectores “es un debe importante” en América Latina, acotó el jerarca.

    En la publicación se señala que la eficiencia de la política fiscal en la reducción de la desigualdad fue disímil por países. Se destacan Argentina, Brasil y Uruguay, donde los impuestos sobre la renta personal, las contribuciones a la seguridad social y las transferencias públicas en efectivo (incluidas las jubilaciones y pensiones) redujeron en torno a 13%, en promedio, la inequidad medida por el coeficiente de Gini.

    Los países que más recaudan por gravámenes a la renta personal “apenas llegan a 2,6%” del Producto Bruto Interno, como es el caso de Uruguay y México. Como excepción en la región, en esas dos economías las empresas enfrentan una carga tributaria similar a la de los individuos, según un capítulo del libro que adelanta otro sobre los sistemas fiscales en América Latina que será publicado próximamente por el Instituto de Estudios Fiscales de España.

    Las simulaciones de posibles reformas del impuesto sobre la renta personal incluidas en el libro de la Cepal evidencian que en la región existe espacio para ampliar su poder redistributivo. Los autores señalan la importancia de promover la adopción de medidas contra la evasión y elusión fiscal, así como de otorgar a las rentas de capital un trato similar al aplicado a las provenientes del trabajo. Opinan, además, que sería importante reducir los tratamientos preferenciales y bajar el monto a partir del cual se aplican las tasas máximas, en concordancia con los rangos establecidos para el impuesto en otras regiones.

    En su intervención, Ferreri evaluó que “no es poco” lo que han hecho los países de América Latina para mejorar la equidad social por la vía de los impuestos, si bien señaló que enfrentan algunos desafíos que estaban planeados también 40 o 50 años atrás. Como avances, destacó el aumento de la carga tributaria sobre las rentas y la capacidad de las administraciones tributarias para recaudar.

    Hablando también como comentarista en la presentación del libro, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, sostuvo que hay una “discusión bastante mal dada” acerca de los tributos que recaen sobre las personas físicas y jurídicas. Sobre los gravámenes al patrimonio, dijo que son una “pequeña tortura” para quien los recauda.

    Menos evasión

    Ferreri se refirió también a temas tributarios cuando compareció el jueves 20 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, para explicar el alcance de algunos artículos del proyecto de Rendición de Cuentas.

    Allí manejó estimaciones de la DGI según las cuales la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó desde 40% hace algunos años a entre 10% y 12% de la recaudación potencial en la actualidad, mientras que en el caso del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) se pasó de 80% a cerca de 30%. La anterior estimación conocida para el IRAE era una tasa de 44,7% (Búsqueda Nº 1.894).

    La diferencia de magnitudes en la evasión de uno y otro tributo “es una regla que se da a escala internacional: por cada peso que se evade de IVA, en general se evaden $ 3 del impuesto a la renta corporativa. Esto tiene que ver simplemente con la mecánica de liquidación de los impuestos”, explicó.

    Según el jerarca, en materia de combate a la evasión “se ha avanzado muchísimo”. Admitió que los “márgenes para bajarla son cada vez más apretados y la línea tiene que ver con continuar la profesionalización y la utilización de tecnología de punta, que es lo que ha venido haciendo la DGI en los últimos años”.

    En el proyecto de Rendición de Cuentas se propone establecer como circunstancia agravante especial de defraudación tributaria el uso de facturas apócrifas. “El delito es mucho más grave cuando, además, se apoya en documentación falsa, porque al fisco le cuesta mucho más llegar a conocer el fraude”, explicó Natalia Acosta, asesora ministerial. El subsecretario de Economía dijo que eso se entendió necesario luego que en “una de las defraudaciones más importantes de la historia, de miles de millones de pesos”, sucedió “algo un tanto incomprensible, ya que no hubo procesados con prisión por este delito”.

    Economía
    2017-07-27T00:00:00

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