El Ministerio de Educación pedirá al IMPO que investigue una posible irregularidad en el cobro de servicios a otros organismos

El funcionamiento era el siguiente: los organismos le solicitaban al IMPO los productos requeridos y este se encargaba de pedir y seleccionar presupuestos a privados. Algunas de las solicitudes implicaban además trabajos de diseño y edición —entre otras tareas— de sus propios funcionarios.

La presunta irregularidad e ilicitud la detectó en una serie de facturas y documentos que adjuntó al planteo. En esos casos observó que el IMPO le estaba cobrando a los organismos 5% más, al margen del porcentaje establecido en los convenios.

La situación se observa en documentos y facturas referidas a una lona para exteriores solicitada por el Ministerio de Educación y Cultura, en unos afiches para becas para la misma cartera, en unos catálogos de exposición para la Dirección de Cultura, y en unos librillos para el Ministerio de Salud Pública (MSP). El último es el ejemplo más abultado. El presupuesto de la imprenta era de $ 250.000 y el IMPO le cotizó al MSP $ 315.000.

Más allá de los casos puntuales a los que tuvo acceso, el diputado entiende que el cobro de ese 5% pasó a ser una práctica frecuente del IMPO y que no había un “conocimiento aparente de sus contrapartes”. Como mínimo, considera que esa situación constituye “una violación flagrante” a los convenios firmados que ponían un tope de 20%.

En el documento que presentó al MEC, Lereté sostiene que ese 5% adicional “se destinó” a solventar una partida única en efectivo para los funcionarios que se denominó “gratificación extraordinaria”. Detalla que el monto —que se distribuye mediante un sistema de puntajes— en 2018 alcanzó los $ 4.822.928.

Sin embargo, el funcionamiento del sistema de “gratificación extraordinaria” difiere de lo expuesto por Lereté. Las partidas se solventan con el 5% de la facturación total del rubro “otros servicios no monopólicos”, y eso excede el alcance de los convenios a los que se refiere el legislador.

El ministro Da Silveira expresó su “preocupación” por la situación informada por Lereté. El jerarca explicó que, por tratarse de una “persona pública no estatal” no pueden “imponerle” decisiones al IMPO. Por eso, el camino en una primera etapa es el de “recomendarle” a sus autoridades que abran una investigación. Desde el ministerio, la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales será la encargada de darle seguimiento al tema.

“Jamás una observación”.

El exdirector del IMPO, Gonzalo Reboledo, explica que el rubro “otros servicios no monopólicos” surgió de la necesidad de buscar alternativas de financiamiento ante la caída de ventas del Diario Oficial, que era el principal sostén del organismo. En esa línea, fue que instalaron la pantalla, comenzaron a vender bases de datos a las intendencias y a otros organismos, desarrollaron la librería digital y empezaron a suscribir los convenios que ahora son objeto de la advertencia del diputado Lereté.

En términos generales, Reboledo defiende esa dinámica de trabajo porque la considera un mecanismo eficiente. Dice que el IMPO tiene “expertise” en el sector de las imprentas, lo que garantiza un mejor resultado en las licitaciones. A su vez, en algunos casos implica costos menores. Según explica, los organismos públicos suelen pagar a 60, 90 o 120 días, y los presupuestos de las imprentas se incrementan en la medida en que los plazos se extienden. El IMPO, en cambio, puede pagar los trabajos al contado y eso disminuye costos.

Para cerrar su defensa, recuerda que se trata de un servicio “no monopólico”. Eso significa que si el trabajo del IMPO no es eficiente sus contrapartes pueden buscar otro proveedor.

Sobre el documento de Lereté, Reboledo considera que contiene varios errores. El más grueso, en su opinión, es la interpretación de que existe un vínculo con el sistema de “gratificación extraordinaria”.

“Esas dos cosas no se asocian de ninguna forma”, dice, y recuerda que ese sistema de retribución especial a los funcionarios se solventa con el 5% del total facturado por el rubro “otros servicios no monopólicos”. Eso incluye los ingresos derivados de la pantalla, las bases de datos, la librería digital, los convenios y otros.

El segundo error señalado por Reboledo es más sutil y radica en la interpretación del cuarto punto de los convenios, el que establece el tope del 20% adicional al costo de los productos. Según dice, el cobro de 5% extra detectado por Lereté en las facturas y documentos internos del IMPO no es adicional a los costos, sino que “forma parte” de ellos. Se trata de servicios de “diseño, edición, impresión de material y utilización de soportes de comunicación y de recursos humanos y técnicos”, que están especificados en el segundo punto de los convenios.

El 5% presente en los ejemplos citados por Lereté, añade, estaba en conocimiento de los organismos contraparte.

Finalmente, advierte que algunos de los documentos en los que se basa el diputado están presentados en versiones “incompletas” y asegura que el ejemplo más abultado, el de los librillos solicitados por el MSP, ni siquiera llegó a concretarse: el ministerio no contrató ese servicio con el IMPO.

“Todo esto fue auditado internamente y por el Tribunal de Cuentas. Jamás tuvimos una observación, ni del Tribunal de Cuentas ni de la auditoría”, concluye.

Reboledo fue propuesto por el Frente Amplio para integrar la Comisión Administradora del Río de la Plata.