El Parlamento ante “profundos” debates sobre “la vida y la muerte”

En todos los casos, el denominador común del debate, según varios legisladores, es: quién está a favor de la vida y quién a favor de la muerte.

El diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) dijo que se están violando los derechos de las personas y que “nadie puede adueñarse del cuerpo de nadie”. “Tengo la convicción de que al menos el 80% de la población no tiene la menor idea de que si se aprueba este proyecto, cuando se muere le van a donar sus órganos; ni que cuando se muera uno de sus familiares y vaya a buscar el cadáver para hacer el velorio, se va a encontrar con un señor que le diga: ‘no le damos nada porque antes le vamos a sacar todo’”.

A pesar de esto, Orrico votó el proyecto por disciplina partidaria.

Varios diputados del Partido Nacional decidieron no acompañar la sanción de la norma. Javier García (Alianza Nacional) planteó que la propuesta es “contraproducente e ineficaz”. Además añadió que “la donación de órganos es el acto de solidaridad más grande y si esto es impuesto por ley, es un profundo error”.

La defensa más fuerte que recibió el proyecto provino del diputado del Frente Amplio Doreen Ibarra. Su discurso emocionó a varios de los presentes, al punto que la Cámara de Diputados quedó en un total silencio mientras hablaba. El legislador venía del Hospital Italiano donde su hijo fue intervenido para recibir un trasplante, que no resultó del todo exitoso.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Ibarra dijo: “No sé qué va a pasar con mi hijo; biopsia hoy, ecodoppler, examen de sangre. Se verá qué pasa. Pero más allá de eso, quiero decir que es necesario tener en cuenta la vida de todos, y sobre todo de las niñas y niños que en este momento están expectantes para conseguir un órgano que sea trasplantado en su cuerpecito”. El diputado expresó que el proyecto “es solidario” y “es por la vida”.

El diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional) aprovechó la discusión para adelantar su voto negativo al proyecto que despenaliza el aborto y que será votado el martes 25 de este mes. “Acá se trata de la vida y de la muerte” y con la ley de órganos se está “apostando a la vida”, dijo. “Por la misma razón —añadió— dentro de muy poco voy a votar en contra del aborto. Creo que el aborto no es apostar por la vida, sino por la muerte”.

De probeta.

El tercer proyecto en discusión está vinculado a las técnicas de reproducción asistida. Pretende regular el mercado, dar garantías a los pacientes y facilitar su acceso frente al alto costo que tiene. En las clínicas privadas uruguayas el costo del servicio ronda los U$S 6.500 por intento.

El texto fue aprobado en Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y los legisladores prevén ingresarlo al Plenario antes de fin de año. Sin embargo, integrantes de todos los partidos dijeron a Búsqueda que hay “muchas dudas” por “la importancia de la iniciativa, los valores que alcanza, y el debate ético que desata”. Por eso reenviaron el texto a las bancadas partidarias para un nuevo estudio.

El presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Daniel Radío, dijo a Búsqueda que uno de los puntos más discutidos es el derecho que tiene el niño de conocer sus orígenes. Al respecto, la propuesta de ley establece que se mantendrá el anonimato del donante.

El Ministerio de Salud Pública envió al Parlamento un documento con críticas al proyecto. Pidió que se cambie el articulado y propuso la creación de un registro nacional de donantes que dependa del Instituto Nacional de Órganos y Tejidos. A su vez planteó que la futura ley deje explícito que la fecundación por técnicas de reproducción asistida no genera “derechos hereditarios, pensionarios y de ninguna otra naturaleza” entre el donante y los hijos nacidos.

Según el proyecto, las personas que serán inseminadas tienen derecho a recibir información general sobre “el fenotipo a recibir”. Esto permite conocer características físicas y de conducta del futuro niño: se pueden conocer el color de piel y de ojos, entre otras cosas.

El texto no establece requerimiento alguno relacionado con el estado civil de la receptora ni la existencia de una relación de pareja. Solo se necesita la voluntad de la mujer, y el financiamiento correrá por cuenta del Estado.

Para Radío, la normativa tiene “un efecto secundario claramente discriminatorio”, porque una pareja de mujeres podría solicitar la inseminación y lograr tener su hijo, cosa que es imposible para una pareja constituida por hombres. Esto ocurre porque el proyecto prohíbe de forma indirecta el alquiler de vientres cuando establece que la madre es la persona que parirá al niño.