En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió un comunicado para expresar su “preocupación” por la decisión adoptada en diciembre por el Poder Legislativo de prorrogar, por un año, la entrada en vigencia de la ley que regula el uso de los viáticos a funcionarios públicos.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La Jutep reclamó que el sistema de control del uso de los viáticos se comience a aplicar antes del 1º de enero de 2021 ya que la “transparencia” y “control estricto de los gastos es mayor” cuando la “situación del país exige ser especialmente cuidadosos en el manejo de las finanzas públicas”.
En julio de 2019, el Parlamento aprobó la Ley 19.771. Pero el 18 de diciembre pasado, en un rápido tratamiento, el Senado primero y Diputados después, votaron el proyecto prorrogando hasta enero de 2021 la entrada en vigencia de esa norma.
El proyecto que plantea la prórroga pasó por las dos cámaras sin debate. En el Senado, Juan Castillo (Frente Amplio) explicó en la sala que luego de hablar con integrantes del gobierno se llegó a la conclusión de que es necesario postergar la entrada en vigencia de la ley, ya que no están las “reglamentaciones del caso para ver cómo se lleva adelante la rendición de los viáticos”.
Luego, en Diputados, el texto fue aprobado sin ningún comentario de los legisladores.
La Jutep analizó la decisión del Parlamento y manifestó su preocupación por la demora en la aplicación de la ley.
“Es muy importante que el sistema político asuma la necesidad de dar una respuesta clara, corrigiendo las diversas situaciones que generan dudas sobre el adecuado manejo de los fondos públicos”, expresó la Jutep en el comunicado publicado ayer miércoles 15.
El organismo basó este comentario en la exposición de motivos del proyecto original presentado en diciembre de 2017 donde se afirmó que la actividad política debe “dar claras señales de transparencia” en la toma de decisiones y en el uso “adecuado de los recursos públicos y la rendición de los mismos a toda la sociedad”.
La Jutep recordó que el proyecto fue mejorado en el Parlamento durante dos años al ampliar el universo de aplicación: todos los funcionarios públicos.
Con la ley aprobada, dice el organismo, “se lograría eliminar” la “heterogeneidad y las zonas oscuras actuales y abarcar tanto a viáticos externos como internos”.
Pero la decisión de los legisladores el 18 de diciembre “no parece aportar a los propósitos expuestos en la exposición de motivos del proyecto original”, dice la Jutep.
Los directores de la Junta señalaron que de la documentación analizada “no surgen” los fundamentos para “establecer un plazo tan prolongado” para la entrada en vigencia de la ley. Además, recuerdan que el 15 de octubre de 2019, la Contaduría General de la Nación (CGN) publicó los instructivos que reglamentan la ley para los funcionarios del Poder Ejecutivo. Días después de su aprobación, la CGN publicó dos resoluciones con “adendas” a los instructivos: en ambos casos añadió que serán aplicados a partir del 1º de enero del 2020. Como fundamento, cita el artículo 7 de la ley, que establece que “en el plazo de seis meses a partir de la promulgación” de la norma “todos los organismos, estatales y no estatales alcanzados por la misma deberán adecuar las reglamentaciones o estatutos correspondientes” (Búsqueda Nº. 2.045).
La Jutep opinó que tampoco surge de la documentación analizada que durante el proceso de discusión se haya consultado a los organismos donde se aplicará el nuevo régimen para evaluar las “eventuales dificultades y planificar adecuadamente su efectiva implementación”.
El organismo afirmó que “en momentos en que se requiere la mayor transparencia, la ciudadania podría entender que no existió voluntad de corregir la heterogeneidad, las inequidades y las dudas sobre el adecuado manejo de los fondos públicos señaladas antes y durante el análisis de esta iniciativa y que, por la postergación aprobada, se mantendrán por lo menos hasta enero de 2021”.
“La confianza ciudadana debe ser fortalecida por quienes ejercemos la función pública tomando en cuenta especialmente que existe un seguimiento más atento de las iniciativas promovidas en el marco de procesos electorales”, afirmaron en la declaración Ricardo Gil Iribarne (presidente) y Matilde Rodríguez Larreta (vocal).
Además de expresar su preocupación por esta decisión del Parlamento, la Jutep informó que ya dispuso un sistema “acorde” con las disposiciones establecidas en la ley para el control de los viáticos del organismo.
La Ley 19.771 regula el otorgamiento y uso de los viáticos a funcionarios públicos. Se establece que dentro de los 30 días hábiles siguientes al regreso de la misión, el funcionario debe rendir cuentas de los viáticos utilizados. En caso de no cumplir con este requisito, puede ser sancionado: se le podrá descontar del sueldo a quienes reciban una retribución o si el cargo o función es honorario se informará a las autoridades del organismo para que se adopten las medidas que correspondan. Además, el funcionario que no cumpla con el requisito de rendición de cuentas no podrá ser designado en una nueva misión.
