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    El Partido Colorado hoy es un “cúmulo desordenado de pequeñas aspiraciones personales”, dijo exdiputado Falco al presentar un grupo

    Eran parte del grupo de jóvenes que a comienzos del 2000 Jorge Batlle fue a buscar para que se sumaran a su gobierno. Algunos de ellos ocuparon cargos durante su administración y luego de que el Partido Colorado perdiera el gobierno, se retiraron a la actividad privada.

    Hoy, algunos integrantes de ese grupo conformaron una nueva agrupación dentro del Partido Colorado con una visión “batllista-liberal” de la sociedad.

    La cabeza de ese grupo —Acción y Cambio— es Alejandro Falco, exdiputado quincista y exsubsecretario del Ministerio de Industria, cargo que desempeñó durante la gestión de Batlle. También está Agustín Aguerre, exdirector nacional de Vialidad en el último gobierno colorado. Aguerre es hoy gerente de Infraestructura en el Banco Interamericano de Desarrollo.

    Falco dijo a Búsqueda que el sector tiene una visión “batllista-liberal” que enfrenta el “totalitarismo” y apunta “a la defensa de la dignidad del ser humano frente a las ideologías colectivas”.

    El exlegislador explicó que un “grupo de gente” que hoy está dedicado al sector privado comenzó a reunirse luego de ver que no hay “opciones válidas que representen el sentir de muchos uruguayos”, ya que por un lado “rechazan la actuación y la manera de pensar” de quienes están en el gobierno y a la vez “no se sienten identificados con los líderes de la oposición”.

    “Este grupo comienza a alzar la voz ante decisiones erróneas por parte del gobierno que afectan la vida de los ciudadanos, principalmente en materia económica y en seguridad, así como denunciamos una flagrante pérdida de valores, en especial en los cuadros principales de gobierno”, afirmó Falco.

    Respecto a la situación del Partido Colorado, el exdiputado dijo que está en “enormes dificultades”. El principal problema que observó es que con el anuncio de Pedro Bordaberry de que no será candidato a nada en 2019, el partido “perdió el piso que tenía”.

    “Si bien es cierto que las últimas encuestas marcan un piso muy cercano al que tenía el partido antes de la decisión de Bordaberry, pareciera que ese piso se hundió un poco más con su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones”, explicó.

    Falco opinó que el Partido Colorado pasa por una “crisis de candidatitis, en donde todo gira en relación a quién es el candidato”.

    “No debería ser así, dado que primero debería explicarse a la gente el por qué y para qué el Partido Colorado es una opción. Asimismo, se deberían reforzar los distintos niveles de participación dentro del partido, a efectos de que se presente como una opción valedera. Hoy aparece para el ciudadano común, como un cúmulo desordenado de pequeñas aspiraciones personales”.

    Sin rumbo económico.

    Los temas económicos son la agenda principal en el sector. Falco señaló que el país tiene un déficit fiscal (3,6% del producto) que “va a traer aparejado un aumento de impuestos y un mayor endeudamiento externo”.

    “El gobierno tiene un rumbo económico contradictorio o simplemente, no tiene rumbo económico”, dijo.

    Afirmó que por un lado se “mete mano” en la economía con “decisiones erróneas y anticonstitucionales: por ejemplo, gravar doblemente a los retirados militares, dado que es fácil y no cuentan con los elementos para defenderse, salvo juicios de inconstitucionalidad, largos y costosos. A su vez, se mantienen impuestos retrógrados como el impuesto al patrimonio, que grava doblemente los activos de los ciudadanos”.

    “En el área rural, este impuesto se reimplanta luego de haber sido derogado bajo el gobierno del doctor Batlle, en condiciones económicas mucho peores”, recordó Falco.

    Señaló que el costo del gasoil afecta a los productores. “Ancap lo importa a $ 17 desde Estonia y con todos los costos internos queda a $ 24 y el precio al público es muchísimo más alto”, dijo. A esto sumó el “aumento de los empleados públicos” y el “atraso cambiario”.

    Falco también dijo que se oponen a la ley de inclusión financiera ya que “es una limitación grosera de la libertad del individuo. Es improcedente el argumento del gobierno en relación de que se implementó para ‘combatir la asimetría de poder entre empresarios y trabajadores’ en el exclusivo caso del pago del salario. La norma abarca muchos casos y a esos apuntamos”.