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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáCarta de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente a la opinión pública.
El TIAR. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue firmado en 1947, es un acuerdo de defensa mutua entre los países firmantes. El tratado dispone, entre otras tantas cláusulas, que la defensa común se halla esencialmente ligada a los ideales democráticos y a la voluntad de cooperación para una política de paz. Dicha paz se funda en el reconocimiento de los derechos y las libertades de la persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos y en la efectividad de la democracia.
En el artículo 8 del tratado se establece que en caso de conflicto entre sus miembros se podrían adoptar las siguientes medidas, que van de menor a mayor gravedad:
El retiro de los jefes de misión
La ruptura de las relaciones diplomáticas
La ruptura de las relaciones consulares
La intervención parcial o total de las relaciones económicas
La intervención de las comunicaciones
El empleo de la fuerza armada
En el artículo 20 del tratado se establece que las decisiones que exijan la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo 8 serán obligatorias para todos los Estados, con la sola excepción de que ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento.
Antecedentes históricos. El TIAR fue invocado en múltiples oportunidades desde su entrada en vigor pero nunca fue efectivamente puesto en acción para la defensa mutua.
Durante la guerra de las Malvinas (1982) entre Argentina y el Reino Unido, el TIAR tampoco fue aplicado y los EE.UU. de América privilegiaron su acuerdo de recíproca asistencia con el Reino Unido, miembro de la OTAN. El argumento esgrimido por los EE.UU. fue que el TIAR es un acuerdo defensivo y en este caso el agresor había sido Argentina. Chile y Colombia adhirieron a esta interpretación.
El presidente George W. Bush solicitó la asistencia de México para la proyectada invasión a Irak luego de la agresión sufrida por los Estado Unidos el 11 de setiembre de 2001. El presidente Fox se negó a brindar dicha asistencia y se retiró del TIAR en 2002. En el año 2012 los presidentes del ALBA se retiraron en bloque del tratado.
Por todo ello, se vio afectado el prestigio del TIAR como instrumento de defensa recíproca entre los pueblos de América.
El caso Venezuela. Las elecciones presidenciales de 2018 que proclaman a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela no han sido reconocidas por la mayoría de los países latinoamericanos (y de los partidos políticos uruguayos) por ser manifiestamente ilegítimas. Los graves sucesos que se han desatado en Venezuela bajo la presidencia del dictador han sido públicamente denunciados por la OEA y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La mayoría de los países latinoamericanos, de los cuales Uruguay no forma parte, entiende que esta usurpación de poder en Venezuela por parte de Nicolás Maduro es un peligro para la paz en las Américas. Asimismo, la mayoría de los países latinoamericanos, de la cual Uruguay no forma parte, consideran que el régimen ha incurrido en sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los derechos políticos de sus ciudadanos, en actos groseros de corrupción administrativa, delitos de narcotráfico y lavado de dinero, terrorismo y vinculación con redes del crimen organizado internacional.
La posición de Uruguay. Uruguay se retira del TIAR cuando la reunión de ministros de Relaciones Exteriores acuerda convocar al Consejo Permanente de la OEA para activar el mismo con el fin de tratar el caso de Venezuela. Cabe mencionar que la propuesta fue aprobada por 16 países, con un voto negativo (Uruguay), una abstención (Trinidad y Tobago) y una ausencia (Cuba). El gobierno de Uruguay aduce que no puede permanecer en el acuerdo en virtud de que está a favor del Derecho Internacional y de la paz y en defensa de la institucionalidad internacional y el principio de no intervención.
El Partido Independiente del Uruguay ha sostenido que las relaciones internacionales del Uruguay deben ser guiadas por una política de Estado que recoja nuestras mejores tradiciones diplomáticas y se proyecte hacia el futuro en función de los intereses nacionales de largo plazo. Considera que Uruguay debe apoyar a los organismos internacionales como foros privilegiados para la discusión y las negociaciones multilaterales y promover el irrestricto respeto al Derecho Internacional en la solución de controversias.
No se respeta el Derecho Internacional ni se fortalecen los organismos internacionales retirándose de ellos o abandonando de mal modo las sesiones plenarias. Los tratados que los gobiernos firman forman parte del Derecho Internacional. El TIAR fue ratificado por la Ley N° 11.117, de 3 de setiembre de 1948, por lo que retirarse del mismo ameritaría promover la derogación de la citada ley ante el Poder Legislativo.
Más allá de la debilidad de los argumentos de la Cancillería uruguaya, la lamentable decisión de retirarnos del TIAR nos coloca en la muy indeseable situación de:
Quedar nuevamente aislados del concierto de naciones americanas con tradición democrática y reiteradamente alineados con regímenes que poco o nada tienen que ver con nuestros valores y tradiciones políticas.
Desconocer que la dictadura de Venezuela ha sido responsabilizada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Dra. Michelle Bachelet por la violación de los derechos humanos, por la falla en programas y políticas sociales, el hambre, la falta de asistencia sanitaria, entre otros. Las continuas violaciones, tanto de los derechos civiles como de los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, han llevado a la nación a un estado de emergencia que es negado de manera descarada por sus responsables. El gobierno venezolano, entre enero de 2018 y mayo de 2019, ha llevado a cabo más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales.
Fortalecer en la opinión pública internacional la imagen de que el gobierno de Uruguay desestima tales informes y respalda a esta dictadura que, por añadidura, como consecuencia de su desastroso manejo económico y prácticas de corrupción, ha provocado millones de exiliados.
Dar mérito a la deshonrosa sospecha de que tal actitud obedece a que la caída de la dictadura venezolana desnudaría negocios inconfesables entre los gobiernos de ambos países.
Alegar que la sola referencia al artículo 8 del TIAR es una licencia para promover una invasión militar en Venezuela cuando ningún país ha sugerido esa eventualidad y cuando Uruguay no ha tomado ni una sola de las medidas que, en ese artículo, anteceden a tal disposición.
En consecuencia, resulta vergonzoso que la Cancillería de la República insista en adoptar posiciones irracionales que solo consiguen desprestigiar a nuestro país y aislarlo en un grado tal que no se registraba desde la dictadura militar.
Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente