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La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos aprobó esta semana la Evaluación nacional de riesgos, un documento que identificó diversas vulnerabilidades en el sistema de combate al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Para el secretario nacional antilavado, Jorge Chediak, el texto explicita que Uruguay tiene un buen nivel de cumplimiento cuando se analiza su capacidad de incorporar las recomendaciones internacionales, pero que debe mejorar los resultados de su puesta en práctica.
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El documento fue elaborado por un experto contratado por el gobierno para analizar el estado de situación del combate al lavado en Uruguay, lo que será la base para preparar una nueva estrategia nacional. En el marco de su trabajo, el consultor Alejandro Montesdeoca detectó vulnerabilidades en todos los organismos que participan en ese sistema.
Chediak dijo a Búsqueda que el consultor evaluó de manera muy positiva el nivel de incorporación a la legislación interna de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de su rama latinoamericana (Gafilat). “Somos el mejor de la clase”, sostuvo el jerarca. “Es decir, de los 14 países evaluados en Gafilat en la cuarta ronda (de análisis), somos quienes mejor han cumplido la adaptación de la legislación interna a las recomendaciones internacionales”.
Consultado acerca de la evaluación de los resultados obtenidos a partir de esa legislación incorporada, Chediak reconoció que es uno de los puntos flacos. “En la parte normativa somos el mejor de la clase, en la parte de eficacia, efectividad, aterrizaje, que es donde se va a focalizar la quinta ronda de evaluaciones internacionales, allí hay deberes para hacer”.
El asesor de Chediak, Gustavo Mirsa, dijo a Búsqueda que la nueva estrategia nacional antilavado, que tomará como base la evaluación aprobada y una autoevaluación previa, comenzará a ser trabajada a partir de agosto y prevén que esté pronta antes del cambio de gobierno.
Plan B
Las autoridades, sin embargo, no esperaron a esos documentos para proponer cambios y ajustes a la normativa. En el proyecto de Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo incluyó varios artículos para que las sociedades anónimas deportivas (SAD) sean sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, como sucede con los clubes de fútbol.
La propuesta surgió a pedido de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y, sobre todo, de la Secretaría de Deportes, dijo Chediak.
El proyecto de Rendición de Cuentas también tiene artículos vinculados a la reestructura interna de la Senaclaft que quieren impulsar sus autoridades, pero está lejos de ser el ideal pensado por Chediak y su equipo.
La mayoría de las 28 personas que trabajan en la Senaclaft son pases en comisión y no están presupuestadas. Mirsa dijo que la secretaría había planteado al ministerio que se creara una nueva unidad ejecutora y que incluyera una estructura de funcionarios, pero que en proyecto de rendición quedó la “opción B”: crear 15 cargos propios de la Senaclaft y fijar una compensación económica por especialización.