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Advierten “vulnerabilidades” en todos los organismos públicos encargados de combatir el lavado de activos
Informe preliminar del experto contratado por el gobierno plantea “evaluar exposición al riesgo” de las SAS y analizar la situación de los “criptoactivos”
El narcotráfico sigue siendo “la principal amenaza” para el sistema. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Tiene escasos recursos”. “No cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios”. “Posee escasos recursos humanos y tecnológicos”. “Falta de capacitación específica”. “Ausencia de herramientas tecnológicas”. “Insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos”.
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Las “vulnerabilidades” en los organismos públicos dedicados al combate del lavado de activos abundan, a juzgar por las conclusiones primarias a las que llegó Alejandro Montesdeoca, experto contratado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) para armar un diagnóstico y proponer una nueva Estrategia Nacional de Riesgos.
El análisis está incluido en un documento elaborado por Montesdeoca, al que accedió Búsqueda, que resume las conclusiones de las mesas temáticas en las que participaron diversos actores públicos y privados y el análisis de la información que le proporcionaron los organismos estatales.
Ese documento será la base del informe final que el experto entregará a la Senaclaft en las próximas semanas. La secretaría deberá aprobar ese informe, que será la base de la construcción de la estrategia nacional que sustituya a la aprobada para el período 2017-2020.
Peor
El documento redactado por Montesdeoca advierte que el narcotráfico sigue siendo “la principal amenaza” para el sistema. Acerca de ese delito, añade, “la situación ha empeorado respecto” a la última estrategia nacional. El deterioro se produjo por el aumento del accionar de las “organizaciones delictivas a nivel regional”, describe. Menciona, en particular, el incremento del peso de los grupos criminales en Brasil y en Argentina.
“La implementación de mayores controles en la Triple Frontera ha provocado que la operativa de las organizaciones delictivas se haya desplazado hacia el sur, evidenciándose su presencia en las zonas de frontera del Uruguay con Brasil”, dice.
Montesdeoca estudia la situación de otros delitos, aunque el análisis enfrenta la dificultad de que no hay “un sistema integral de estadísticas adecuado sobre investigaciones, condenas, incautaciones y decomisos”.
El documento dice que el posible delito de defraudación tributaria es el segundo motivo más habitual que dispara reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Sin embargo, ocupa el vigésimo lugar de las estadísticas de imputaciones de la Fiscalía General y solo hay dos casos en investigación policial. “La situación de inestabilidad macroeconómica y las cargas tributarias en algunos países de la región generan un riesgo indudable de que activos producto de los delitos tributarios pretendan ser canalizados en el país”, dice el experto.
Criptoactivos
En otro apartado del documento preliminar, Montesdeoca describe los “principales sectores” de actividad que pueden ser utilizados para lavar dinero producido por delitos cometidos en Uruguay o el extranjero.
El sector financiero “presenta un importante nivel de riesgo dado el volumen y tipo de operaciones y los clientes con los que opera”.
El informe destaca los avances que llevó adelante Uruguay para bajar el riesgo de que se usen estructuras societarias domiciliadas en el país para lavar dinero. No obstante, sostiene que “la amenaza se mantiene”. Sugiere, además, “evaluar la exposición al riesgo” que suponen las nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas.
Las zonas francas y el sector inmobiliario también integran la lista de sectores riesgosos. Montesdeoca menciona también las operativas como el trading, los vehículos de alta gama y los criptoactivos, a los que describe como de “alto riesgo emergente”. Sobre el uso de efectivo, dice: “El manejo de efectivo es un factor de riesgo importante, dado el incierto contexto regional, y debe reconocerse que no se cuenta con un sistema de información que permita realizar un análisis estratégico de flujos de efectivos georrefenciado”.
Recursos escasos
En el apartado de vulnerabilidades, Montesdeoca dice que Uruguay tiene “fronteras terrestres e hídricas porosas y riesgosas” y que las direcciones de Migraciones y Aduanas “tienen escasos recursos para realizar un control eficiente”.
La Senaclaft, agrega, “no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones de coordinación del sistema, apoyo a las autoridades de aplicación de la ley y supervisión”.
La UIAF “posee escasos recursos humanos y tecnológicos”, lo que limita su “capacidad” de desarrollar un “análisis operativo y estratégico” y “cooperar eficazmente” con las autoridades en el combate al blanqueo de capitales. Mientras que la Superintendencia de Servicios Financieros, también del Banco Central, destina recursos “escasos” al tema lavado de activos.
La Fiscalía General “no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir su rol” en esa área, dice, y agrega que “no se han producido investigaciones financieras paralelas acordes al perfil de riesgo del país”. Sobre la Policía, afirma que no tiene capacitación específica, ni recursos humanos y tecnológicos suficientes.
La Dirección General de Registros carece de “herramientas tecnológicas que permitan acceder oportuna y eficazmente a la información necesaria para las investigaciones”, advierte. La Auditoría Interna de la Nación, por su parte, muestra una “insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos” para llevar adelante su trabajo de manera adecuada.
