El Poder Ejecutivo estudia la situación económica y debilidades en la gestión de las mutualistas, porque “se está gastando de más”

Entrevistado por Búsqueda, adelantó que la cartera tiene en carpeta distintas medidas para mejorar la situación, como elaborar indicadores de calidad relacionados con la diabetes para que el usuario tenga más datos al elegir dónde atenderse.

—En febrero se abre el corralito mutual, ¿usted se cambiará de prestador de salud?

—Pertenezco al Cas­mu, no me he cambiado y no tengo previsto hacerlo. A nivel general de la población ha sido así, se encontró una especie de equilibrio. Muchas veces los usuarios cambian por razones económicas. Otras cambian de domicilio y van a un lugar donde el prestador al que estaban afiliados no tiene capacidad institucional de atenderlos. Y en tercer lugar están los eventos que hayan significado un mal vínculo con la institución. En cualquiera de esos escenarios las cifras se han mantenido estables: en febrero los cambios nunca han superado el 5%, siempre anduvieron en ese porcentaje del universo. Y la mayoría es por cambios de domicilio.

—De cara a la apertura del corralito, el Ministerio advirtió a los prestadores de salud de no incurrir en la intermediación lucrativa, una práctica en la que se ofrece dinero para que los usuarios cambien de mutualista. ¿Cómo piensan contrarrestarla definitivamente?

—Es una de las dificultades que el sistema tiene y no ha podido resolver bien. Hemos hecho denuncia penales, las acciones continúan, pero es una de la dificultades que tenemos como para presuponer que en algún momento, más cerca que tarde, podamos decir “bueno, esta limitación de que el movimiento sea solamente en febrero podamos levantarla”. Porque este fenómeno nos complejiza ya que estos grupos son fuerzas de venta que previo a febrero ya empiezan a operar.

—A mediados del año pasado, después de un debate con las instituciones privadas, el gobierno resolvió mantener el monto que les paga por usuario y hacer un análisis del sistema. ¿En qué está ese estudio?

—Se creó una comisión que consolidó la metodología de cálculo de las cápitas que las instituciones reciben por cada usuario en función de la calidad asistencial que brindan. No damos por bueno todo lo que se gasta en salud, se está gastando de más. Parece razonable entonces establecer una metodología que apunte a no dar por bueno todo el gasto existente y a tratar de estimular las buenas prácticas de gestión, obligando a que las instituciones que no han logrado un nivel de eficiencia tengan necesariamente que hacerlo porque el dinero que reciben los obliga. Ver qué cosas que ofrecen las instituciones son razonables, qué costos pueden darse por buenos para todo el sistema y cuáles son una decisión de carácter empresarial que el sistema no puede dar por bueno.

—¿En qué se basa la metodología?

—Se trabajó básicamente sobre siete productos: gastos de atención ambulatoria, de intervenciones de cuidados moderados, de CTI pediátrico y de adultos, de actividad quirúrgica, de medicamentos, y de carácter administrativo e inversiones. Se avaló esa metodología y se planteó poner un estándar mínimo de calidad pues faltaba una especie de filtro por el tema calidad.

—¿Por qué el ministerio no estableció antes ese estándar mínimo de calidad?

—Hay enormes dificultades de generar indicadores de calidad. Nosotros de alguna forma estamos trabajando en este tema, tenemos una propuesta concreta, porque es la mejor forma de reorientar la competencia de los 43 prestadores, de orientarla a que puedan competir en términos de indicadores de calidad que los conozca la población, que a la hora de evaluar si cambia de institución o no, sin perjuicio de otros valores, exista en la web del Ministerio algún indicador que también los ayude a elegir. Es nuestro principal desafío en materia de calidad para el quinquenio.

—Pero pasaron casi diez años del inicio de la “reforma de la salud”. ¿Por qué el gobierno ha demorado tanto?

—Le puedo asegurar que si hay algo complicado en el mundo son las reformas sanitarias. Los sistemas sanitarios son de enorme complejidad. Es planetario este tema: revisás cualquier sistema sanitario del mundo y son los mismos problemas. Inglaterra tiene mas de 60 años de reforma sanitaria y buena parte de estos problemas aún los tiene. Nosotros llevamos nueve años de reforma y estamos enfrentados a los mismos problemas que se plantean en el primer mundo sistemas de salud de 60 años. Es la misma agenda. Con nueve años de reforma sanitaria estamos hablando de una novel reforma sanitaria. Es un tema donde no hay bibliografía, donde no hay nada inventado, estamos construyendo en un terreno de complejidades políticas. Articulamos con la industria, con la academia, con los gremios, con los prestadores... La mayor cantidad de las reformas sanitarias en el mundo han fracasado porque hay un conflicto de intereses.

—¿Cuál es la propuesta concreta sobre estándar de calidad que mencionó?

—Trabajar en algunas patologías trazadoras que nos van a ayudar en este esfuerzo de mejorar la calidad. Vamos a empezar con alguna patología trazadora que requiera justamente una atención integral. Vamos a empezar con la diabetes, porque es una de las enfermedades crónicas que ha venido en crecimiento en el mundo y también en nuestro país, que requiere un trabajo de carácter integral de prevención, de atención, de rehabilitación, que tiene enormes necesidades de trabajo en equipo, que requiere un abordaje en el cambio de modelo de atención, una atención más proactiva de las instituciones: si el paciente no consulta, tengo que ver qué pasó.

—Existen varias instituciones médicas con déficit y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) también ha presentado déficit. ¿A nivel económico está en riesgo la reforma?

—Estamos haciendo un seguimiento de todo esto con mucha atención. En realidad no hay riesgo salvo un conjunto pequeño de instituciones que tienen déficits estructurales, problemas económicos previos a la reforma, y para los cuales se encontraron herramientas como los fideicomisos, porque no parece razonable que la sociedad se haga cargo de esos problemas económicos. Sacando ese drama de esas instituciones en realidad nosotros no vemos ningún riesgo.

—Más allá de que las instituciones con déficit sean pocas, algunas tienen muchos usuarios, como la Asociación Española.

—Lo que estoy diciendo es que en realidad esas instituciones tienen que resolver sus problemas no exclusivamente a cuenta de que la sociedad tenga que poner más dinero. Estamos haciendo un seguimiento a cada una de las instituciones y cuando se eliminan esas situaciones complicadas, que de alguna forma tienen herramientas propias para hacerlo, en realidad no se da cuenta de una situación dramática ni mucho menos. No puede ser razonable que la sociedad se tenga que hacer cargo de resolver un problema que es de una institución que tiene que resolverlo.

—Sin embargo en los hechos la sociedad se hace cargo: esos fideicomisos tienen garantía estatal.

—Pero son otras herramientas que no son vinculadas directamente al Fonasa. No es plata del Fonasa, a eso me refiero. Es una herramienta distinta de la forma de financiamiento del Fonasa. Lo que tiene que ver con el fideicomiso son otras herramientas, no es plata del Fonasa. Repito: lo que no parece razonable es que la sociedad tenga que hacerse cargo del déficit estructural de una institución. Hay que diferenciar.

—¿El gobierno pretende abordar estos problemas económicos de otra forma?

—Un mecanismo es lograr que todas las instituciones manden información con un determinado formato que permita comparar y corregir problemas de gestión. Estamos poniendo la lupa en aquellos procesos que muestran debilidades en la gestión. Naturalmente no es el Estado el que tiene que hacerse cargo, ni los dineros públicos, por eso nosotros estamos monitoreando. Incluso a la hora de aprobar nuevos fideicomisos o de renovarlos, no se hace si no se cumplen las metas. Lo mismo con la inversión: si se da dinero para hacer alguna inversión y no se efectiviza, no se volcó donde se debía volcar, la institución tiene que devolverlo. Y lo están devolviendo.

—¿Son muchas las que se encuentran en esa situación irregular?

—Por suerte no es un porcentaje muy grande. Previo a febrero no voy a hacer ningún comentario al respecto, pero sí dejar en claro que hacemos un seguimiento y las instituciones que no utilizan adecuadamente esos recursos que se les asignan, no se dan por buenos y los tienen que devolver.

—A tres años de su aprobación, la ley que regula la producción y venta de cannabis aún no se ha aplicado por completo y algunos de sus impulsores acusan al Ministerio de trancar su avance. ¿Qué opina?

—Lejos el Ministerio está de trancar, pero sí está firme, como todos los demás organismos involucrados, en que la ley se cumpla de acuerdo a las normativas existentes y el marco legal. Después hay dinámicas propias para llevarla adelante. Nosotros interpretamos que esta ley es una oportunidad justamente para trabajar sobre el tema drogas en general, pero sobre todo en el tema de la marihuana, en algo que hemos identificado que existe, que es la baja percepción de riesgo de quienes consumen, atendiendo a las personas que tienen uso problemático de esas drogas.

—¿Está usted de acuerdo con la ley?

—La ley te diría que es un instrumento que nos obliga a hacerla cumplir, es una herramienta que habilita a que las políticas sanitarias puedan incidir, y es un marco legal que de alguna forma tiene que desarrollarse de tal manera que no colida con el resto de las normas existentes en el país. Entonces ahí cada uno de los organismos tiene que ser coherente con las normativas propias de su organismo. No por un afán legalista, sino porque cuando uno trabaja en temas complejos y se deja llevar por voluntarismos, inexorablemente cuando va a monitorear y a evaluar va a encontrarse con dificultades y eventuales irregularidades.

—De todas formas el proceso para la futura aplicación de la ley parece ser lento.

—Por las características del país y por las características del tema estamos tratando de hacer todo lo posible para que esta experiencia sea exitosa. Y eso implica que las cosas se cumplan tomando todas las garantías. En definitiva es de una enorme complejidad y también de expectativas. Por ejemplo el tema que más impacta en el Ministerio es el cannabis medicinal. Y no hemos logrado que ningún laboratorio registre medicamentos en base al cannabis. No sabemos la razón. Ahora estamos viendo la posibilidad de agentes privados interesados en la producción de ese producto. Pero estamos teniendo dificultades porque no hay ningún registro de medicamento en base al cannabis. Está todo en marcha, pero los tiempos no solo dependen de la voluntad nuestra, sino de otros actores que nos tienen que ayudar.

—¿La venta de marihuana en las farmacias va a comenzar en este período?

—Todos estamos poniendo el esfuerzo institucional para que las cosas se hagan lo más rápido posible. No me corresponde a mí hacer valoraciones que no son de mi total competencia.

—El presidente Tabaré Vázquez dijo que sería en 2017.

—Sí, lo dijo el presidente.

—El 2017 tiene 12 meses.

—Sí, sí. Hay mucha expectativa y esta acumulación que ya se ha hecho nos hace ser optimistas. De todas maneras uno aprende a ser muy cauto en cuanto a las fechas.