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El Poder Ejecutivo habilita subasta de espectro 5G, que incluye exigencias de despliegue en el territorio
El precio base es de US$ 28 millones y no habrá restricción a la tecnología china; Claro considera que el marco elaborado por el gobierno es “incompleto”
El Poder Ejecutivo habilita subasta de espectro 5G. Foto: AFP
Con un retraso de tres meses en relación con su plan inicial y pese a quejas del sector privado, el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que autoriza la subasta de espectro 5G. El precio base es de US$ 28 millones el bloque de 100 MHz, casi 30% más de lo que había calculado la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicación (Ursec), pero la mitad de lo que el gobierno había pensado en un inicio del proceso.
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“Después de muchas idas y vueltas, creo que es el decreto que queríamos. Ahora vamos a esperar cómo reaccionan las empresas”, dijo a Búsqueda el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara. “Es imposible conformar a todos”. La idea del gobierno era que este decreto, firmado el martes 27 y publicado al día siguiente, estuviera pronto en setiembre.
Sobre el precio final, Acosta y Lara dijo que es “mucho más adecuado que el que se estudiaba al principio, de en torno a los 50 millones de dólares”. A su vez, es superior a los US$ 21.982.754 que la Ursec había calculado en la banda de 3,5 GHz y por un período de adjudicación de 25 años. “Esto lo decidimos por la potestad discrecional del Poder Ejecutivo”, agregó Acosta y Lara.
A partir del miércoles 28, la Ursec tiene 30 días para enviar al Poder Ejecutivo el pliego de bases y condiciones para este procedimiento competitivo. Una vez otorgado el visto bueno, la subasta tendrá lugar durante los 30 días siguientes.
Tal como se preveía, los subbloques de frecuencia sin asignación a subastar son tres: los ubicados en los segmentos 3.300-3.400 MHz y 3.600-3.800 MHz. Cada uno de los participantes podrá obtener como máximo un bloque de 100 MHz. El derecho de uso de cada uno de ellos para las empresas adjudicatarias será de 25 años.
El segmento 3.600-3.700 quedó reservado para la estatal Antel. En sus considerandos, el decreto dice que “se considera procedente en términos de transparencia, equidad y credibilidad del procedimiento competitivo” adoptar ese criterio, que ya había sido aplicado anteriormente y validado por el Tribunal de Cuentas en 2001. Esto en el entendido de que al ser una empresa pública, con “unidad de caja con el Estado”, Antel contaría con una ventaja a la hora de ofertar, ya que también obtendría parte del producido en la subasta.
Si luego de la subasta hay bloques que no han sido asignados, Antel podrá pujar por ellos. Las otras empresas que operan telefonía celular en el país, las multinacionales Movistar y Claro, si bien habían expresado su interés en participar del despliegue del 5G, aclararon que iba a depender de las condiciones del llamado.
“Estamos analizando las condiciones del pliego y consideramos que es un marco incompleto, lo incluido sale sin el consenso con la industria”, dijo a Búsqueda el miércoles 28 el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro Quiroga López. “Es evidente el desconocimiento de las condiciones del mercado de telecomunicaciones de Uruguay y los desafíos que representa el 5G en el país. Lamentamos que se gestione sin diálogo sobre temas complejos, lo que es un desaliento a las inversiones”.
Obligaciones
“Lo más importante es que el despliegue incluirá obligaciones” para que la cobertura tenga un despliegue territorial amplio, dijo el titular de la Dinatel. Una vez asignados los bloques, la empresa adjudicataria debe tener instalada “en tecnología 4G o 5G, en cualquiera de las bandas de frecuencias radioeléctricas” asignadas para telefonía móvil, 70 estaciones en los primeros 12 meses; al menos dos en 10 departamentos (sin contar Montevideo) en los primeros 24 meses; y al menos dos en cada departamento en los tres años siguientes. De incumplir esos objetivos, la Ursec multaría al asignatario con US$ 10.000 por cada estación que falte.
Según Acosta y Lara, la multa podrá fijarse por estación y por año que se incumpla la obligación. Y la alusión al 4G responde, agregó el jerarca, a que “hay zonas con menos densidad de población donde hace falta que se sigan instalando antenas” para que ahí llegue Internet. Las antenas del 5G tienen menos alcance que las de 4G.
El artículo 5 del decreto dice que para “facilitar el acceso universal” a los servicios, la Dinatel, la Ursec y las intendencias coordinarán con el “fin de gestionar e implementar acciones destinadas a impulsar y fomentar el despliegue de elementos de las redes de telecomunicaciones y la compartición de infraestructura en el territorio nacional”.
El arrendamiento de infraestructura de Antel era una de las condiciones que había puesto Movistar para participar de la subasta. El ministro Paganini dijo a Búsqueda que alquilar red ociosa a privados sería una oportunidad de negocios para la empresa estatal. Acosta y Lara precisó, sin embargo, que el artículo 5 indica que la puesta o no de acuerdo entre los distintos organismos será “discrecional”.
El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) cuestiona la posibilidad de que la empresa estatal arriende su infraestructura. “Antel tiene que tomar decisiones importantes y defender la infraestructura. No debe permitir que la obliguen ni le hagan tomar la decisión de compartir la fibra óptica. Eso sería un grave error que lo van a pagar los uruguayos en el futuro”, dijo su presidente, Gabriel Molina.
Desde Antel señalaron que el texto del decreto “es lo que se estaba esperando”.
