La Ursec calculó en US$ 22 millones el costo del espectro para la subasta 5G ante una consulta del Ministerio de Industria

Para responder la pregunta, la Ursec consideró 27 subastas realizadas entre 2018 y 2022 en segmentos de la banda 3.300-3.800 MHz en 26 países, la mayoría de las cuales tuvieron lugar en Europa. También se analizaron las experiencias en América, como las de Brasil, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, en Australia y en Asia, con Corea del Sur, Hong Kong e India como referencias.

En el cálculo también se consideró una asignación por 25 años. Esto equivaldría a que un día de uso de espectro 5G tendría para el adquiriente un costo poco inferior a US$ 2.500.

El informe de los servicios técnicos de la Ursec precisa que el resultado, “efectuado a través de una referencia genérica (benchmarking)”, tiene que tomarse “como mero insumo” y que “en modo alguno” debe considerarse como el monto que necesariamente deba establecerse.

Por mayoría

El Directorio de la Ursec aprobó por mayoría el informe el 15 de diciembre al remitir la respuesta a la Dinatel, con las firmas de la presidenta Mercedes Aramendía y la secretaria general Marta Posada. El representante del Frente Amplio en el directorio, Pablo Siris, votó en contra.

En su fundamentación, Siris señaló que la información brindada a la Dinatel no cumple con los principios de “transparencia” y “rendición de cuentas”, que no se explicitaron los “datos primarios” ni “el proceso” que derivó en ese cálculo y que la metodología aplicada “no se menciona” en las directrices de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Similares observaciones había hecho cuando los técnicos de la reguladora calcularon en octubre cuánto costaría la renovación de segmentos de espectro entre 1.500 y 2.600 MHz destinados a telefonía celular (IMT) en 2G y 3G.

Además cuestionó que no se incluya ninguna variable relativa al ecosistema de la tecnología móvil, la densidad de población o las características geográficas del país ni “la disposición a pagar de los demandantes”, como “el flujo de ingresos esperados” en los distintos segmentos. Relacionado a este último aspecto, Siris señaló que el envío de esta información debilita la posición negociadora del país en un procedimiento competitivo, aunque se aclare que esta no es vinculante.

En caso de ser remitida a la Dinatel, concluyó, “se estaría corriendo el riesgo de que los operadores demandantes de espectro utilicen los valores calculados como una forma de estimar cuánto el Estado uruguayo está dispuesto a obtener”.

El viernes 16 la información fue enviada a la Dinatel.

Acciones judiciales

De la misma forma que pasó con el precio de la renovación para IMT, se espera que el siguiente paso sea un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería que establezca las condiciones del llamado a la subasta de espectro 5G. El viernes 16, entrevistado por 12 P.M. de Azul FM, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez señaló que la empresa estatal está “en gateras para largar”, que ya estuvieron “invirtiendo para tener infraestructura propia” y que ya tienen reservada una porción del espectro para comenzar a trabajar ni bien se haga la subasta.

Las otras telefónicas presentes en el país, las multinacionales Movistar y Claro, si bien han manifestado su intención de participar del despliegue, expresaron sus reparos a cómo se ha dado el proceso, que originalmente estaba previsto para setiembre. Incluso dejaron entrever la posibilidad de no intervenir en la subasta. Para Movistar, el “precio del espectro” o la posibilidad de acceder a la tecnología de Antel son condiciones fundamentales.

Además de intervenir en la subasta, para el desarrollo del 5G hace falta una inversión entre cinco y seis veces mayor que para la tecnología anterior, según estiman los operadores. Una posibilidad latente para los privados es la posibilidad de arrendar infraestructura ya existente, como la desplegada por Antel, alternativa aún no confirmada.

En noviembre, la empresa uruguaya de transmisión de datos Dedicado, presente en el país desde 1999 y que tiene el 11% de las instalaciones fijas inalámbricas en el país, había manifestado su intención de participar de la subasta del 5G. De hecho, evalúa emprender “acciones judiciales” si el gobierno no la habilita a hacerlo, dijo a Búsqueda su CEO, Arturo Vargas.

“Es obvio que estamos considerando emprender acciones judiciales si no nos permiten participar. Nuestro plan de inversiones incluye que vamos a aumentar entre el 15% y el 20% nuestro personal a partir del 1º de enero. No me puedo quedar quieto, tengo que defender la inversión realizada”, agregó.

Pese a las intenciones de Dedicado, el ministro de Industria, Omar Paganini, señaló en una rueda de prensa el jueves 15 que esta compañía “no puede estar subida al desarrollo del 5G” al no tener permisos de telefonía celular.

Vargas había señalado que su empresa había pedido al Ejecutivo la licencia de este servicio, que, añadió, “ya en forma simultánea se obtiene” en caso de adquirir parte del espectro. Indicó que su posición está respaldada en consultas a tres abogados especialistas en derecho administrativo: Augusto Durán Martínez, Carlos Delpiazzo y Cristina Vázquez.

El primero de ellos concluyó en un informe que el Estado debería autorizar a Dedicado —presente en el país desde 1999— a dar el servicio IMT en las frecuencias en las que ya tiene. A su vez, Delpiazzo afirmó que “se configuraría un supuesto de responsabilidad estatal y funcional” y “una grave ilegitimidad” si se le privara de usar la porción de 200 MHz de espectro que ya tiene y “de brindar servicios IMT en competencia con los demás operadores del sector”. Por su parte, Vázquez apeló al artículo 72 de la Ley de Presupuesto del gobierno de Jorge Batlle sobre los objetivos de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) y señaló que no puede denegar la petición de Dedicado “so pena de incurrir en discriminación”.

“No es el problema de un privado, estamos hablando de un derecho público”, insistió Vargas.