“Damos pasos hacia mayor competencia” en las empresas públicas porque “salen fortalecidas” aunque se anuncie “la catástrofe”

Para el ministro, hay posibilidades de seguir avanzando. La instalación de tecnología 5G puede ser una oportunidad para que Antel incursione en nuevos negocios, como el arrendamiento de su red de fibra óptica a los privados. “Eso es bueno para todos” los actores, dice Paganini. “Pero, si no es viable para Antel, no se va a hacer”.

—Estaba previsto para este año el desarrollo del 5G y avances en proyectos como el hidrógeno verde. ¿Se esperaban más concreciones?

—En este año se han hecho muchísimas cosas, que a veces no se ven y que se relacionan con las empresas públicas. Se sacó a Ancap de la regulación en el supergás, se fortaleció la Ursea (Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua), se hizo operar el sistema de combustibles, integrando de a poco los distintos eslabones. No son megaproyectos, pero sí son cosas importantes. En el hidrógeno verde el cronograma viene como pensábamos. El proyecto piloto está avanzando, un poco más despacio porque los interesados, que son unos cuantos, han ido proponiendo y preguntando cosas que nos obligaron a tomarnos tiempo. El proceso final está en marcha para febrero y no para el último trimestre de 2022. Somos optimistas, pero se trata de proyectos de entre US$ 700 millones y US$ 1.500 millones, como puede ser una planta de celulosa. No se deciden en dos minutos.

—¿Antes del final del período Uruguay va a ser un país exportador de hidrógeno verde?

—Eso es pedirme mucho. Lo que esperamos es que el piloto —para consumo doméstico— esté funcionando. Algunas decisiones de inversión no van a estar concretadas sino confirmadas, pero no es lo mismo que estar exportando. Después hay todo un proceso constructivo que llevará cinco años, o lo que lleva una obra grande.

—¿Se interrumpieron proyectos que venían de la gestión del Frente Amplio? El exdirector de Energía Ramón Méndez dijo que se “perdió el tren” del hidrógeno.

—No, en absoluto. Había un proyecto en Ancap, que está integrado al equipo nuestro del piloto. La diferencia es que quisimos hacer este proyecto piloto abierto a la inversión privada. Por otro lado, el tren del hidrógeno en el mundo se está acelerando ahora. También es verdad que existe el dilema del pionero: cuando sos un país pequeño y el mercado mundial aún no está maduro, si acelerás demasiado, corrés riesgos de pagar costos por hacer cosas cuando nadie más las hace.

—Respecto a la instalación de la red de tecnología 5G, ¿por qué se ha demorado la subasta? ¿Hubo presiones de las multinacionales? Claro cuestionó que no hubo diálogos técnicos previos y al igual que Movistar deslizaron la posibilidad de no presentarse.

—Hubo un proceso para darle valor de piso a la banda. No necesariamente es lo mismo lo que se paga en el mundo y lo que puede valer en el mercado local. El decreto estará pronto antes de fin de año (ver página 9), con un valor piso que es mayor al del informe de la Ursec (Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación, calculado en US$ 22 millones). Además, encomendamos a la Ursec a realizar la subasta, que se hará en un plazo de 90 días, supongo. Las tres bandas que se están subastando son las que el mundo está usando para el 5G. Confiamos en que los operadores que están en el mercado tengan interés en presentarse. Hemos recibido a todos los operadores muchísimas veces. Como todo proceso hay comentarios, intereses y discusiones, que son naturales.

—¿Antel debería arrendar infraestructura para que otros operadores den servicios, como ha pedido Movistar?

—Eso es bueno para todos, pero tiene que ser un negocio para Antel. Esta tiene capacidad ociosa, por lo que puede conseguir ingresos desarrollando un negocio mayorista de infraestructura. Por otro lado, si un particular quiere hacer su propia red, bienvenido. Lo que sí le interesa al gobierno es que las telefónicas estén presente en todo el territorio y rápido. Esto es un mecanismo posible para acelerar en la medida que hay conexiones en algunos lados en las que llega una de las telefónicas y no las otras. Pero, si no es viable para Antel, no se va a hacer. Nos afiliamos a la libertad. Consideramos que es sano porque va a terminar siendo positivo para el sistema: va a aumentar el negocio para todos.

—¿Qué opinión le merece la irrupción de Dedicado, que insiste en brindar el servicio de telefonía y participar del 5G?

—Dedicado es una empresa de transmisión de datos, con 9.200 clientes en el país, muchos de ellos, empresariales. Por lo que manifestó en la prensa, le interesaría entrar en el negocio de la telefonía, que no es solo tener un espacio de frecuencias asignado —además, otorgado para otra cosa—. El espacio en las dos bandas que tienen son las que no se van a subastar. Lo que hay que analizar, más allá de la subasta, es si están en condiciones de transformarse en una telefónica.

—¿Es difícil soportar la presión de Europa y Estados Unidos para que no se despliegue tecnología china para el desarrollo del 5G?

—El gobierno mantiene su posición de neutralidad tecnológica en esto. En la subasta no hay un condicionamiento sobre qué tecnología aplicar.

—¿Hay una estrategia geopolítica que juegan las potencias?

—Siempre hay una guerra comercial y una cuestión geopolítica. En la discusión cuesta separar la paja del trigo. Si la tecnología china es competitiva, seguramente alguno de los proveedores la va a incluir. Antel tiene la política, que nos parece sensata, de no depender de un único proveedor y diversificar las fuentes de tecnología para no tener problemas.

—Al comienzo del gobierno se notaba el impulso para que las empresas públicas se vuelquen a una mayor competencia. ¿Esto se ha frenado?

—Desde este ministerio, para nada. Hay un elemento claro que es la portabilidad numérica (ver recuadro), que demuestra nuestra tesis: las empresas públicas pueden competir y bien. Y si hay más competencia, el que se beneficia es el consumidor. Antel está firme en el mercado y en competencia. Y ahora va a venir el tema de los cableoperadores que dan Internet. Damos pasos hacia mayor competencia en las empresas públicas. En Ancap es distinto porque se mantuvo el monopolio de la refinería, pero lo que sí estamos haciendo es ponerla en competencia con un competidor virtual, a través del precio de paridad de importación (PPI). Toda la crisis energética Ancap la soportó bien e incluso por debajo de un competidor virtual. Estamos mostrando que Ancap podría competir. En UTE estamos en una etapa de discusión. Al ministerio le parece importante que el mercado mayorista de energía eléctrica profundice su funcionamiento. Puede ser viable que haya contratos entre privados, más allá de que por usar la red hay que pagar un peaje. Eso ayuda a que UTE tenga una actitud de preocuparse por la eficiencia, de cuidar a los clientes y de fortalecerse en una lógica más comercial, que nos parece importante en este sector. Pero, a la vez, dar la posibilidad de que haya inversiones en generación renovable que pueda ser privada. Es bueno para el Estado que vengan privados a invertir en generación porque eso alivia la inversión de UTE y la permite focalizar en la parte de red, que es un monopolio y en la que había un rezago de inversiones.

—¿UTE hoy no se está preocupando por la eficiencia?

—Cuando estás en competencia, te preocupás más. La demostración de la portabilidad numérica es eso: te preocupás por cuidar más al cliente cuando este tiene opciones. Por otro lado, está muy fuerte UTE como para competir en un mercado mayorista. No va a tener ninguna dificultad. Estamos convencidos de que es similar a casos como el Banco de Seguros y el República (BROU). Cuando las empresas públicas en Uruguay compiten, no les va mal. Siempre se anuncia el desastre, la catástrofe, el error. Y no solo no entran en un espiral destructivo, sino que salen fortalecidas, y el consumidor también.

—¿Hay una privatización del sistema eléctrico? Es lo que se dice incluso desde el oficialismo.

—No nos parece una mala palabra que los privados participen del mercado. Nada más alejado que privatizar el sistema eléctrico, que tiene una participación enorme del mercado de privados en la generación de energía. No es una privatización en el sentido clásico de vender una estatal porque se destruyó o que el privado le ocupe su espacio.

—¿Cómo definiría al gobierno? ¿Es liberal, promercado?

—Creemos en la libertad responsable, pero para poder ejercerla el Estado tiene que estar presente, porque las condiciones no las tiene todo el mundo. Hay determinadas funciones del Estado que son necesarias para habilitar esa libertad: la educación y la salud pública, la seguridad social. El rol del Estado y de los privados es una discusión obsoleta. No hay un Estado ausente, está muy presente. En la economía, al ritmo que tiene el mundo, hay que apostar al emprendimiento y a la innovación. El Estado a veces es lento, por eso hay que dejarles espacio a los privados, hay que habilitar emprendimientos e inversión. Que los motes los ponga el que quiera, pero esta es la filosofía del presidente y la mía.

—¿Pero hay un contrapeso interno en la coalición de gobierno a esa filosofía? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo intentó derogar la ley de medios y no pudo.

—Es un gobierno de coalición de cinco partidos políticos y hay diferentes filosofías. También pasa en la oposición: no creo que el contador (Danilo) Astori, por ejemplo, comparta la línea del gobierno de Venezuela, como tros actores del Frente Amplio. Pedirnos uniformidad a nosotros es un error. En la ley de medios tenemos una diferencia que a esta altura es un poco frustrante. El 95% del articulado está acordado para una ley nueva, que es lo que queremos. La derogación era para sacarnos este problema y no tuvo éxito. Hay un montón de artículos de la ley actual que prevén la creación de órganos como el Consejo Audiovisual que no está vigente; se reglamentó parcialmente al final del último año (del gobierno del FA) y se empezaron a ejecutar algunas acciones en enero de 2020. Eso muestra que no es algo sencillo. Queremos tener otra ley funcionando lo antes posible. Aparentemente, habría una propuesta de Cabildo Abierto con otros dos artículos para agregar que lamentablemente aún no llegaron. Esperamos salir de este problema en 2023.

—Otro tema sin acuerdo en la coalición fue la desmonopolización del mercado de los combustibles, que estaba en el anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC). ¿Fue otro freno al impulso que tenían?

—Sí. Hubo un proceso de transacción. El Partido Nacional quería una cosa, pero los otros socios no. Se fue a la fórmula que está vigente hoy, del PPI, propuesta por Ciudadanos. Así es la política.

—La decisión del precio de los combustibles sigue siendo política.

—La ley que se aprobó es así. No dice que hay que fijar el precio por el PPI. Hay que recibir informes de Ursea y Ancap que no son vinculantes. La gente ve cuánto debería costar el combustible si lo trajera un importador y nosotros podemos movernos en ese margen. Podríamos tomar la decisión discrecional del Ejecutivo como corresponde, con la diferencia (que este proceso) es más frecuente y transparente que antes. Así la gente lo sabe. Este año hubo una crisis del petróleo: a mediados de año (el barril) estaba a US$ 130 y hoy está a US$ 80. Los combustibles nuestros van a seguir más o menos esa curva. En otros lados del mundo pasó lo mismo. Pasamos esa crisis con bastante éxito, con Ancap en condiciones de equilibrio, aunque no haya una gran ganancia.

—Pero la Ursea ya publicaba el PPI.

—Sí, pero ahora este tema está en la agenda todos los meses, es un dato y la gente opina. Antes, el 1° de enero pasaba algo que nadie entendía por qué, que no tenía nada que ver con lo que se publicaba. Se aguantaba el precio todo el tiempo que fuera necesario. Si el petróleo estaba bajo, se mantenía y se recaudaba; si había una subida brusca en la mitad del año, se subía (el combustible) sin avisar. No había una regla; ahora sí.

—¿Cómo puede ser un modelo “previsible” si la decisión es política?

—Generalmente vamos a estar bien cerca del PPI. En un momento quizá deba estar arriba, pero la gente va a tener cómo juzgarnos: compara lo que debería ser y lo que están cobrando.

—Había una promesa electoral de bajar la tarifa de los combustibles.

—Ahí sí hay un tema importante. Cada promesa tiene su contexto. En 2019, el PPI estaba $ 6 por debajo del precio de combustible. Había mucho espacio. Hoy, en cambio, estamos abajo del PPI. Uno promete porque hay una realidad, pero esta cambió mucho. Lo que no estamos haciendo es usar a Ancap para recaudar, como hizo la administración frenteamplista durante los últimos cinco años.

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La portabilidad numérica va a terminar “en un empate”