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Ante el crecimiento de las sociedades anónimas deportivas, que hoy componen prácticamente la mitad de las instituciones de primera división del fútbol uruguayo, el gobierno prevé que pasen a ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas del sector no financiero y sean controladas por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavadode Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
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La iniciativa está actualmente bajo análisis de la Senaclaft, que en abril recibió una propuesta específica de la Secretaría Nacional del Deporte para modificar la Ley N° 19.574 del 2017 contra el lavado de activos. El texto busca sustituir el literal i del artículo 13 de la ley para que queden como sujetos obligados no financieros “las asociaciones civiles, sociedades anónimas deportivas, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general, cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica”.
La propuesta fue elaborada por Gerardo Lorente, gerente nacional y asesor legal de la Secretaría Nacional del Deporte. Fue enviada a la Senaclaft para que la estudiara y pudiera ser parte de la Rendición de Cuentas presentada en junio por el Poder Ejecutivo, actualmente en discusión en el Parlamento. “Mantuvimos conversaciones con la Senaclaft y decidieron analizarlo un poco más en detenimiento para promoverlo en los próximos meses”, dijo Lorente a Búsqueda.
Fuentes de la secretaría antilavado confirmaron que efectivamente están trabajando sobre la propuesta de la Secretaría Nacional del Deporte, y explicaron que no la incluyeron en la Rendición de Cuentas porque el organismo se encuentra actualmente abocado a la Evaluación Nacional de Riesgos. Con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta consultoría tiene como objetivo revisar y actualizar la estrategia antilavado de la secretaría. Como la evaluación puede concluir que son necesarias “diferentes modificaciones normativas” en la materia, las autoridades de la Senaclaft creyeron conveniente aguardar las sugerencias para diseñar un paquete más completo de medidas. Los resultados del informe están previstos para febrero.
Reguladas por la Ley N° 17.292 del 2001, las sociedades anónimas deportivas (conocidas en Uruguay bajo el acrónimo SAD) son un tipo especial dentro de las sociedades comerciales que tienen como objeto la participación de sociedades anónimas en competiciones deportivas y en el desarrollo de actividades deportivas. Al contrario que los clubes deportivos —asociaciones civiles que no persiguen un fin lucrativo—, las SAD sí tienen una finalidad lucrativa. Además, como también ocurre con los clubes deportivos, cuentan con exoneraciones tributarias si cumplen determinadas condiciones. Ambas ventajas llevaron a un crecimiento de esta figura en el fútbol profesional con el arribo de capitales extranjeros. Hoy, siete de los 16 equipos que compiten en el Campeonato Uruguayo de Primera División 2022 son sociedades anónimas deportivas: Albion, Boston River, Cerrito, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Plaza Colonia y Rentistas.
Sin embargo, al no estar obligadas a reportar operaciones, estas instituciones quedaron por fuera del control de la Senaclaft, un órgano desconcentrado de Presidencia de la República que tiene las facultades de investigación y fiscalización para el cumplimiento de las normas de prevención de lavado por parte de los sujetos obligados.
El País informó el lunes 8 que la Senaclaft comenzó en el segundo semestre de 2021 a fiscalizar a los clubes deportivos, tarea que no pudo realizar sobre las sociedades anónimas deportivas. “No están dentro de ninguna de las actividades reguladas”, por lo que “hay que incorporarlas a corto plazo”, dijo el supervisor de Fiscalización del organismo, Gustavo Misa.
La intención del Poder Ejecutivo de sumar a las SAD como sujetos obligados se enmarca en un contexto regional de mayor control sobre la industria del fútbol, que incluye diálogos de los gobiernos con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En marzo, autoridades de los departamentos de Ética y Cumplimiento, y de Gestión de Riesgos de la Conmebol se reunieron con la Secretaría Antilavado de Paraguay para coordinar acciones conjuntas que prevengan el uso de las estructuras deportivas para el lavado de activos. Durante la reunión, los representantes de la Conmebol compartieron las herramientas de control y monitoreo que utilizan para asegurar un ámbito de negocios transparente, dijo a Búsqueda Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay.
Aunque el régimen legal de Paraguay no incluye la figura de sociedad anónima deportiva, a partir de estas reuniones la Seprelad sí impulso una ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. La iniciativa fue sancionada en julio por la Cámara de Diputados. “La propuesta gira en torno a la imperiosa necesidad de extender el control de la secretaría a las empresas tabacaleras y a los clubes deportivos, que a lo largo del tiempo se han convertido en negocios multimillonarios, propicios para el lavado de sumas siderales de dinero”, dice parte de la exposición de motivos. “Es de vital importancia el fortalecimiento del estricto control de los movimientos registrados en estos ámbitos, a fin de evitar el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas”, señala.
“La ley específicamente hace sujetos obligados a los clubes deportivos. Es una reglamentación bastante amplia y más acorde a los estándares internacionales, a las nuevas normativas y a las nuevas actualizaciones que hay en la materia”, señaló Arregui, quien dijo que la Seprelad debatió el tema con la Conmebol y espera hacerlo con las oficinas de lavado regionales porque la mejora de los controles sobre el fútbol son temas que “deben ser participativos y tienen que poder ser replicados en otros países”.
