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El presidente Tabaré Vázquez firmó el nuevo decreto que reglamenta la Ley de Recursos Hidrobiológicos y subordina los estudios sobre el agua y sus resultados a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), organismo perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No obstante, la nueva resolución adoptada el lunes 27 —a estudio de la Universidad de la República (Udelar)—, mantiene una serie de requisitos que son interpretados por parte de la comunidad científica como “trabas burocráticas” que limitan la investigación sobre los recursos acuáticos, según supo Búsqueda.
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La discusión que motivó la modificación del gobierno estuvo en un principio centrada en el capítulo VII del decreto original —promulgado en abril y publicado en mayo en el Diario Oficial—, referido a los permisos de pesca “con fines de investigación, científicos y docentes”, y a la divulgación de sus resultados por parte de la Dinara.
Si bien el nuevo decreto modifica algunos conceptos del anterior que levantaron las protestas de parte de la comunidad científica, mantiene las exigencias originales sobre el trabajo de los investigadores, como el compromiso escrito de no dar a publicidad los datos de sus pesquisas.
La nueva disposición también es más específica en la medida en que compromete al solicitante a “no dar a publicidad los datos obtenidos que puedan incidir o afectar el desarrollo de la explotación u ordenación pesquera, sin autorización expresa” de la Dinara.
Asimismo, para conceder los permisos de pesca, las personas físicas o jurídicas con fines de investigación o docentes deben presentar un proyecto, además de cumplir una docena de requisitos, que incluyen desde el detalle de los antecedentes técnicos del solicitante, hasta la presentación del currículum de cada participante del estudio.
El decreto ordena que los resultados y datos obtenidos deberán ser puestos a disposición de la Dinara “antes de su utilización o divulgación en cualquier medio”.
El nuevo documento fue acordado por una comisión interministerial de Ganadería, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Defensa.
Si bien las nuevas disposiciones pautan la política de investigación de varios organismos, afectan especialmente a la Udelar —que se ocupa de más de la mitad de la investigación científica del país—, y, de hecho, la primera reacción provino de la Facultad de Ciencias.
Así, los primeros reclamos por los obstáculos a la investigación fueron elevados por integrantes de la Udelar, la Academia Nacional de Ciencias y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). Además, 15 docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias presentaron un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo, en el que solicitaron la suspensión inmediata de la ejecución del decreto.
Según fuentes universitarias, varios artículos del texto nuevo mantienen las restricciones o pueden impedir las actividades de investigación y la divulgación de sus resultados debido a las potestades que se arroga la Dinara.
“Aunque al capítulo de la pesca de investigación se le cambió el nombre y pasó a llamarse ‘Pesca de investigación científica’, y ahora se habla de ‘recursos pesqueros’ en lugar de ‘recursos hidriobiológicos’, no se levantaron prácticamente ningunas de las observaciones planteadas por parte de la comunidad científica y al decreto original”, aseguró un informante.
En consecuencia, agregó la fuente, “buena parte de las observaciones se van a mantener, porque no poder dar a publicidad los trabajos sin pedir permiso, limita la libertad de investigación” sobre la pesca, que es un recurso estratégico nacional.
El decreto, publicado en la página de Presidencia, fue enviado ayer al rector de la Uderar, Roberto Markarian, al saliente decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, y a la prorrectora de Investigación Universitaria, Cecilia Fernández. El caso se encuentra ahora a estudio de la División Jurídica de la Udelar, y también será tratado el próximo martes 3 en Consejo Directivo Central (CDC), máximo órgano de dirección universitaria, a instancias del orden estudiantil.
Según Cristina, quien sigue el caso a pedido del rector y que mantuvo frecuentes contactos por el tema con el Ministerio de Ganadería, la reglamentación original no favorecía el desarrollo de la investigación en recursos acuáticos, por incluir requisitos que podían enlentecer demasiado los trámites. “Es cierto que hay cosas que ya estaban en la ley vieja, pero si uno observa la letra fría, constata ciertos inconvenientes que no nos ayudan a ser proactivos”, dijo, en consonancia con el reclamo de parte de la comunidad científica.
Uno de los investigadores que impugnaron el decreto original fue Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, para quien la normativa busca “amordazar” las investigaciones sobre los recursos acuáticos.
Consultado por Búsqueda a principios de julio, el director de la Dinara, Andrés Domingo, mostró sorpresa por las reacciones que provocó la reglamentación, que consideró desmedidas. “Realmente es muy llamativo todo esto”, porque “en un altísimo porcentaje es lo mismo que había en la reglamentación de la antigua ley de pesca”, aprobada en 1997.
“Quizás haya gente que cree que por ser de la Universidad no tiene por qué pedir permiso a nadie. Pero sí. Quizás resulten pesados los datos que se piden, pero son necesarios”, dijo.
