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    El Poder Ejecutivo piensa en cómo apoyar a la industria del calzado, preocupado por su persistente contracción

    Las botas y zapatos que el Ministerio del Interior compró en 2016 a un proveedor chino para el uniforme del personal policial fueron, por unas semanas, el centro de la discusión de legisladores, autoridades e industriales del sector. El debate sobre el ahorro de recursos, la calidad, los mecanismos de licitación, tiempos de entrega y capacidad del sector nacional se oponían al argumento de la necesidad de mantener en pie una industria que está en declive desde principios de la década pasada. Aquella polémica disparó gestiones a distinto nivel para que los fabricantes tuvieran la posibilidad de ofertar y competir en los llamados públicos frente a los importados. En 2017, finalmente, el sector proveyó a la cartera de Industria 28.000 botas por US$ 1,4 millones.

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    Ahora, la gremial de industriales del calzado vuelve a denunciar una compra directa de Interior a favor de un proveedor chino, por US$ 1,2 millones, de los cuales US$ 409.000 corresponden a calzado. “La situación se repite. Por un lado hablan de problemas de empleo y por otro no apoyan a un sector que genera trabajo rápido”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CICU), Alejandro Biasiolli. “Hay un problema de concepto. No ven el potencial del sector, que si pudiera realizar acá el 10% de lo que se importa, duplicaría la producción y emplearía a 1.000 personas más”, señaló.

    El empresario reclama que el gobierno dé más impulso a las compras públicas —especialmente para fomentar la actividad de micro y pequeñas firmas— y que los fabricantes tengan la posibilidad de ofertar en condiciones equitativas.

    La situación del sector “preocupa” al Ministerio de Industria, reconoció a Búsqueda su titular, Carolina Cosse. Consideró que “hay que sacarles más partido” a las compras públicas “como motor de la producción nacional”, y aseguró que se está trabajando en “varias ideas” para mejorar la herramienta.

    Evaluó que si bien es una industria que “está complicada” porque la forma de producir en el mundo cambió, “es importante sostener la capacidad existente, primero porque genera trabajo y después, porque es fuente de construcción cultural”.

    Para Cosse, se requiere procesar un “cambio cultural no solo del Estado, sino de todos los uruguayos” acerca de cuánto de lo que consumen es de fabricación nacional.

    En caída

    La producción de calzado en el país se redujo a “niveles mínimos” en la última década. La mitad de la capacidad instalada de fábricas y talleres cayó en desuso, con lo que se perdió una cantidad similar de puestos de trabajo. Sin embargo, Uruguay está entre los tres principales consumidores per cápita de zapatos y championes en América Latina, con un mercado que —valuado a precios de venta— ronda los US$ 860 millones anuales. La importación se ubica actualmente en algo más de 12 millones de pares, principalmente de origen asiático. Ese panorama surge de un informe presentado este mes por la CICU en las comisiones de Industria del Parlamento y que entregará a los Ministerios de Industria y de Trabajo para que “tomen conciencia” de cómo está el sector, y mostrar los problemas y las políticas que aplican países de la región para salvaguardar su industria, explicó Biasiolli.

    El sector

    En 2017, el volumen de producción de la industria del calzado cayó 9,4% respecto al año anterior, lo que la gremial empresarial asimila a un valor en ventas de US$ 42 millones. El sector empleaba a 1.500 personas, la mitad de lo que ocupaba en 2008. Quedaban en actividad 122 firmas, el 63% de reducido porte (con hasta cinco empleados), 27% pequeñas y 10% de tamaño mediano.

    El sector dirige la producción casi en su totalidad al mercado interno, donde compite con el calzado importado. De hecho, el saldo comercial es claramente negativo: en 2017 se exportaron US$ 306.000 (39% menos que el año anterior) y hubo importaciones por US$ 108 millones (aumento de 7%). Ello obedece, en buena medida, a que la fabricación de calzado se reubicó en países de bajos costos laborales; Asia concentra el 87% de la producción mundial.

    La CICU plantea que el precio de referencia al que importa Uruguay (US$ 8,2 en promedio) es menor que el de Brasil y Argentina, lo que se agrava dado el menor nivel de protección de la industria nacional en comparación con la región. Por eso, la gremial solicita medidas para mitigar los efectos de prácticas desleales (dumping, subsidios, etc.) y que se cumpla con los controles de valoración aduanera relativos a presentación de documentación, procedencia, precios vigentes en el país de origen y demás.

    Compras públicas

    En los últimos cinco años los fabricantes locales vendieron al Estado 130.000 pares de calzado, señala la CICU en el estudio. Pero esa es una proporción menor a las compras que el sector público realiza a proveedores del exterior.

    Además de la reincidencia de la compra directa del Ministerio del Interior, la gremial también llamó la atención en el Parlamento sobre una reciente licitación pública internacional del Comando General del Ejército que adjudicó una compra por US$ 278.400 en capelladas brasileras. Si bien hubo una oferta nacional, por menor precio, ganó el oferente extranjero, indicó.

    “Sentimos que en las compras públicas, como política de motor de desarrollo y fundamentalmente concebidas para el desarrollo, se están dando condiciones en donde la industria no está participando”, alegó el miércoles 2 el secretario ejecutivo de la CICU, Marcelo Ballesta, en la Comisión de Industria de Diputados.

    Los fabricantes piden que en las compras públicas no solo se valore el precio sino también la calidad, y garantía de cumplimiento por la cercanía de servicio, entre otros factores.

    Y reclaman un “mecanismo inclusivo” que ponga en condiciones equiparables de competencia a la industria local. En ese sentido, piden revisar el régimen de reserva de mercado en los pliegos licitatorios, puesto que algunos “excluyen de hecho” la posibilidad de que participen firmas de reducido porte, al no tener en cuenta las capacidades productivas del sector.