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Con la ley de urgente consideración votada y ya entregada la Rendición de Cuentas de 2019, el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou empezó a elaborar un proyecto de Presupuesto quinquenal que será “de guerra”, dijeron a Búsqueda varias fuentes oficiales.
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Funcionarios del Ministerio de Economía (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto iniciaron la semana pasada los primeros contactos con las distintas secretarías de Estado, y las reuniones siguieron en los últimos días. Habrá un “ida y vuelta” sobre los números que, según lo planificado, deberá concluir sobre finales de este mes. El mensaje es que cada repartición tendrá que “priorizar” las temáticas de interés, dada la restricción del gasto, indicó uno de los informantes.
La intención del Poder Ejecutivo es, para cada ministerio, definir compromisos de gestión “más sustantivos” que los utilizados hasta ahora, con menos indicadores, pero que reflejen mejor la gestión y el cumplimiento de los cometidos.
La fuente agregó que el propósito, una vez que pasen los efectos más duros de la emergencia sanitaria por el Covid-19, es volver al “plan original” de bajar el déficit fiscal y poner la deuda pública en una senda de sostenibilidad a largo plazo. Pero para eso será necesario que se consolide la recuperación de la economía, matizó.
Otro jerarca subrayó que esto tiene en cuenta que las calificadoras de riesgo miran atentamente las medidas del nuevo gobierno en torno a la deteriorada situación de las cuentas públicas. El Poder Ejecutivo va a presentar un “presupuesto de guerra” al Parlamento para defender el grado de inversión no especulativa —investmentgrade— que las principales agencias han mantenido a Uruguay, aunque con la advertencia de que podrían quitárselo si no hay un sólido plan de consolidación fiscal.
Desde la oposición velan armas. El coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo a Búsqueda que la coalición de izquierda se va a “posicionar fuerte” cuando llegue el proyecto de ley de Presupuesto al Parlamento, a fines de agosto.
“Hay que ver qué se propone, si van a hacer los recortes que anunciaron”, afirmó el legislador del Movimiento de Participación Popular. En el proyecto se verá “si cumplen con lo que prometieron en la campaña, algo que por ahora no están logrando. Por lo pronto, prometieron que no iba a haber pérdida del poder adquisitivo, y ya lo estamos padeciendo”, añadió.
“Vamos a defender los logros alcanzados, por más que critiquen y traten de demonizar la gestión del Frente Amplio”, sostuvo Carrera.
Otra “batalla”.
Ayer miércoles el gobierno celebró que el Senado dio sanción definitiva al proyecto de ley de urgente consideración (LUC), su primer ley clave del período. Además de agradecer el trabajo de los legisladores, Lacalle Pou expresó su “gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular”, que fue uno de los compromisos de campaña.
En el Senado se aprobaron unas 40 modificaciones que antes habían votado los diputados. En la cámara alta solo dieron su respaldo los senadores de los partidos de la coalición de gobierno. Dos artículos, vinculados a las áreas protegidas, fueron desglosados debido a que Cabildo Abierto no los apoyó en Diputados. Además, en ese partido hubo malestar entre algunos legisladores, ya que, al momento de votarse los artículos relacionados con los tratamientos y medicamentos de alto precio, cinco legisladores no estuvieron en sala apoyando.
Desde la oposición frentista, el senador Mario Bergara afirmó que la LUC “es un poco menos mala que el pésimo proyecto que envió el Poder Ejecutivo”. En tanto, Amanda Della Ventura señaló que “la historia juzgará a quienes enviaron y votaron los artículos más dolorosos de esta ley de urgente consideración”.
El Frente Amplio aún no trató formalmente cuál será el paso a dar ahora que el proyecto fue aprobado. Durante los meses que llevó su discusión se evaluó desde recolectar firmas para derogarla hasta presentar recursos de inconstitucionalidad. Al día de hoy, entre la dirigencia de la coalición de izquierdas la posición que prima es la de no juntar firmas por dos motivos: por un lado, entienden que gran parte de los artículos que consideraban más graves fueron retirados; por otro, porque realizar una campaña de ese tipo y luego el eventual referéndum tiene altos costos económicos. El camino que entienden más atinado, según dijeron las fuentes de Búsqueda, es presentar recursos de inconstitucionalidad por algunos artículos y que “la batalla” sea legal. (Más información en páginas 5, 20 y 21)