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¿A la justicia se la compra? La senadora Lucía Topolansky, en declaraciones a la agencia de noticias Telam, proclamó la tesis de que parte (un sector mayoritario o un tercio) de las Fuerzas Armadas deberían estar partidizadas y del lado del “Frente Amplio”, a pesar de que el artículo 77 de la Constitución establece que está prohibida la actividad político-partidaria de los militares en actividad. No solo dijo aquello en Argentina sino que lo reiteró aquí en nuestro país. Luego de eso, ¿se podrá dudar que se pretenda influir sobre el Poder Judicial? Si alguien lo hace, le recuerdo cuando la senadora Constanza Moreira (MPP-Frente Amplio), con sinceridad, soberbia y desparpajo, afirmó: “El Poder Judicial es un poder político y tenemos que aprender a entenderlo como un poder político del Estado, y no una suerte de poder autónomo. Tenemos una Justicia relativamente subordinada”. Ante los dichos anteriores la reacción del órgano superior del poder aludido fue… de complaciente silencio, por lo que al decir sobre este caso un conspicuo abogado, el Dr. Gustavo Salles, “el que calla otorga”.
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A su vez, muchos integrantes del Poder Judicial han demostrado ser veleidosos con el poder de turno, caso por ejemplo del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, quien el 27 de octubre de 2011, consultado sobre la ley que dejó sin efecto la prescripción de los delitos de la dictadura que declaró de lesa humanidad, dijo que “los derechos humanos no están en la disponibilidad de las mayorías”, lo que mereció, entre otras manifestaciones de desagrado de integrantes de la oposición, que el presidente de la SCJ “es juez y no parte, y como juez, y como miembro nada más y nada menos que de la Suprema Corte de Justicia, debe abstenerse de realizar declaraciones políticas, en cualquier circunstancia”.
La permeabilidad del Poder Judicial y sus integrantes a las preferencias, sugerencias o conveniencia política del gobierno de turno se ponen de manifiesto a la hora de laudar. Mencionemos a título de ejemplo la disparidad de criterios sobre la constitucionalidad de la “ley de caducidad” antes o después de asumir el gobierno el Frente Amplio, o sobre la constitucionalidad del IRPF a los jubilados, o la interpretación de constitucionalidad del IASS que cambió unas comas y la denominación al IRPF, y seguiría unos cuantos etcéteras, etcéteras. Qué decir de la jueza Mota, que mientras tramitaba varios casos relativos a violaciones a los derechos humanos en la dictadura, fue vista en una marcha vinculada al tema. Ello llevó a un intento de recusación por parte de los acusados, que el Tribunal de Apelaciones desestimó. Pero en el proceso, su abogado, Antonio Rammauro, llegó a afirmar que “muchos fiscales y jueces participaron activamente de esa marcha”. También ha sido comentada la situación del ex juez Álvarez Petraglia, que mientras ejerció la magistratura tuvo casos sonados como el procesamiento del abogado Carlos Curbelo, por entonces defensor del ex dictador Gregorio Álvarez. Apartado de la judicatura por una investigación interna, Álvarez Petraglia pasó inmediatamente a desempeñarse como asesor del Partido Socialista en temas de derechos humanos y ahora patrocinó una causa masiva de denuncias por abusos en la dictadura.
Lo que sigue es un hecho menor frente a lo anteriormente expuesto, pero no por ello deja de ser un elemento que permite palpar el sentimiento de la ciudadanía acerca de la actuación de la justicia: consultado el ministro de la Suprema Corte de Justicia si es “justificado” que haya gente que piense que el camionero que chocó con el ex futbolista Alcides Edgardo Ghiggia fue procesado de forma rápida porque el involucrado era un ídolo y qué les diría a las personas que creen que en Uruguay la Justicia actúa dependiendo de la cara de los involucrados, Pérez Manrique contestó: “Si yo estuviera en la cabeza de esas personas diría lo mismo. Si yo soy un ciudadano de a pie y leo esto en la prensa, justificadamente puedo creer que se actuó rápido porque era Ghiggia. Pero como jerarca del Poder Judicial digo que cada juez es absolutamente independiente en el ámbito de su función, que sabe cómo actúa y si actúa mal, cada ciudadano puede denunciarlo y la SCJ tiene la obligación de investigar la actividad de ese juez y si actuó mal, de sancionarlo”.
Ante todo lo anteriormente expuesto, no puede extrañar que en plena sesión de la Cámara de Diputados durante el tratamiento del cierre de Pluna, la decisión de los legisladores del Frente Amplio de no dar lugar a una Comisión Investigadora del Parlamento para sí remitir al Poder Judicial los antecedentes de las asociaciones de Pluna molestó profundamente a la oposición, que no esperaba tal decisión, y la diputada colorada por Canelones, Graciela Matiaude, gritó en medio del debate que “a la justicia se la compra”, dando a entender que no habría garantías de fidelidad en cuanto a la investigación. Más tarde pidió disculpas.
La imparcialidad política y de procedimientos del Poder Judicial está en tela de juicio y su reivindicación es impostergable para la convivencia pacífica de nuestra sociedad en el marco de la democracia y el derecho. La solución está en manos del órgano supremo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y de acuerdo a cómo actúen sus integrantes en el futuro, tanto en sus fallos como en la supervisión de la actuación de sus subordinados, dependerá el éxito.
“La peor forma de injusticia es la justicia simulada”. Platón (427 AC-347 AC)
