Política económica muy equivocada. Uruguay está en estanflación, cosa que el gobierno no menciona (por cierto que los economistas y los periodistas tampoco) y para peor la tasa de inflación es una de las más altas del mundo, como mínimo 10 veces la de los países desarrollados. Es una situación muy peligrosa.
La parálisis de la economía es lo que se podía esperar de las políticas desarrolladas durante la década de gobierno del Frente Amplio que desperdició, despilfarró o se robaron los enormes recursos extraordinarios que la globalización le aportó al país durante este tiempo. De aquellas menciono algunas de las que más han afectado y afectarán negativamente las actividades económicas y que, salvo algún impacto positivo fortuito, solo permiten prever el empeoramiento de la situación.
La gestión macroeconómica ha sido pésima: han cuadruplicado el déficit fiscal, hoy alrededor del 4% del PBI, la inflación ya está por encima del 10%, han triplicado el monto de la deuda y han aumentado la presión fiscal en más del 25%. A esto hay que agregarle que desde el año pasado las normas impositivas han venido siendo cambiadas sorpresivamente.
La energía, base del funcionamiento de todas las actividades económicas e imprescindible para la vida de las personas, tiene precios altísimos, tanto los combustibles, los más caros de la región y de América, como la energía eléctrica. Esta política es nefasta para la competitividad de las empresas y crítica para algunos sectores, como el lácteo, muy afectado por la caída de los precios internacionales.
Las infraestructuras viales, a pesar del enorme presupuesto que gestionó el Frente Amplio, están en malas condiciones, algunas rutas directamente intransitables, por falta de mantenimiento y no pocas van quedando obsoletas. Esto no solo reduce la productividad de las actividades agropecuarias, que llega a hacerlas inviables en algunos sitios, sino que directamente impide el desarrollo de otras producciones en el interior.
La red de caminos departamentales, responsabilidad de los gobiernos departamentales, no ha sido desarrollada y adaptada a las necesidades de las producciones actuales. El gobierno nacional debió instrumentar los mecanismos para que los gobiernos departamentales pudieran estudiar, planear su modernización y ejecutar los trabajos necesarios para que estos caminos estuvieran en condiciones.
Los canales de acceso a los puertos no han sido mantenidos ni desarrollados como las actividades portuarias lo requerían y requieren. En estos días, la empresa Maersk le comunicó al gobierno que si no mantiene el canal de acceso al puerto de Montevideo con el ancho y la profundidad adecuados, se verá obligada a dejar de usar el puerto. Esta desidia en el mantenimiento y mejora del canal de acceso parece encaminada a sabotear una de las actividades más importantes del país además de incrementar, en forma importante, los costos del comercio exterior y, con ello, la competitividad. Lo mismo pasa con el canal Martín García y el acceso al puerto de Nueva Palmira.
La inseguridad y la violencia crecientes que ha venido sufriendo el país no solo afecta brutalmente la calidad de vida de los habitantes; también tiene repercusiones muy negativas para el desarrollo de las actividades económicas.
La catástrofe del sistema de educación público, en todos sus niveles, es principal causa de la pobreza y de la marginación social que hoy hay en el país. Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno la calidad de la educación ha caído enormemente, en particular luego de la aprobación de la “Ley de Educación”. No está preparando a las nuevas generaciones para desempeñarse con éxito en los trabajos que podrían haber hoy y mucho menos en los que se deberían crear en los próximos años. Las deficiencias en la formación de las nuevas generaciones no solo limitan el desarrollo de la economía e impiden su modernización y desarrollo sino que están transformándose en la principal causa de involución que se está dando en el país.
La rigidez del mercado laboral que han construido las políticas laborales del Frente Amplio es otro obstáculo para el desarrollo de la economía y es otra de las causas de la reducción de las actividades económicas.
Los aumentos de salarios desenganchados de la productividad de las personas y de las empresas son otra de las causas de la pérdida de competitividad, interna y externa, de los productos nacionales.
La conflictividad laboral, estimulada desde el MTSS, no solo es causa de pérdida de competitividad de las producciones nacionales sino que ya ha llevado al cierre de varias empresas.
El gobierno sigue viviendo en su relato e ignorando la realidad. Así, aprobó el año pasado un presupuesto “de fantasía” basado en un crecimiento de la economía y en una recaudación de impuestos desconectada totalmente del mundo real. Lo peor es que esa experiencia no les ha servido de nada; en lugar de reconocer errores, incluidos el monstruoso despilfarro del (no lic.) Sendic y sus cómplices en ANCAP, le achacan los desvíos al mundo y al descalabro de Brasil.
Para empeorar las cosas, para la Rendición de Cuentas el gobierno anunció un ajuste fiscal aumentando groseramente los impuestos.
De reducir el despilfarro de Presidencia, ministerios y demás organismos del Estado, nada.
De rebajar los salarios y otras retribuciones a los políticos, algunas de privilegio como las partidas para diarios y revistas, teléfono, etc., nada.
De reducir en forma sustancial los cargos de particular confianza en los que han colocado a correligionarios como pago por sus apoyos políticos, nada.
De eliminar la contratación de consultores, correligionarios, que elaboran informes totalmente ridículos e inservibles, como el del absurdo “puerto de aguas profundas”, nada.
De cumplir con lo establecido en el art. 59 de la Constitución que establece que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario” a pesar de que cada vez que los ciudadanos tenemos que concurrir a una oficina pública vemos que funcionan por el trabajo de algunos de sus funcionarios mientras otros conversan, nada.
De reducir los gastos de funcionamiento de las oficinas públicas, nada.
De eliminar las licencias sindicales, cuando lo lógico es que quien paga las retribuciones es la organización para la que las personas trabajan, nada.
De eliminar las contribuciones del Estado a los sindicatos, nada.
De eliminar organismos sin sentido como Pluna Ente autónomo, nada.
De cerrar el Fondes, nada.
De cerrar ALUR, nada.
De no continuar con el Antel Arena, nada.
En definitiva, todas las medidas y políticas que ha desarrollado y que plantea el gobierno del Frente Amplio llevan a la paralización de las actividades económicas y a la profundización de la crisis.
Arq. Juan Andrés Sienra
CI 998.166-3
Punta del Este (Maldonado)
+ 
