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Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). Para una nación como Argentina, habituada a los liderazgos políticos fuertes, el gran “cacerolazo” del jueves 13 fue toda una sorpresa. Se trató de una protesta masiva contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a menos de un año de su reelección con 54% de los votos, organizada a través de las redes sociales y sin líderes ni aparatos partidarios o sindicales involucrados. Pese a eso, las decenas de miles de personas que salieron a las calles de Buenos Aires y otras ciudades a batir sus ollas marcaron el desafío político más claro para la presidenta argentina en lo que va de su segundo mandato, una clara señal de que el descontento social en el país va en aumento a medida que crecen las dificultades económicas.
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Pese a las peculiaridades de esta manifestación pacífica, algunos observadores creen que existen ciertas similitudes con las grandes protestas que los agricultores argentinos protagonizaron hace cuatro años bajo el primer gobierno de Fernández o incluso con el comienzo del descontento social que 11 años atrás escaló hasta forzar la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. “Esto se parece mucho al 2008 y al 2001, cuando la gente salió a las calles por razones principalmente económicas”, dijo el sociólogo y analista político argentino Manuel Mora y Araújo.
Aclaró que la gran diferencia con el estallido de 2001 es que aquella vez hubo muertos en enfrentamientos violentos con la Policía y peronistas que buscaron desestabilizar al gobierno radical, elementos ausentes del escenario argentino actual. Pero sostuvo que la incógnita es cómo evolucionará en los próximos tiempos el malestar expresado por un sector concreto de la sociedad, en un país donde las calles suelen ser un ámbito de presión política efectiva. “En general, cuando pasan estas cosas es muy difícil si no imposible anticipar las consecuencias”, dijo Mora y Araújo a Búsqueda. “A veces esto se diluye en sí mismo, y a veces tiene consecuencias perdurables”.
“Indignados”
Algo en lo que coinciden diversos analistas es que la política económica argentina actual se ha vuelto caldo de cultivo para el enfado de muchos argentinos. Con un gasto público consolidado que trepó a 45% del PBI el año pasado y un déficit de U$S 2.900 millones en los primeros siete meses de este año, el gobierno sigue imposibilitado de recurrir a los mercados internacionales para financiarse tras el default de 2001. En cambio, ha optado por aplicar una larga lista de regulaciones económicas en procura de detener una salida de divisas al exterior que se estima que el año pasado llegó a U$S 20.000 millones. Medidas como las restricciones a las importaciones y a la compra de dólares, o el recargo de 15% a los gastos con tarjetas de crédito en el exterior anunciado recientemente, tienen un impacto directo en sectores de clase media que optaban cada vez más por sacar sus ahorros del país, ya sea para depositarlos en el extranjero o para gastarlos como turistas en lugares donde les rindieran más, incluido Uruguay.
A esto se suma una inflación anual que consultoras privadas ubican en 24%, aunque el gobierno de Fernández sostiene que solo asciende a 10%. La falta de fiabilidad sobre las estadísticas económicas oficiales de Argentina colocó esta semana al país bajo el riesgo de convertirse en el primero sometido a una declaración de censura del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el lunes decidió poner el 17 de diciembre como plazo máximo para que Buenos Aires adapte sus datos a estándares internacionales.
Esta misma semana, la agencia calificadora de riesgo Moody’s bajó la perspectiva de nota argentina de “estable” a “negativa”, citando las dudas sobre las estadísticas económicas oficiales del país (recordó que más de 20% de la deuda del gobierno está indexada a la inflación) así como un deterioro sostenido de los precios de las materias primas, una disminución de las reservas internacionales, una ausencia de ajustes para mejorar su situación fiscal y una falta de acuerdo con los acreedores del Club de París por la deuda que permanece impaga.
En este contexto, Mora y Araújo dijo que quienes tomaron las cacerolas para protestar en la Plaza de Mayo y otros puntos del país pertenecen a “una clase media que está muy afectada por las medidas del gobierno, que generalmente reacciona de esta manera cuando le tocan intereses directos”. Aunque evaluó que muchos argentinos que votaron la reelección de Fernández en octubre están hoy desconformes con su gestión, negó que estos hayan salido activamente a protestar a la calle. En cambio, indicó que los manifestantes eran más bien contrarios a la presidenta que no consiguen ver reflejados sus reclamos por parte de los partidos políticos de la oposición. “En ese sentido”, dijo, “se parece mucho a los indignados europeos”.
¿Re-reelección?
Otros analistas creen que hay factores como la inseguridad, la corrupción y sobre todo el rechazo a una posible campaña para habilitar una nueva reelección de Fernández que han pesado tanto o más que los elementos económicos en la movilización popular que acaba de presenciar Argentina. “La protesta tuvo como motivación central un reclamo político, centrado en evitar la reforma de la Constitución y un tercer mandato consecutivo de la presidenta”, sostuvo Rosendo Fraga, un analista político argentino que dirige el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, en declaraciones a Búsqueda.
La posibilidad de esa reforma constitucional ha sido manejada por simpatizantes de Fernández, aunque la presidenta hasta ahora ha evitado definir públicamente si su intención es mantenerse en el cargo más allá de su actual mandato, que caduca en diciembre de 2015. Su índice de popularidad se ha derrumbado desde el 64% que marcaba hace un año hasta un 30% actual, de acuerdo a la consultora Management & Fit. En procura de revertir este declive, la presidenta ha recurrido este año a un récord de 17 cadenas nacionales de televisión, por un total de más de 15 horas. En una de ellas lanzó a comienzos de este mes una frase que algunos tomaron como una broma y otros como una advertencia a adversarios: “Solo hay que tenerle temor a Dios… y a mí en todo caso un poquito”. El mensaje rechinó tanto entre sus críticos que varios de quienes participaron del “cacerolazo” lo hicieron con carteles que retrucaban “No tenemos miedo”.
Fraga evaluó que la viabilidad o imposibilidad de una reforma constitucional para que Fernández siga en el poder se definirá tras las elecciones legislativas que Argentina debe realizar en octubre de 2013. A su juicio, si el oficialismo obtiene en esa ocasión 50% de apoyo (o más de 40% y teje alianzas con otros legisladores, como hizo Carlos Menem en 1993) podría sumar los dos tercios de votos que necesita en cada Cámara del Congreso para llamar al cambio constitucional. Pero agregó que mucho dependerá de si la oposición, a pesar de sus diferencias, consigue sellar una suerte de compromiso de unidad en defensa de la actual Carta Magna.
Según los analistas, ha sido precisamente la falta de una oposición articulada lo que ha facilitado las cosas al gobierno argentino. El mismo día de la protesta en su contra, Fernández pareció descartar que los reclamos puedan afectarla. “Yo nerviosa no me voy a poner ni me van a poner, que se queden tranquilos”, dijo la presidenta durante un discurso en la provincia de San Juan. Sin embargo, si sus adversarios descifran adecuadamente el mensaje de las cacerolas y consiguen canalizar el creciente descontento social en el país, es posible que lo que resta del mandato de Fernández sea algo más complicado que hasta ahora.