En el documento, el equipo del FMI hace constar que si bien realizó mediciones cuantitativas del riesgo, la información que recibió de las autoridades “no era suficiente ni representativa” y objetaron la fiabilidad de la misma, por lo que la utilizó “únicamente como referencia para ilustrar o validar las mediciones cualitativas”.
A modo de descripción del sistema de lucha contra estos delitos, indica que en 2004 se produjo un “cambio político trascendente con la victoria del Frente Amplio”, cuya primera administración dio impulso al “Uruguay productivo”. Ese “enfoque contrasta” con la prioridad que gobiernos anteriores asignaron al rol del país como “plaza financiera”, añade el FMI.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo el martes 24 que Uruguay está aplicando “estándares muy elevados” para el combate al lavado de activos.
Riesgos
“Una parte importante” del lavado y financiamiento del terrorismo en Uruguay “proviene de actividades ilícitas llevadas a cabo en otros países”, afirman los expertos del Fondo.
Dicen que los “principales agentes generadores de riesgo” en Uruguay “parecen ser criminales internacionales, los cuales, en comparación con los criminales locales, son mucho más representativos en cuanto al monto de sus operaciones, su peligrosidad y su sofisticación, así como en las herramientas y tecnologías que utilizan”.
Agregan que las “causas de riesgo” de lavado y financiamiento del terrorismo más significativas identificadas “tienen que ver con aspectos sobre los cuales el país tiene poca injerencia, como son su geografía, el desarrollo de la criminalidad internacional y el modelo jurídico-económico” de las naciones vecinas.
“La problemática de la informalidad constituye la principal dificultad del sistema económico uruguayo para aplicar debidamente los controles” frente a ese tipo de delitos, “particularmente cuando se trata de operaciones de clientes argentinos y brasileños”, remarca el equipo del Fondo.
En el documento asignan un orden a los sectores o actividades con mayor “riesgo” y que “más impactan” al sistema económico desde la perspectiva del lavado de dinero: comercio exterior; financiero; turismo; inmobiliario/construcción; agroindustrial; deportes; servicios profesionales; casinos; asociaciones público-privadas; y fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Sobre el comercio exterior, señalan que la “principal deficiencia es la incapacidad de la Aduana para ejercer los controles y evitar la corrupción y las malas prácticas” en el sector. Eso hace que los “criminales puedan mezclarse con relativa facilidad con los negocios lícitos”, afirman.
Según el FMI, la “corrupción generalizada en el ámbito de los funcionarios aduaneros y en menor medida en el de los despachantes aduaneros, representa también un factor que puede ser aprovechado por quienes quieran cometer delitos” a través de operaciones de comercio exterior. También afirma que las zonas francas pueden ser “un instrumento del cual abusen los delincuentes”.
En cuanto al análisis de los “autores” y su combinación con las actividades, el diagnóstico determinó que las más riesgosas son “turismo-representante”, “deportes-representante” y “deportes-dueño”.
A su vez, las “modalidades” de mayor riesgo son “deportes-invierten”, “deportes-justifican”, “inmobiliario/construcción-convierten” activos, “inmobiliario/construcción-justifican” y “comercio exterior-transfieren”. El concepto de inversión es asociado en el documento al propósito de “ocultar u oscurecer” capitales, y el de justificar a la idea de “simular”.
“El fútbol es un escenario vulnerable al lavado de dinero por sus dificultades económicas, falta de management profesional y las altas sumas de dinero involucradas en las transacciones”, señala el FMI en el reporte. En Uruguay existe un “complejo y oscuro mercado de derechos que escapa al control estatal”, que incluye transacciones “extraoficiales, no registradas, publicitadas ni controladas, pagos internacionales, rentabilidades importantes y poco sustento documental”, enumera en el documento.
El sector inmobiliario y de la construcción tiene una “fuerte tradición de anonimato y secreto”, afirma el organismo. Por otro lado, los precios “suelen ser fáciles de manipular, por ser de alto valor de difícil verificación”.
Como “modalidades especiales” de mayor riesgo son identificadas en el estudio las “personas que lavan activos mediante la constitución de sociedades a cuyo nombre se realizan operaciones bancarias y negocios relacionados con inmuebles”, en primer lugar. Luego las “personas que utilizan la jurisdicción para transferir activos ilícitos a/desde otra”, y en tercer orden, las “personas que lavan dinero” del contrabando.
El análisis referido a los controles mostró que el único sector en el cual los mismos son “fuertes” es el financiero. En los demás son “medianos”, salvo turismo y asociaciones, fundaciones y ONG, en los cuales los mismos son “débiles” según el FMI. El reporte cita la evaluación de uno de los expertos entrevistados acerca de los controles en el deporte: “Son completamente inoperantes”.
Narcotráfico, contrabando y trata de personas.
En el reporte se describen los “principales delitos precedentes del lavado de dinero que se cometen en Uruguay”.
Por un lado, señala que si bien existe consenso entre los expertos de que en Uruguay no hay una producción relevante de drogas, éstos reconocen que es un país de tránsito (por su ubicación estratégica) como de venta para el consumo de estupefacientes. “La mayor vulnerabilidad frente al narcotráfico se relaciona con las debilidades de los controles aduaneros y portuarios”.
Por otro, remarca la existencia de una “tradición contrabandista histórica en el país que ha permitido el desarrollo y consolidación de una buena logística para la comisión de este delito”. Los expertos consultados por el equipo del FMI opinaron que el contrabando en Uruguay es un delito que se comete “a gran escala”.
Otro delito asociado al lavado y financiamiento del terrorismo mencionado en el diagnóstico es la trata de personas y el proxenetismo. Al respecto, en el informe se indica que Uruguay es fundamentalmente un “país de fuente y tránsito” de hombres, mujeres y menores con el fin de la explotación sexual comercial y trabajo forzoso.
En cuanto a la corrupción, el Fondo observa que “si bien Uruguay es percibido como el país menos corrupto de la región, los expertos consideran que hay sin embargo muchas sospechas y varios casos no investigados. Existe corrupción vinculada al contrabando y a la droga pero también hay sospechas” conexas con el “manejo de grandes proyectos/asociaciones público-privadas”, amplía.
“Más que organizaciones hay redes que facilitan el trabajo de delincuentes. En muchos casos, dichas redes incluyen servicios lícitos brindados por profesionales que asisten al cliente/delincuente sin conocimiento de la actividad delictiva o con poco interés por interiorizarse de los asuntos del mismo”, subraya el equipo de evaluación en otro pasaje de su reporte.
La “zona de riesgo” en torno a esos servicios la conforma un “número limitado de estudios (aproximadamente 20) que se dedican a la constitución, venta y eventualmente administración de herramientas societarias de diversos tipos” en el país. Dichos estudios son responsables de un alto porcentaje (superior al 95%) de sociedades creadas en Uruguay recurriendo a “mecanismos no previstos en la legislación”, consigna. Y agrega: “Desde el 2005, en todos los casos en que se detectó lavado de dinero con cierto grado de organización, se verificó la utilización de herramientas societarias. En todos los casos, también, se trató de sociedades creadas por los estudios, sea directamente o a través de un profesional intermediario”.
La práctica de estos servicios es “una tradición en el país” y se basa en el “aprovechamiento de la cultura del secreto, la cual durante mucho tiempo fue promovida políticamente y tolerada socialmente”, sostiene el FMI en su informe.
Añade que “el régimen jurídico tiene ciertas particularidades, como las acciones al portador y ciertas estructuras societarias, que permiten usos muy creativos del mismo para generar opacidad y evitar la trazabilidad de las transacciones”.
“La evasión impositiva no es delito precedente de lavado de dinero en Uruguay y las autoridades uruguayas no exigen el rechazo de operaciones vinculadas a la evasión impositiva en otros países. Por lo tanto, existe en el sistema uruguayo un alto manejo de recursos provenientes de la informalidad en otros países”, señala en el documento.
¿Dónde y cuándo?
Desde el punto de vista geográfico, los mayores riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se concentran en Montevideo, según el estudio del FMI. Eso porque la capital sigue siendo el centro financiero y de negocios, explican sus autores. También los servicios societarios, contables y jurídicos se centralizan en Montevideo.
Maldonado, y en particular Punta del Este, tiene un “perfil especial” pues concentra actividades turísticas, casinos e inmobiliarias. Colonia presenta características similares, aunque de menor importancia, consignan en el informe.
El riesgo relacionado con la actividad agroindustrial está “bastante disperso” en el territorio uruguayo, señala el equipo de evaluación.
Desde el punto de vista temporal, su análisis no identificó épocas del año más relevantes que otras en términos de riesgo para los delitos de blanqueo de dinero, salvo el verano. En esa estación hay una “gran afluencia de turistas y, por lo tanto, incide en el transporte de dinero en frontera, el casino, el turismo y en alguna medida también el inmobiliario”, explican. También señalan que el final del verano se caracteriza por ser la época de cosecha de la mayor parte de los productos agrícolas y una de las más fuertes para la venta de ganado.
