El coraje de una peso pluma

Les molestó que esta hija de un funcionario policial de Rivera —quizá porque de su padre mamó cuál debe ser el comportamiento adecuado de la policía—, les reprochara que corrió el riesgo de ser embestida con el vehículo oficial. Los funcionarios estaban distraídos. Miraban a una mujer con espíritu seductor. Sofía lo reprochó públicamente a viva voz y los dejó en evidencia. Eso despertó el machismo y generó una destemplada reacción.

No hay dos opiniones sobre lo ocurrido. La filmación de una vecina es elocuente. Luego el Ministerio del Interior cuestionó la actitud de los funcionarios y dijo que informará a la Justicia. Está bien lo judicial, pero en el terreno administrativo debería cesarlos e indagar las razones sobre la pasividad de la Comisaría de la Mujer. Estos abusos siempre forman parte de una cadena cuyos eslabones están integrados por falta de controles, desinformación, temor y formación inadecuada, entre otros.

Algunos pueden considerarlo un hecho menor pero conduce a otros razonamientos merecedores de un análisis más profundo que, por extensión, trasciende esta columna.

En Uruguay el total de funcionarios policiales —según las altas y bajas de cada momento— oscila en 30.000 efectivos, un número que envidia la amplia mayoría de los países de la región. El último dato disponible (Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014) indica que con 876,4 policías cada 100.000 habitantes Uruguay tiene la tasa más alta entre 12 países latinoamericanos. Según el Ministerio del Interior, 81% de los funcionarios son ejecutivos (como los dos que agredieron a Sofía), 9% administrativos, 6% especializados, 2% técnico-profesionales y otro 2% reviste en el subescalafón servicios. El promedio de América Latina es de 368 policías cada 100.000 habitantes. Uruguay supera incluso el de países más desarrollados como Estados Unidos y Canadá, cuyo promedio es de 223 y 202 policías, respectivamente, cada cien mil habitantes.

Situaciones como las de Sofía son más frecuentes de lo que podemos imaginar pero no todos/todas tienen el coraje de enfrenar la prepotencia como lo hizo esta panadera peso pluma ante dos pesos pesados. Salvo cuando discuten cuestiones partidarias o los cobijan organizaciones, los uruguayos son timoratos. Cobardes para dar la cara si el asunto no es políticamente correcto. Si las protestas —con firmeza, argumentos y sin insultos— fueran más habituales, algunas cosas no ocurrirían.

Con hechos como ese, con policías escondidos dentro de los patrulleros en calles laterales para tomar mate, más ocupados en hablar por los celulares, enviar mensajes o resolver jueguitos, y con otros que si oyen un lío en el norte tuercen hacia el sur para evitar riesgos, se puede entender la ineficiencia del combate contra la delincuencia. Como vimos, el número de efectivos es tan importante que descalifica al gobierno cuando, para justificar la seguridad en Uruguay, compara la delincuencia local con la de otros países de la región cuyo número de efectivos es mucho menor. Argumenta, por ejemplo, que la delincuencia es mayor en Argentina, Brasil o México y tienen casi la mitad de policías que Uruguay.

Hace un tiempo la diputada nacionalista Graciela Bianchi criticó al Ministerio del Interior porque no logra resultados positivos en el combate contra la delincuencia pese a disponer de ese número de policías.

Cierto es que varios centenares viven en barrios marginales y por ello se ven indirecta o directamente presionados por bandas de delincuentes y sus familiares.

El desempleo en diversos sectores determinó que personas con un nivel superior al habitual, varios con título universitario, buscaran un salario seguro incorporándose a la fuerza policial.

El salario de un policía de segunda oscila hoy en $ 25.000 nominales y en el caso de que opten por realizar 50 horas de servicio 222 de vigilancia privada el ingreso mensual puede trepar a $ 30.000. Está claro que esa duplicidad de trabajo aumenta el cansancio y merma en rendimiento.

En encuestas internacionales la policía uruguaya goza de un lugar destacado en la confianza de los ciudadanos. Con los antecedentes reseñados en algún lado se producen los baches de eficiencia y los desbordes de prepotencia. Ni una cosa ni la otra parecen fáciles de solucionar y menos ahora que todas las baterías apuntan a la campaña electoral.