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Desde el “índice torta frita”, el precio de la hamburguesa Big Mac (de la cadena estadounidense McDonald’s), hasta la suspensión del pago de la deuda externa, pasando por los cargos de confianza en el gobierno y la eliminación de instrumentos de transparencia y acceso a la información pública, fueron parte de la larga lista de debates que se generaron entre el martes 13 y el miércoles 14, cuando la Cámara de Diputados puso a consideración el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas que habilita el incremento del presupuesto en U$S 70 millones. La norma fue votada en general solo con los votos de la bancada del Frente Amplio, a pesar de que luego gran parte de sus 338 artículos recibieron el apoyo de legisladores de la oposición.
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El diputado frenteamplista Oscar Groba —quien fue el informante por la mayoría— explicó que el proyecto plantea aumentos presupuestales de forma “prudente, responsable y con el fin de mantener los equilibrios macroeconómicos”. Por eso hizo énfasis sobre los reclamos salariales de los gremios de la educación, a quienes les pidió que valoren los esfuerzos hechos hasta el momento y les garantizó que se seguirá trabajando para mejorar su situación porque “ni el gobierno ni el Frente Amplio, jamás se mantendrán conformes”.
El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala opinó que el gobierno “perdió la sensibilidad” sobre los reclamos sindicales y que en vez de buscar soluciones “apostó por la confrontación”. También cuestionó las políticas económicas, que a su juicio no han controlado los aumentos de precios (inflación) que derivaron en que el país se haya encarecido sustancialmente afectando a los más pobres.
En esta línea el diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky citó el “índice Big Mac” —creado por la revista británica “The Economist”— para argumentar “lo mal que compara” el país con la región y el mundo. Esto generó el debate con el oficialismo. El diputado Alejandro Sánchez remarcó que no estaba dispuesto a debatir sobre el precio de la hamburguesa Big Mac porque no lo consideraba serio. “Si quieren hacemos el índice torta frita, pero no me parece un planteo serio”, dijo, y defendió la política económica del gobierno. Gloodtdofsky insistió en criticar el proyecto ya que consideró que tiene varias falencias, por ejemplo en recursos para la seguridad del país como radares, y capacidad de operativos de rescate y salvataje.
Hoy jueves 15 la Cámara retomará el debate para los artículos que restan discutir y votar. Luego el proyecto pasará a ser analizado por la Cámara de Senadores.
La oposición cuestionó en varias ocasiones el aumento de los cargos de confianza en los dos gobiernos del Frente Amplio. Incluso durante el análisis de la Rendición de Cuentas para encontrar fondos para redirigir hacia la educación y atender los reclamos salariales el Partido Nacional planteó que se recortaran cargos de confianza para cumplir con la demanda sindical.
Ese planteo fue rechazado por el oficialismo. Sánchez lo catalogó de “demagogo” y argumentó que la oposición hace una lectura “tramposa” y “distorsionada” de los cargos de confianza. Allí expuso que el gasto en salarios del gobierno en esos cargos “solo representa el 0,023% del producto bruto Interno”. “Lo que hacen es discutir chirolas, están hablando pa’ la barra”, reafirmó el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP), que acusó a la oposición de “hacer cálculos” con “calculadoras que andan más”.
El diputado explicó que los 49 cargos de confianza nuevos creados por el Frente Amplio implican el avance de los civiles en el ámbito militar y en el policial, ya que en su mayoría son dentro del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, donde antes eran muy pocos los funcionarios no militares. “Es un poder que debe ser liderado por civiles, no militares”, subrayó.
En otro intento de búsqueda por mayores recursos el diputado del Partido Nacional José Carlos Cardozo preguntó al oficialismo por qué no reflota su idea de suspender el pago de la deuda externa para destinar ese dinero para la educación, salud y otros sectores. “Cuando eran oposición ese era un reclamo central en sus dichos y lo dejaban plasmado en cuanto muro había por el país. Hoy no es un tema que esté en los muros ni en el debate del gobierno frenteamplista. Allí hay mil millones de dólares para repartir y dejaría en ridículo el debate sobre todos los recursos aquí analizados”, dijo.
El diputado socialista Yerú Pardiñas respondió que el tema de la deuda externa sigue siendo un tema sensible para su fuerza política. “No es ningún cuco ni monstruo de siete cabezas”, aclaró. Luego afirmó que la mitad de la actual deuda la recibieron de los gobiernos blancos y colorados anteriores, y que el Frente Amplio se encargó de mejorarla. Indicó que en 2004 la deuda externa en moneda nacional era el 11% del total y el 89% era en dólares. En 2013 la deuda en pesos uruguayos pasó a ser el 59% y la tasa de interés bajó de 7,1% en Unidades Indexadas (UI) a 4,1% en UI.
“Esto es un manejo responsable y que da soberanía al país, en el cual se sigue trabajando y mejorando”, remarcó. Ante ello Cardozo replicó que entiende la justificación de un diputado cuyo candidato es asesor del Fondo Monetario internacional (FMI), en referencia al ex presidente Tabaré Vázquez.
Con el debate en uno de sus picos de intensidad, el oficialista Gustavo Bernini pidió la palabra y agradeció a la oposición por poner el tema en el debate ya que la sesión estaba siendo “bastante aburrida”. Allí defendió a Vázquez, de quien opinó que será el futuro presidente. Consideró que la “picaresca” asociación del ex mandatario con el FMI es interesante ya que por su carácter de oncólogo, “si consideramos al FMI como un cáncer, pueda extirparlo”.
Bernini dijo que sería “una locura” dejar de pagar la deuda externa ya que la mayor parte está en manos de las AFAP, que manejan fondos de los uruguayos. Destacó que se logró mejorar el perfil de la deuda y evitar que los organismos internacionales impongan condiciones.
Los artículos vinculados a las modificaciones de la ley de acceso a la información desataron un largo debate ayer miércoles. Allí se limitan los pedidos de datos a los organismos públicos, lo que para la oposición persigue un fin de “ocultamiento”. Para el Frente Amplio es una decisión que pretende resguardar las estrategias comerciales de las empresas públicas en competencia con privados.
