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Delpiazzo dice que nunca aprobó la garantía de Eurocommerce que presentó Cardama e insistió en sus “desprolijidades”
Si bien las primeras prórrogas otorgadas por el gobierno al astillero para que consiguiera avales fueron medidas de “buena administración”, sus ampliaciones hasta cubrir 11 meses podrían “haber excedido un poco la razonabilidad”, dijo José Miguel Delpiazzo
En su rol de asesor del Ministerio de Defensa, el estudio Delpiazzo Abogados fue un testigo privilegiado del proceso que derivó en la firma del contrato millonario entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas océanicas (OPV, por sus siglas en inglés). Aunque con una participación menos intensa y a demanda, también colaboró durante una de las etapas más polémicas de la puesta en marcha del proyecto: la aprobación de dos garantías que debía obtener el astillero español para que el contrato entrara en vigor.
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Durante su participación en la comisión investigadora parlamentaria que analiza, entre otras cosas, la contratación de Cardama, representantes de Delpiazzo explicaron el alcance de su intervención en el caso. Así, sostuvieron que no tomaron parte en las decisiones vinculadas con las prórrogas que otorgó el gobierno de Luis Lacalle Pou al astillero para que consiguiera las garantías y subrayaron que el estudio no aprobó el aval de Eurocommerce Bank.
Los representantes de Delpiazzo Abogados reiteraron su postura de que el astillero se comportó de manera “desprolija” durante el proceso y que, en ocasiones, el gobierno tomó decisiones a pesar del asesoramiento contrario del estudio.
Representantes del estudio Delpiazzo en la comisión investigadora sobre el tema Cardama.
Mauricio Zina / Adhoc FOTOS
Las extensiones
Tras la firma del acuerdo con el gobierno por 82 millones de euros en diciembre de 2023, la empresa española tenía 45 días para constituir una garantía de fiel cumplimiento (por 4,1 millones de euros) y otra de reembolso (por 8,2 millones de euros). Sin embargo, le tomó 11 meses y casi una decena de propuestas.
La extensión de los plazos contó con la anuencia del Poder Ejecutivo. La primera prórroga de 30 días otorgada por el Ministerio de Defensa, en marzo de 2024, “está dentro del marco de buena administración”, evaluó en la comisión el abogado José Miguel Delpiazzo, quien estuvo al frente del trabajo del estudio en ese tema. También consideró razonable la siguiente extensión por un plazo de 10 días.
En cuanto a las posteriores prórrogas, evitó responder a la pregunta de si fue una práctica de “buena administración” o no, en parte porque la contratación de Cardama es investigada por la Justicia tras una denuncia del gobierno en fiscalía. Por eso, se limitó a decir sobre las sucesivas ampliaciones del plazo: “Entiendo que eso ya podría haber excedido un poco la razonabilidad —por decirlo de alguna manera— en torno a la demora esperada para constituir garantías”.
Delpiazzo aseguró que, tras la primera prórroga y su posterior extensión, el estudio no supo formalmente que el ministerio hubiese dado otras ampliaciones hasta setiembre.
Cardama Faro de Vigo
El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.
Marta G. Brea / Faro de Vigo
En ese plazo, sin embargo, hubo gestiones de Cardama para conseguir que el gobierno aceptara posibles garantías. El 9 de julio presentó un borrador de un aval emitido por una sucursal en Camerún del banco Société Générale que fue enviado para el control del estudio. Delpiazzo recordó que planteó al ministerio en ese momento que el draft, por ser tan básico, “no podía ser ni objeto de análisis” y que el plazo para constituir las garantías estaba vencido.
En intercambios que mantuvo con las autoridades en julio y setiembre de 2024, José Delpiazzo sostuvo que “entendía que se había verificado la condición de no entrada en vigor y que, por lo tanto, correspondía así declararlo y, sin embargo, se accedía a dar una prórroga adicional, consideración que no me compete a mí, sino que se tomaba directamente de manera interna dentro del Ministerio de Defensa Nacional”, según relató en la sesión de la comisión del lunes 15.
El estudio llegó a redactar, a pedido del ministerio, el 28 de agosto de 2024, una comunicación dirigida al astillero sobre la no entrada en vigor del contrato. Hacía cinco meses que había vencido la última prórroga “formalmente concedida” a Cardama, según Delpiazzo. “Se envió la nota y no sé la razón por la cual no se comunicó”, relató.
Las garantías de Eurocommerce Bank
El abogado sostuvo que las autoridades tampoco siguieron recomendaciones sobre la garantía de fiel cumplimiento que emitió Eurocommerce Bank, que quedaría después en el centro de la polémica. “Hicimos sugerencias en cuanto al plazo de la garantía que era menor al debido. No era exactamente a primer requerimiento y no se valoraron, por no haberlas recibido, las condiciones generales de esa póliza. Eso se observó en dos situaciones y, finalmente, habría sido aceptado internamente por el Ministerio de Defensa Nacional a pesar de la sugerencia que estaba documentada”, describió Delpiazzo.
El abogado añadió ante la consulta específica de un legislador: “Concretamente, sobre si hubo una aprobación a la garantía de Eurocommerce, no, no hubo una aprobación del estudio efectivamente a las garantías de Eurocommerce. Se hicieron algunas observaciones que habrían sido aceptadas por el Ministerio”.
Delpiazzo dijo que, en un correo dirigido a las autoridades, el estudio sostenía que se podrían aceptar las variantes incluidas en el borrador de garantía, pero que dependía del ministerio definir si era “pertinente” hacerlo. “Lejos estuvo de nosotros haber recomendado aceptarlo o no. Simplemente se manifestaba como alternativa que podría haber tenido el Ministerio de Defensa Nacional si así lo resolvía”, subrayó.
Cuando el gobierno de Yamandú Orsi quiso ejecutar la garantía de Eurocommerce Bank en octubre de 2025 detectó que la dirección que lucía en el aval era falsa y que la empresa parecía ser “de papel” y no tener actividad real. De hecho, la compañía sería eliminada del registro público del Reino Unido meses después por diversos incumplimientos básicos.
Las desprolijidades de Cardama
En su intervención en la comisión parlamentaria, Delpiazzo aseguró que mantenía su mirada crítica sobre la conducta de Cardama a lo largo del proceso que derivó en la aceptación de las garantías. Búsqueda informó en febrero que el estudio había advertido que la documentación que había presentado el astillero sobre Eurocommerce Bank haría que lo descalificaran de una licitación.
“Me animo a hacer una valoración, porque está (sic) los documentos, que hice en su momento, no recuerdo exactamente la fecha: si yo me presento a una licitación con una garantía como la que se había presentado, probablemente quedaba fuera de la licitación”, reiteró el abogado ante los legisladores.
En otro intercambio, defendió su postura de que el accionar de Cardama fue “desprolijo”, como aseguró a las autoridades del ministerio en un intercambio de WhatsApp. Afirmó que llegó a la conclusión por varios motivos, entre ellos que “fueron nueve las opciones de garantías de fiel cumplimiento que se presentaron a lo largo del procedimiento, con los plazos vencidos, o se presentaban el último día de la prórroga otorgada y sin las formalidades básicas que tienen que tener”.