El derecho a una muerte digna

Si esa propuesta se convirtiera en ley legalizaría la eutanasia al establecer que el médico que la practique, o quien colabore para poner fin a la vida de una persona con una enfermedad terminal, no cometen los delitos de homicidio (artículo 310 del Código Penal) ni de asistencia al suicidio (artículo 315 del Código Penal).

Por esa razón el proyecto considera que llegó el momento de que “la sociedad asuma colectivamente” la responsabilidad legal por los enfermos terminales o “agobiados por sufrimientos insoportables”. Generaliza “la sociedad” porque todos han pasado personalmente o a través de familiares y  amigos por ese calvario.Una nueva ley colocaría al gremio médico ante la disyuntiva de modificar el Código de Ética Médica de 2014 porque su artículo 46 se opone a la eutanasia activa. Se abriría un debate preñado de ingredientes bioéticos sobre una realidad  que todos los médicos conocen aunque la practiquen entre cuatro paredes. Seguramente se sumará la Iglesia católica. El Papa Francisco insistió el año pasado: “La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos”.

El abordaje jurídico no es nuevo. Se inició con el Código Penal de 1934, que exime de responsabilidad penal a quien cometa un homicidio “por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”. Uruguay fue el primer país de Iberoamérica en establecerlo de la mano del jurista José Irureta Goyena.

Sin embargo, debido a lo espinoso del tema o a dificultades para probar las “súplicas reiteradas” solo se aplicó en una ocasión en los 86 años transcurridos, por lo que vale reseñarlo con el expediente en la mano 1.

Desde 1994 Angélica tenía padecimientos insoportables. Sufría una enfermedad terminal agravada por ocasionales pérdidas de lucidez. Pese a ello, sentía en carne propia su dolor y el costo físico y emocional de su familia, que vivía en Las Piedras.

Todo el peso de su cuidado recaía sobre Gladys, su hija, y su esposo, Héctor, de 78 años. Al promediar la mañana del 1º de noviembre de 1995 Gladys estaba en la cocina cuando escuchó un extraño golpe seco. Corrió pensando que su madre se había caído de la cama y al llegar la vio exánime con un orificio sobre la sien derecha del cual manaba un hilo de sangre. A su lado, con la mirada perdida, Héctor accionaba una y otra vez el gatillo de una pistola Browning con la que apuntaba a su cabeza. Corrió a la calle en busca de auxilio y un vecino lo convenció de que se la entregara.

Gladys, Héctor, otros familiares, vecinos y un médico declararon que Angélica reclamaba constantemente: “Hagan algo para terminar con este sufrimiento”. Suplicaba: “Quiero morir”. Bello relató que antes de lo ocurrido habían acordado esa salida fatal.

El ministro del Tribunal de Apelaciones Penal, Luis Charles, era entonces juez de Las Piedras. Luego de interrogar a familiares y testigos coincidió sin dudarlo con la fiscal María del Huerto Martínez en que Héctor debía quedar libre. Se daban todas las condiciones del artículo 37 del Código Penal: “Los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”.

En las décadas transcurridas algunos abogados intentaron que los jueces aplicaran ese eximente en otros casos, pero no lo lograron.

Durante esas décadas muchos médicos “aceleraron” la muerte de enfermos terminales mediante una “sedación paliativa”, un eufemismo que químicamente conduce a la muerte. Quienes lo practican asumen el riesgo de ser enjuiciados por homicidio o por asistir al paciente a suicidarse.

En 2009 se registró un cambio. Se votó la Ley Nº 18.473, reglamentada en 2013. Estableció un “testamento vital”, la expresión voluntaria de una persona sobre su vida. Todo mayor de edad psíquicamente apto, en forma voluntaria, consciente y libre, con su firma y dos testigos tiene derecho a oponerse a tratamientos y procedimientos médicos para prolongar su vida cuando padezca una patología terminal, incurable e irreversible.

Solo eso. Ahora este proyecto deja las cosas claras. Dice que “está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayude a darse muerte”.

También establece que el médico deberá solicitar una segunda opinión profesional y describe los pasos a cumplir, que incluyen una entrevista con el paciente para conocer de su boca su voluntad de poner fin a su vida. El proyecto se apoya en “la dignidad y la libertad de la persona” establecidas en los artículos 7 y 72 de la Constitución.

“La respuesta mínima que el Estado (las leyes) debe dar a estos casos de dolor y angustia consiste en no castigar a los médicos que libremente acepten ayudar a quienes en las circunstancias y con arreglo a los procedimientos que la ley determina les piden asistencia para dejar de vivir”, señala la exposición de motivos.

La filosofía del proyecto es transversal y podría recibir el respaldo de otros partidos aunque se propongan agregados o modificaciones.

La presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, la oncóloga Adriana Della Valle, dijo a EFE que el proyecto “no tiene pies ni cabeza”, que los autores no los consultaron y que se centra solo en sacarle culpabilidad a los médicos y no en garantizar la dignidad final de los pacientes.

El debate está servido.