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    El desborde de una jueza

    Sr. Director:

    El jueves pasado en Cartas al Director, y una semana antes en lo que ella definió como Carta abierta en la página web de Búsqueda, la jueza penal Ana de Salterain buscó descalificar mi columna El desborde de una jueza. Su contenido refería, en esencia, al uso indebido y ofensivo como representante del Poder Judicial de plantear en Facebook una cuestión institucional: criticó con términos insultantes al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, su trabajo y el de sus subalternos (Búsqueda 1.932).

    Un experimentado juez me comentó que lo de De Salterain al lado de las frecuentes actitudes despectivas de Bonomi hacia el Poder Judicial es peccata minuta (falta pequeña). Lo es en términos contables. Pero una cosa son las actividades políticas de un gobernante y otra las de quien cuestiona en representación del Poder Judicial. Esta cuestión no solo refiere a Bonomi, porque se extiende a varias áreas.

    Sus rectificaciones no desvirtúan lo central de mi columna aunque, para disminuir su responsabilidad, argumente que se disculpó luego de que la Suprema Corte de Justicia le solicitó informes sobre ese Facebook.

    Supone De Salterain que por esa disculpa —que luego relativizó— la prensa debería olvidar, ocultar o no comentar un hecho sin precedentes que erosionó el estilo, la relación institucional y el prestigio que el Poder Judicial intenta consolidar frente a los otros poderes del Estado. Incluso para confrontar con Bonomi.

    Considera que formular comentarios periodísticos luego de que ella se disculpara es “extemporáneo”. Parece sentirse impune e inmune convencida de que sus superiores, colegas y medios actuarán como Pilatos y seguirá tan campante.

    Es necesario recordar que luego de la disculpa, el lunes 14, volvió a la red social para aclarar que se equivocó en la forma y el medio de dirigirse a Bonomi, pero no en el contenido. Aprovechó para embestir contra integrantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay a quienes tildó de “enemigos” por haber contradicho su primera publicación en Facebook. Con un razonamiento autoritario concluye que son amigos quienes opinan como ella y “enemigos” quienes discrepan.

    Con igual filosofía cuestionó la ética periodística de los medios por informar sobre un hecho que ella misma generó y que sigue alimentando. Pretende marcar los tiempos y el contenido de lo que se publica, también como en los regímenes totalitarios. Entonces, ¡cómo dar por terminada la cuestión! Como magistrado penal, sus antecedentes, irritabilidad y comportamiento presente y pasado son potencialmente negativos para los justiciables. También, obviamente, en los juicios que involucren a periodistas dentro del marco de lo que expresó Claudio Paolillo en La judicialización del periodismo (Búsqueda 1.932).

    En suma, no se trata solo del comentario sobre Bonomi y sus subalternos. Se trata de la libertad.

    Se molesta porque escribí que tiene 55 años de edad cuando tiene 54. Es verdad. En ese momento tenía 54 años y 10 meses. Cumple 55 años el 17 de octubre.

    Me corrige señalando que no es juez penal de 7º turno sino de 11er Turno. También le asiste la razón.

    Reivindica tener una experiencia de 20 años en la materia penal y no dos, como expresé. Relata que esos 20 años fueron en el interior mediante sustituciones ocasionales y/o durante ferias judiciales y revela que llegó a trabajar “incluso sin fiscal”. ¡Sin fiscal! En la materia penal un juez no puede actuar sin fiscal, que es parte actora del proceso. Debió denunciarlo. En cambio se lo ocultó al Ministerio Público y a la Corte.

    La única verdad es que trabaja en Penal a tiempo completo —con las complejidades de Montevideo— desde el 20 de abril del año pasado. Había cumplido 16 meses en esa función cuando se produjo su explosión en Facebook. Varios de sus colegas en Penal, por ejemplo, Nelson Dos Santos, Carlos García Guariglia, Fanny Canessa y Ricardo Míguez llevan bastante más de 10 años desempeñando ese mismo cargo, trabajando con la policía con sus carencias y a ninguno se le ocurrió igual despropósito. Los hechos son siempre los hechos y no los que quisiéramos, aunque se pretenda emular a los magos con maniobras de distracción para que no se note el truco.

    De cualquier manera, tener un año más o uno menos de edad, un error en el número de su Juzgado y contabilizar su experiencia son aspectos de segundo orden comparados con sus antecedentes laborales, su temperamento y su irrefrenable uso de las redes sociales.

    Para mi asombro y desconcierto —como le ocurrió a algunos jueces que me lo comentaron en reserva— sostiene en su carta de la semana pasada que los ministros de la Suprema Corte de Justicia en el momento de su traslado de Civil 8º (Jorge Chediak, Elena Martínez, Jorge Larrieux, Ricardo Pérez Manrique y Felipe Hounie) le pidieron que continuara trabajando en esa materia. “Los ministros no querían que me fuera de Civil, (…) intentaron convencerme de que me quedara en Civil porque era buena juez civil…”, dice. Pero una Junta Médica y un juez sumariante lo consideraron inconveniente.

    Niega haber sufrido el “desajuste profesional” que le atribuí y que originó su traslado. Rechaza que haber pasado a juez suplente haya sido una “degradación”. Le guste o no, cuando una persona tiene problemas en su trabajo se los puede definir como “desajustes”, como los califiqué con extrema generosidad. En cualquier profesión u oficio una rebaja en el grado, cargo o salario, aún a su pedido o por recomendación de una junta médica, es una degradación.

    Quizá mis fuentes se equivocaron al informarme, leí mal algunos documentos, o por incapacidad no entendí. Si el error fue mío, desde ya me disculpo. Pero habrá que demostrarlo.

    Por fortuna para el ciudadano, en los tiempos que corren el oscurantismo judicial parece haber desaparecido. Los ministros han defendido la transparencia como un cimiento de la democracia. “Los jueces de los jueces son los ciudadanos, por lo cual todo tiene que ser lo más transparente posible”, comentó Chediak este lunes en La mañana de El Espectador.

    La Ley Nº 18.381 (de Derecho de Acceso a la Información Pública) nos debe permitir acceder a la verdad: las inspecciones en los juzgados que De Salterain tuvo a su cargo; los informes de los jueces que la subrogaron en Civil 8º sobre cómo dejó el Juzgado; si existieron denuncias o quejas de personas que tenían expedientes en ese Juzgado (incluido el Colegio de Abogados del Uruguay); la investigación ordenada por la Corte que llevó adelante como sumariante el ministro de un Tribunal Civil, Álvaro França; las actas de los Acuerdos de la Corte referidas a su cese en Civil 8º con las instancias de deliberación y las resoluciones, y los dictámenes médicos sobre su estado de salud a los que ella misma refiere. Allí está la única verdad.

    En más de una ocasión me ha invadido la conmiseración, ese sentimiento de pena por el pesar de otro. Al comienzo de este caso así ocurrió, pero De Salterain lo expulsó con sus reacciones, su insistencia, sus medias verdades y sus respuestas destempladas en lugar de pedir ayuda o de que alguien se la ofreciera.

    Antes de remitir sus cartas me envió una decena de e-mails. Su insólito y ofensivo contenido es reservado pero me ofende y agravia. Abusando de la reserva lo que reitera este miércoles en otros dos e-mails desafiándome a que le responda sus cartas.

    Benjamin Franklin sostenía que “hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y conocerse a uno mismo”. El acero y los diamantes son menos duros que admitir la realidad y conocerse.

    Raúl Ronzoni