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La conversación en el despacho de Danilo Astori junto a sus técnicos fue “tensa”. Los dos analistas de Moody’s hacían una pregunta y enseguida venía un retruque de parte de los asesores del ministro, para señalar lo que ven como fortalezas y destacar las acciones que lleva adelante el gobierno ante el deterioro de la economía uruguaya, según los relatos que recogió Búsqueda.
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Lo que estaba sobre la mesa en dicha reunión, ocurrida el pasado martes 24, es que si bien la deuda pública uruguaya conservará la calificación, quizás su perspectiva pase de “estable” a “negativa”. Esa sería una señal de debilitamiento de la nota que inquieta a las autoridades económicas, y así se lo hicieron ver a los visitantes.
Los analistas de Moody’s estuvieron varios días en Montevideo, hasta el pasado jueves, para recabar información como parte de la revisión de la nota uruguaya (“Baa2”, dos escalones dentro del grado inversor o investment grade). Pocas semanas antes habían estado técnicos de otras agencias y organismos internacionales.
El proceso de revisión de la nota que hace Moody’s terminará probablemente a mediados de julio, cuando se someta a votación en un comité de deuda soberana. Allí los dos analistas que llegaron a Montevideo tendrán un voto cada uno, en un número total que usualmente es de siete o nueve, incluidos los de varios jefes de región. En general es difícil anticipar qué surgirá de esas instancias.
La delegación de Moody’s fue informada por las autoridades de que se espera un deterioro fiscal mayor hasta mediados de año. De hecho, eso es lo que mostraron las cifras que divulgó el Ministerio de Economía el martes pasado: el déficit del sector público en su conjunto se ubicó en el equivalente a 3,7% del Producto Bruto Interno (PBI) en los 12 meses cerrados en abril, pero si se corrigen (teniendo en cuenta que en abril de 2015 se habían adelantado sueldos a funcionarios del gobierno central) el resultado negativo trepa a 4%, el más alto desde junio de 2003. Ese porcentaje equivale a casi U$S 2.100 millones.
Astori y sus asesores señalaron a los analistas que tienen la expectativa de que las medidas de ajuste anunciadas el pasado 23 empiecen a dar resultados ya a finales de 2016 y con mucho mayor efecto en 2017.
Desde Moody’s se observa una actitud más decidida del gobierno para atacar el problema fiscal. Eso porque se entiende que los esfuerzos para desindexar los ajustes salariales y el anuncio de la reforma de la “caja militar” constituyen medidas estructurales, que se suman a otras anunciadas para reducir el gasto del gobierno central, que es más duro de corregir.
El paquete de ajuste lanzado por el gobierno incluye medidas que bajan o postergan gasto público en unos U$S 125 millones y buscan aumentar los ingresos en aproximadamente U$S 335 millones con cambios tributarios. Así se apunta a reducir gradualmente el déficit en las cuentas públicas, procurando que cierre el período en 2,5% del PBI.
La calificadora Fitch Ratings ve sin gran convicción el plan de “consolidación fiscal” anunciado por el gobierno: su impacto no está claro, afirmó en un análisis divulgado ayer miércoles 1º. Estimó que si bien puede ayudar, el bajo ritmo de expansión económica y las presiones sobre el gasto harían el ajuste “insuficiente para estabilizar plenamente la creciente carga de la deuda pública”.
Para Fitch, “la debilidad de las finanzas públicas ha limitado” la calificación “BBB–” desde su actualización en marzo de 2013.
Ratificación.
Por su parte, el viernes pasado la agencia DBRS ratificó las calificaciones a la deuda pública uruguaya en moneda local y extranjera de largo plazo en “BBB (low)”, con perspectiva “estable”.
Esa agencia —menos conocida que las otras dos— entiende que Uruguay ha hecho una gestión “altamente eficaz de la deuda”, que cuenta con “sólidas instituciones públicas y amplios amortiguadores externos”. En sentido contrario juegan la “limitada flexibilidad fiscal, un nivel de inflación persistentemente por encima del rango meta y la exposición a eventos externos”, señaló en su comunicado.
DBRS considera que los objetivos fiscales fijados por el gobierno “son alcanzables, dado que el presupuesto quinquenal supone solamente un ajuste del 1%” del Producto. “Sin embargo —advierte esa calificadora de riesgo de origen canadiense—, las suposiciones optimistas de crecimiento en el presupuesto podrían desafiar el cumplimiento de las metas fiscales, exponiendo a las cuentas públicas a shocks internos y externos”.
