El escándalo de Petrobras ensombrece el nuevo mandato de Rousseff

Aunque todavía es demasiado pronto para anticipar cómo terminará esta historia, resulta ya evidente que en Brasil se abrió una caja de Pandora que roza los principales nervios políticos y económicos del país. “No se saben hasta ahora todas las consecuencias y las implicaciones, las personas involucradas o si eventualmente este escándalo puede empujar otro, involucrando a más empresas o bancos públicos. Porque las mismas constructoras que prestan servicios a Petrobras están detrás de una serie de grandes proyectos en el país. Y si ellas funcionaban en ese esquema con Petrobras, el riesgo de que tengan un comportamiento semejante con otros proyectos con el gobierno es muy alto”, dijo Cristiano Noronha, analista político de la consultora Arko Advice, con sede en Brasilia, a Búsqueda. 

Desde su sede en Curitiba, el magistrado de 42 años fue sumando evidencia y testigos a la causa, con la habilidad de un ajedrecista. Experto en lavado de dinero, con formación en Brasil y capacitación en Estados Unidos, Moro se ha valido de la herramienta de “delación premiada” para obtener testimonios reveladores de acusados, que acordaron con la fiscalía cooperar a cambio de tener sus penas reducidas. 

Tal estrategia ha sido criticada por abogados defensores, que sugieren que apunta a arrancar confesiones de sus clientes. Pero Moro sostuvo el mes pasado por escrito, que ese instrumento de prueba es “válido y eficaz” para delitos complejos, y citó una elocuente frase del juez estadounidense Stephen S. Trott: “Para capturar a los jefes y arruinar sus organizaciones, es necesario hacer que los subordinados se vuelvan en contra de los de más arriba”. 

Uno de los delatores con que ha contado el juez es Alberto Youssef, un cambista vinculado al dueño de la estación de servicio de Brasilia que resultó ser una pieza esencial del esquema de lavado de dinero, moviendo clandestinamente millones y millones de dólares. Otro delator clave es Paulo Roberto Costa, exdirector del área de Abastecimiento de Petrobras. El propio juez ha admitido que descubrió “incidentalmente” el vínculo de Youssef con Costa, lo que marcó un giro inesperado en las investigaciones. 

Ambos revelaron que diversos contratos de obras que asignaba Petrobras tenían sobreprecios de hasta 6%, que se destinaban a pagar sobornos y financiar ilegalmente al PT y a dos partidos aliados. También denunciaron que las grandes empresas constructoras brasileñas que participaban del esquema actuaban como un cártel para repartirse las licitaciones sin una verdadera competencia entre ellas. Los investigadores calculan que a lo largo de una década se desviaron así cerca de U$S 4.000 millones. Esa suma sería seis veces superior a los desvíos constatados en el “Mensalão”, el escándalo de compra de votos en el Congreso que acabó con condenas a prisión de ex colaboradores estrechos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y autoridades del PT. 

Hasta ahora el juez Moro ha acogido las acusaciones contra 36 personas en esta fase de la investigación de ilícitos en Petrobras. La lista va desde ex directores de la petrolera hasta presidentes y directivos de seis constructoras: Mendes Júnior, Camargo Corrêa, Engevix, OAS, UTC y Galvão Engenheria. Algunas de esas empresas niegan haber participado en los hechos denunciados y manifestaron disposición a colaborar con las autoridades. Otra de las grandes constructoras brasileñas, la firma Odebrecht, fue objeto de indagatorias pero hasta ahora ninguna denuncia ha sido presentada formalmente en su contra.

Además, el delator Costa mencionó en su testimonio los nombres de 28 políticos que supuestamente se beneficiaron de la corrupción en Petrobras. Según el diario “O Estado de São Paulo”, la lista incluye a un ministro, tres ex ministros, dos gobernadores estatales y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Todos ellos han rechazado las denuncias y hasta ahora tampoco han sido acusados formalmente. Quienes conocen a Moro aseguran que su estrategia es dejar esto para el final, porque cuando los políticos sean formalmente acusados, el caso pasaría al Supremo Tribunal Federal, que tiene competencia para juzgarlos.

Es probable que antes de eso la investigación se extienda a otras áreas del Estado brasileño. La Policía descubrió que Youssef tenía una lista de 747 obras públicas dentro de Brasil y en países de la región, incluido Uruguay, por un valor total estimado de U$S 4.300 millones. El juez Moro advirtió que esto sugiere que “el esquema criminal de fraude a licitación y sobreprecio y soborno va mucho más allá” de Petrobras. Los investigadores también incautaron a un directivo preso de la constructora OAS, documentos sobre varios proyectos de infraestructura en la región, como un puerto de aguas profundas en Uruguay por un valor estimado de U$S 1.200 millones, y aparentes donaciones electorales en Centroamérica. 

Todo esto ha golpeado directamente a Petrobras, que además sufre con el derrumbe del precio internacional del crudo y la depreciación del real frente al dólar (80% de su deuda está nominada en la moneda estadounidense). La petrolera estatal se encuentra paralizada por el escándalo: el balance de sus resultados del tercer trimestre del año sigue sin ser firmado por una auditoría internacional, lo que complica su capacidad para captar capital. El valor de mercado de la empresa cayó más de 40% en 2014. Ahora sus autoridades resolvieron suspender de forma cautelar nuevos contratos con 23 empresas involucradas en la investigación judicial, incluidas las grandes constructoras, lo que podría complicar sus planes de desarrollo para explotar los enormes yacimientos de crudo descubiertos en aguas profundas brasileñas. 

Por si fuera poco, la deuda que mantienen Petrobras y las constructoras con bancos privados y estatales brasileños asciende a unos U$S 49.000 millones, según un estudio oficial citado por el diario “Folha de São Paulo”. El temor en el gobierno es que si las empresas indagadas son impedidas de trabajar con el sector público, las consecuencias afecten al sistema financiero y a toda la economía del país.

Rousseff reiteró que apoya las investigaciones y el mes pasado aseguró que este caso puede cambiar a Brasil “para siempre”, acabando con la impunidad de los corruptos. Pero sus opositores recuerdan que ella misma encabezó el consejo de administración de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando según las denuncias, ocurrían los sobornos y desvíos de dinero, y parecen resueltos a explotar el tema. Además, como recuerda Noronha, si comienzan a surgir pedidos de casación de mandatos de legisladores involucrados en el escándalo, la propia agenda del gobierno en el Congreso se vería amenazada. “Este asunto va a seguir muy fuerte en la agenda política y criminal de 2015”, advirtió el analista.