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El catedrático en Derecho Penal y ex secretario de la Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, declaró por primera vez como indagado en el juzgado de crimen organizado en la causa que investiga una presunta conjunción del interés personal y público.
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Fernández concurrió el lunes 1º de mañana a la sede de la calle Buenos Aires, donde fue interrogado durante dos horas por la fiscal Mónica Ferrero y la jueza Adriana de los Santos. También estuvieron presentes sus abogados defensores Paul Pereira Schurmann y Renato Echeverría
Esta es la primera vez que Fernández comparece a declarar como indagado desde que la investigación fue abierta en 2010, a pesar de que él mismo pidió hacerlo en al menos dos oportunidades.
La jueza De los Santos recibió el expediente el viernes 15 y en menos de dos semanas diligenció una serie de pruebas que estaban pendientes desde hace meses e interrogó al ex secretario de la Presidencia y ex ministro de Relaciones Exteriores y Defensa.
Ahora el expediente pasó en vista a la fiscal Ferrero, que decidirá si pide el archivo de la causa o el procesamiento de Fernández.
El penalista es investigado por su asesoramiento a algunos legisladores en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 por la que fueron procesados los hermanos Peirano Basso.
En aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna el Tribunal de Apelaciones Penal de tercer turno clausuró el proceso penal contra los hermanos Peirano Basso, aunque más tarde una fiscal apeló esa resolución y la Suprema Corte de Justicia falló a favor de que el caso se mantuviera abierto.
Fernández y su pareja Cecilia Salom eran defensores de uno de los directivos del Banco Montevideo, Juan Domingo Ratti, y de hecho una vez derogada la ley solicitaron el archivo de la causa.
También se indaga a Fernández por la aprobación de un decreto que permitió a agremiaciones médicas la creación de un seguro. En ese momento Fernández era abogado del Sindicato Médico del Uruguay.
El caso Fernández ha tenido varias idas y venidas a lo largo del tiempo. Comenzó siendo instruida por el ex fiscal en crimen organizado Ricardo Perciballe y por el ex juez de esa materia Jorge Díaz.
Perciballe fue denunciado por Fernández ante la Fiscalía de Corte por presuntas filtraciones a la prensa en esta causa. Más tarde el representante del Ministerio Público se enfrentó con Díaz cuando el gobierno lo propuso para ocupar la Fiscalía de Corte. Finalmente el Parlamento otorgó la venia a Díaz por unanimidad y éste trasladó a Perciballe de crimen organizado a una fiscalía civil. Entre otros motivos, el novel fiscal de Corte argumentó la exposición pública y el desgaste que genera un cargo de esa naturaleza. En ese momento Perciballe anunció que recurriría esa decisión. Empero, fuentes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dijeron a Búsqueda que una vez vencido el plazo eso no ha ocurrido.
Desde el traslado de Perciballe, el caso Fernández es instruido por la fiscal Ferrero.
