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El fiscal de Corte, Jorge Díaz, opinó que corresponde hacer lugar al recurso de casación presentado por la fiscal Adriana Umpiérrez contra la resolución del Tribunal de Apelaciones en la que se revoca el procesamiento del empresario Javier Moya, acusado de explotación sexual de una menor de edad.
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El Tribunal revocó la resolución del juez penal de Melo por entender que la adolescente le mintió al empresario al decirle que tenía 18 años y una hija. “El error es lo que hace decidir la actuación” del empresario, dijeron los integrantes del Tribunal, y agregaron que “si hubiera sabido que era menor, no habría mantenido relación con ella”.
La fiscal discrepó con este fallo y presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. La corporación trasladó el tema al fiscal Díaz, cuya opinión es preceptiva en estos casos, pero no vinculante.
En su informe a favor de hacer lugar al recurso de casación, Díaz dice que se está “frente a una figura de peligro, que no exige que el menor o incapaz realice ningún acto, siendo suficiente con el simple ofrecimiento de pago, ‘para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo’”.
Agregó que el Tribunal realizó una interpretación “errónea” de la ley al afirmar que “era necesario probar fehacientemente la relación sexual”.
Díaz indicó en su resolución que la adolescente le fue presentada a Moya con la “intención clara de tener relaciones sexuales” y recuerda que físicamente la joven tenía apariencia de ser menor de edad. Además, señaló que el empresario realizaba giros de dinero para la joven, pero el destinatario era una persona mayor de edad.
Agrega que Moya pudo “haber averiguado a través de las personas que conocían en común, acerca de la edad” de la joven o requerirle el documento de identidad.