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Hace cinco meses (al fin) asistimos a la instalación de un nuevo gobierno, con la legítima esperanza de recuperar la libertad de ejercer la soberanía ciudadana y las garantías para hacerlo; aplicar nuestro derecho de fiscalizar a los funcionarios que contratamos para administrar nuestro patrimonio y contribuciones; preservar nuestro ordenamiento jurídico basado en los principios legales y penales consagrados en la Constitución… con todas las demás pautas de convivencia entre los ciudadanos, entre las que se lee desde 1830: vivir con la mayor libertad posible en todos los órdenes.
Y sinceramente, también con la esperanza de que se juzgue a los que violaron la Carta… quienes lo hicieron desde el Poder Ejecutivo, pero también desde los otros poderes.
¿Y quién debe exigirlo?... Quien prometió “guardar y defender la Constitución”.
El Poder Judicial es uno de los pilares en que se apoya nuestra República.
Hace algunos meses, han recrudecido los mensajes (desde donde se concentra el ejercicio del poder: la Fiscalía General) alertándonos del “peligro” que es poner en duda el ejercicio de su competencia, en forma independiente y a su libérrimo antojo.
¿Los “mensajes” lanzados desde Fiscalía significan que está prohibido denunciar los actos decretados por esta, viendo el desparpajo con que incumple la Constitución, dejando de lado sus principios en materia penal…, indagando, procesando y condenando a militares sin pruebas, ni marco legal vigente?... Demostrando su pura y cruda venganza.
Hoy se puso sobre la mesa el planteo de pronunciarse por la confirmación o derogación de una norma flagrantemente inconstitucional (declarada así por la Corte y la mayoría de los legisladores no frentistas): la ley interpretativa de la ley de caducidad.
Esta es un eslabón más de los tantos intercalados durante los tres últimos períodos de gobierno, en el camino franco hacia un punto sin retorno: la desarticulación de nuestro sistema democrático republicano y en consecuencia de nuestro Estado de derecho.
Observamos —con estupor— cómo algunos representantes de los partidos tradicionales se someten jovialmente a las amenazas regurgitadas desde Fiscalía, confirmando legítimas sus pretensiones anticonstitucionales.
Vemos cómo más de uno tiembla cuando los consultan sobre el tema, por temor a que se escape algún concepto “políticamente incorrecto…” (incorrecto para esta izquierda: anti sistema democrático republicano y liberal), generando dudas sobre nuestro futuro.
No entendemos cómo un Fiscal militante comunista declarado (antes de asumir como tal) se da “el lujo” de perseguir a un subalterno (por su militancia —anterior a su designación— en el Partido Nacional) y… ¡todavía sigue en el cargo!
¿Qué es lo que no se entiende?
Hemos visto lo que pasó en la vecina orilla, cuando tuvieron una oportunidad parecida a la nuestra de hoy y, por temor a “ponerle el cascabel al gato”, cayeron al fin del período en sus garras vengativas e implacables.
¿Habremos de asistir también aquí al regreso del autoritarismo, a la entrega de nuestra soberanía, a la soberbia y prepotencia marxista de los años anteriores?
¿Deberemos tolerar que se siga incumpliendo la Constitución (en materia penal) porque alguno de sus causantes nos asuste diciendo: “No es el momento”?
¿Tenemos miedo de aplicar la Constitución por la posibilidad (o amenaza) que la vayan a esgrimir contra nosotros después?
¿No era cierto lo que quienes votamos para ejercer el gobierno nos dijeron en estos años?
¿Le debemos algo al actual fiscal?
¿Él está por encima de la Constitución y la ley?
Creo que estamos ante una bifurcación, en la que podemos seguir consolidando lo ganado en los últimos cinco meses, o entregárselo a los que nos amenazan con nuevos argumentos —inventados por ellos— que “el sistema peligra” si se auditan sus ineptitudes y reiteradas violaciones a nuestra Constitución.
Creo que nos enfrentamos a: la hora de la verdad.
Espero que nuestro gobierno actual siga confirmando su aptitud para comandar un país en emergencia real… no tanto por la pandemia sanitaria, sino principalmente por la crisis institucional engendrada por 15 años de corrupción en lo nacional y ¡treinta! en lo departamental…, y que ponga a cada uno de los que violaron nuestro sistema donde corresponde... ¡Tras las rejas!
