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Como algo muy censurable debiera verse la decisión del fiscal general de la nación, Dr. Jorge Díaz, de iniciar una investigación administrativa respecto de un dictamen producido por la fiscal de Carmelo, en una causa que involucraba al exintendente Dr. Carlos Moreira. La cual terminará, obvio sería decirlo, tipificando irregularidades que ameritan la iniciación de un sumario a dicha funcionaria. Porque si así no fuera, ¿para qué la dispuso? ¿Para que termine con un archivo? Los precedentes abonan esta conclusión.
El fiscal general no se para en mientes cuando quiere intervenir en algún caso concreto: envía audios o publicaciones a determinadas fiscalías para que actúen de oficio, investiguen y pidan los procesamientos del caso, sustituyéndose indebidamente a la percepción del fiscal competente, la cual por ser personal es insustituible e integra su libertad para opinar.
Porque el fiscal que no actúa de oficio es porque su “conciencia moral” —al decir constitucional— no se lo pide. Entonces, el silencio ante un caso concreto es parte de esa libertad de conciencia que la ley le reconoce como garantía suprema de un pronunciamiento justo e incontaminado. Tomarlo como una omisión que merece la alerta del superior es no haber entendido el significado cabal de dicha libertad.
Hubo dos casos emblemáticos donde la injerencia del fiscal general apareció nítida, bien perfilada. Una fue en el caso Sendic, abrumado por denuncias de corrupción de todo tipo. Allí nombró a un fiscal sustituto quien, en un periquete, le puso fin a la investigación, tipificándole a Sendic un delito inocuo, que no le significó ningún perjuicio. Y hasta organizó una insólita conferencia de prensa para justificar su actuar ajeno a toda presión exterior. Y si fue así, ¿por qué citó a la prensa para decirlo?
El otro fue un caso que involucró, premeditadamente, al Gral. Manini Ríos cuando era comandante del Ejército. Allí el fiscal general nombró a dedo al fiscal que debería intervenir. En un santiamén, descartó al secretario de la Presidencia y algún otro civil de toda responsabilidad en el caso y apuntó a Manini Ríos, pidiendo su procesamiento. Y misión cumplida, políticamente.
El fiscal general, que ahora se rasga las vestiduras y pide averiguar cuáles son los vínculos políticos de una fiscal de Carmelo, bien podría empezar por casa, porque su filiación política frenteamplista es tan notoria que no necesita presentaciones. Es un hombre del Frente Amplio, partido que se jugó por él para la Fiscalía General, forzando la salida de quien entonces era su titular, Rafael Ubiría, en un juego político de traslados, para entronizarlo y adonde llegó para “reinar”, diríamos metafóricamente hablando.
