N° 1754 - 27 de Febrero al 05 de Marzo de 2014
N° 1754 - 27 de Febrero al 05 de Marzo de 2014
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLas cúpulas del Poder Judicial y del Ministerio Público deben velar por el correcto desempeño de jueces y fiscales. Es el legítimo derecho de los ciudadanos, quienes, por obligatoria transparencia democrática, pueden reclamar que se indague si cumplen adecuadamente su función.
El Club Nacional de Fútbol ha formulado una denuncia contra el fiscal penal Ricardo Zubía atribuyéndole desbordes en la investigación que determinó los procesamientos sin prisión de cinco futbolistas de Nacional y cuatro de Peñarol por riña en espectáculo deportivo. Zubía había solicitado la prisión.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, recibió la denuncia del abogado y secretario técnico tricolor, Hernán Navascués. Sostuvo que Zubía cometió “hostigamiento personal” contra el jugador de Nacional, Andrés Scotti, y que solicitó su procesamiento, con lo que la jueza Blanca Rieiro discrepó. A Zubía le molestaron las declaraciones de Scotti cuestionando a la Justicia, argumentó Navascués en “El País”.
En Radio Universal, al borde del delito, Scotti le atribuyó a los magistrados intereses espurios: “Esto es porque vende y somos públicos; la Justicia tiene que actuar en otras cosas, con los delincuentes”. En buen romance, dijo que Zubía y Rieiro investigaban por la fama de los jugadores y no por razones jurídicas, y que omiten hacerlo con los delincuentes.
Consecuentemente el jugador despreció la dignidad judicial; fue a declarar de bermudas, remera sin mangas y zapatillas. No es un desarrapado, aunque tampoco el único. A los 38 años, con 20 de trayectoria, bien sabe qué corresponde. Ni en Argentina, Chile, México o Rusia, donde jugó, se hubiera presentado ante un juez y un fiscal con indumentaria playera. Tampoco lo hubiera hecho en Uruguay ante los otros poderes del Estado.
El pedido de investigación sostiene que Zubía le dio a los procesamientos “un alcance extraterritorial” al impedir viajar para disputar partidos por la Copa Libertadores. Cuestiona asimismo el “exceso de protagonismo” del fiscal y que haya expuesto sus posiciones antes de pronunciarse. Los reproches surgen un mes después de los hechos.
Un fiscal penal representa en el proceso a la sociedad organizada del Estado. Nos representa a todos. Tiene la obligación de defender nuestros intereses y mantenernos informados, independientemente de estilos. Es quien decide si le imputa o no a un individuo un delito. Si es legalmente enérgico en defensa del interés de los ciudadanos, bienvenido sea. Si se prueban desbordes, será sancionado.
Jugadores y dirigentes rechazan corporativamente la intervención de terceros ajenos a ese mundo. Siguen órdenes, estas sí extraterritoriales, de su patrón mayor, la multinacional FIFA. Pretenden gobernarse por sí y ante sí, movidos por intereses políticos o económicos y para contentar a los simios de la cancha y de la tribuna. Los mismos simios que actuaron luego del partido entre Nacional y Danubio.
Ese rechazo incluye a jueces y fiscales, salvo cuando algunos, como ocurre pese a una recomendación de la Suprema Corte de Justicia sobre su inconveniencia, actúan en tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Entonces son todos buenos amigos, tanto en los tribunales como afuera.
En el marco de su defensa, Nacional y Peñarol plantearon ante la Corte la inconstitucionalidad de la norma por la cual Rieiro les prohibió a los jugadores asistir a partidos en las competencias locales. El máximo organismo judicial lo rechazó porque fue mal presentado.
Los dirigentes del fútbol no saben o no quieren resolver estos conflictos sobre los cuales tienen la mayor cuota de responsabilidad. Cuando se cometen delitos no queda otro camino que dirimirlos ante un tribunal judicial. La Justicia es la única que pone a cada uno en sitio.
Los futbolistas y dirigentes uruguayos son hormigas dentro de un universo gigante en el que todos pretenden digitar a la Justicia, pero los locales parecen ins-pirarse en otros que buscan impunidad pese a ser delincuentes.
Un tribunal español acaba de condenar a siete años y medio de prisión al ex presidente del Sevilla, José María Del Nido, por los delitos de prevaricación y una defraudación de caudales públicos de 12,5 millones de dólares cometidos como abogado del gobierno de Marbella. Aunque culpable de un delito que nada tiene que ver con el fútbol, Del Nido recurrió a la casta. Con las firmas del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar, de todos los presidentes de primera división, salvo Athletic, Betis y Málaga, y de 16 clubes de segunda división, pidió el indulto.
Similares gestiones realizó en su momento el ex presidente de la FIFA, João Havelange, para evitar sanciones por recibir millonarios sobornos para la organización de mundiales. Le salió barato: un Comité de Ética dijo que tuvo una “conducta moral y éticamente reprobable”.
Tan reprobable como la del Barcelona, cuyos directivos fueron imputados de defraudación tributaria por el pase de Neymar. Para evitar el juicio esta semana pagaron nueve millones de euros. Graves son también los casos de dirigentes y jugadores que en todo el mundo arreglan partidos para ajustarlos a las apuestas deportivas. Quienes jugaron en el exterior bien lo saben.
Los uruguayos son más modestos. Protestan porque la vanidad circunstancial del poder les hace creer que son impunes y que si la Justicia investiga o sanciona se debe a que “venden” y deben ser tratados con privilegios respecto al resto de los ciudadanos.
Dirigentes, hinchas, jugadores y técnicos deberían tener presente la moraleja de la escena final de “El planeta de los simios”. Hacia allí vamos.