El futuro del plan de emergencia de Vázquez sobre violencia de género en duda por falta de coordinación con gobierno entrante

Sin embargo, la ausencia de coordinación y de un trabajo conjunto en el tema con los representantes del nuevo gobierno genera dudas sobre el futuro del plan, según consultas realizadas por Búsqueda en ámbitos políticos.

No obstante, más allá de esa instancia, no hubo reuniones ni intercambios para coordinar o involucrar a las nuevas autoridades en las medidas que se quieren impulsar, afirmaron a Búsqueda representantes del gobierno electo.

“Es un documento donde se exhorta a muchas cosas”, dijo Argimón sobre la resolución que le entregó Presidencia a su equipo. “Nosotros, sin embargo, tenemos medidas concretas que ya las estábamos trabajando desde antes”, añadió, haciendo énfasis en que el próximo gobierno seguirá su propia ruta de trabajo en el tema.

Argimón afirmó también que ya hubo contactos entre las autoridades designadas al Ministerio de lInterior y distintas organizaciones de la sociedad civil para empezar a trabajar en políticas concretas para atender los alarmantes números de femicidios y de hechos violentos contra mujeres.

Una de las medidas previstas en la resolución de Vázquez era convocar a una reunión de alto nivel entre la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación “con el objetivo de fortalecer las necesarias coordinaciones para dotar de mayor eficiencia al proceso de acceso a la Justicia para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

El encuentro, que se realizó a fines de enero, no contó con la presencia de ningún delegado del próximo gobierno, lo que sorprendió a los representantes de la Fiscalía y de la Corte convocados, según dijeron a Búsqueda fuentes judiciales. Es que la ausencia de las futuras autoridades impedía que en esa instancia se pudieran tomar decisiones o discutir medidas concretas.

Según dijeron las fuentes, en la reunión, en la que participó Roballo, el fiscal de Corte Jorge Díaz y el director de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, en representación de la Corte, los jerarcas se limitaron a hacer una “puesta a punto” del trabajo realizado para reforzar la atención a las víctimas de violencia de género y la respuesta a las denuncias.

Aunque se habló de la importancia de implementar a cabalidad la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, todos coincidieron en que para ello es crucial contar con recursos económicos, un tema que deberá ser resuelto por la próxima administración.

También se habló de la conveniencia de replicar la experiencia del Código del Proceso Penal e instalar una comisión de seguimiento con representantes del Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, entre otros actores, para que monitoree y coordine la implementación de la ley de género. Sin embargo, la idea no pasó de una expresión de deseo, dijeron las fuentes, porque la decisión deberá ser adoptada por el equipo entrante. Así, el encuentro no tuvo resultados concretos, dijeron a Búsqueda las fuentes consultadas.

Medidas.

“A los efectos de garantizar la implementación de estas medidas y la coordinación con el proceso de transición de gobierno ya iniciado, se creará un Comité de Emergencia por Una Vida Libre de Violencia de Género coordinado por la Presidencia de la República, con representación del Consejo Consultivo por Una Vida Libre de Violencia y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (IPIAV)”, dispuso la resolución.

Roballo informó a Búsqueda que el Comité de Emergencia ya fue instalado. Sin embargo, las autoridades entrantes dijeron que no han estado trabajando en contacto con él.

El actual prosecretario dijo que se avanzó en la concreción de varias de las medidas anunciadas en la resolución. Mencionó como ejemplo la reunión de alto nivel con la Corte y la Fiscalía y dijo que “se instalará la comisión de seguimiento” de la aplicación de la ley, aunque no precisó cuándo. También informó que están discutiendo sobre la necesidad de aplicar el delito de desacato a quienes violan medidas cautelares de alejamiento o rompen las tobilleras electrónicas.

Destacó la ampliación del programa de tobilleras, que implica “el fortalecimiento de los equipos de monitoreo”. Informó a su vez que una campaña de bien público será lanzada en breve para difundir medidas de protección dirigidas a las mujeres, como prevé la resolución. No manejó fechas pero dijo que “la mayoría de las piezas están prontas y se están ajustando detalles”.

La resolución de Vázquez también anunciaba que se realizarían cursos virtuales “para el fomento de masculinidades no violentas, dirigidos a educadores y educadoras formales y no formales”. Roballo informó que los cursos se están desarrollando y que se hará un taller a mitad de febrero “sobre prevención de abuso sexual con educadores deportivos”. A la vez, “se está terminando de operativizar un convenio con Presidencia e Inmujeres para incluir dos cursos más”, añadió.

Roballo informó además que ya está operativo un convenio con la organización Nada Crece a la Sombra para implementar un programa en cárceles para varones que ejercen violencia de género.