El actual juez especializado en crimen organizado y futuro fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en el Parlamento que a pesar de que el gobierno lo haya propuesto para ese cargo no representará al oficialismo en su función y, como muestra de ello, afirmó que es partidario de que el Ministerio Público tenga “más autonomía” que la que ostenta en la actualidad dentro del Ministerio de Educación y Cultura.
El magistrado concurrió el miércoles 21 a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado y expresó las líneas conceptuales de su futura gestión.
Su comparecencia era esperada con mucha expectativa debido a que un grupo de fiscales se opusieron a su designación, con el argumento de que el cargo debía ser ocupado por un representante del Ministerio Público y no por un juez. De hecho esa fue la opinión que la Directiva de la Asociación de Fiscales transmitió el martes 27, cuando fue recibida por la comisión del Senado. Allí el presidente del gremio, Carlos Negro, argumentó que los fiscales consideran que entre ellos hay personas preparadas para acceder al máximo cargo de la carrera.
Por lo bajo, algunos fiscales manifestaron reparos a la designación del juez Díaz porque consideran que el magistrado es partidario de impartir directivas que pueden vulnerar su independencia técnica.
Sobre todos estos aspectos se pronunció Díaz en la comisión ante las preguntas que formularon los legisladores, en particular el nacionalista Gustavo Penadés y el colorado Pedro Bordaberry.
En la comisión, Díaz comenzó con una exposición durante la cual dijo que aceptó el ofrecimiento que le hizo el gobierno —consistente en proponer su nombre para la Fiscalía de Corte— porque su interés es trabajar por la reforma del proceso penal, algo que requerirá “necesariamente transformar el Ministerio Público”.
Existe a estudio del Parlamento un proyecto de reforma del proceso penal para pasar de un régimen inquisitivo a uno acusatorio y con audiencias públicas, en el que la investigación estará a cargo de los fiscales.
“Quiero aclarar que no represento al gobierno. Soy juez y estoy impedido de realizar cualquier acto político, salvo el voto, bajo pena de destitución. He cumplido bien y fielmente con ese mandato durante los 18 años que llevo como magistrado judicial y pienso seguir haciéndolo”, aseguró Díaz a los legisladores.
El fiscal de Corte es el jerarca administrativo de los fiscales de todo el país, e interviene en todos los recursos de inconstitucionalidad que recibe la Suprema Corte de Justicia, si bien esta corporación no está obligada a seguir su dictamen. Si bien el fiscal de Corte es jefe de los fiscales, no puede indicarles cómo actuar en casos específicos.
“Trascendente”.
Luego del juez, Penadés pidió la palabra y sostuvo que la comisión debía tomar una decisión “trascendente” debido a los problemas que se han presentado con los fiscales de Corte en los últimos períodos.
“Queremos un fiscal de Corte que sea del Estado y no del gobierno. Estamos hablando de un fiscal que garantice al sistema democrático de nuestro país —en definitiva a la ciudadanía— la independencia más absoluta. Al haberse manifestado de la manera en que lo hizo el doctor Díaz nos libera de cualquier tipo de consideración”, reflexionó.
No obstante, el senador nacionalista dijo que quería hacerle “un par” de preguntas al juez en crimen organizado.
“¿Qué opinión tiene sobre la actual ley del Ministerio Público y qué cuestiones deberían modificarse?”, consultó Penadés, quien aclaró que formulaba esa pregunta porque “se ha puesto sobre la mesa la necesidad de dar un debate sobre la ubicación institucional del Ministerio Público”.
También le pidió a Díaz que “se explayara un poco más” sobre su idea de la “independencia” que deben tener los fiscales, si esta es “absoluta” o si puede estar “limitada o sujeta a instrucciones del fiscal de Corte”.
Por su parte, Bordaberry fue en una línea similar a la de su colega y acotó: “Los legisladores pasan, pero el fiscal puede permanecer uno, dos o tres períodos de gobierno, por lo que la preocupación que tenía —digo tenía porque el doctor Díaz me la despejó— era que hubiera una política de Estado desde el Ministerio Público sin el signo del gobierno de turno”.
Dijo además que le gustaría saber cuáles son los planes de Díaz para preparar a los fiscales “que hace 20 o 30 años” ejercen en el actual sistema penal para pasar a uno más moderno.
“Desafío”.
Con respecto a la ubicación institucional del Ministerio Público, Díaz respondió que a su juicio debe dotarse a ese organismo de mayor especialización y autonomía, fuera de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.
“En mi opinión, hay que ir a un mayor grado de autonomía. Por ejemplo, no puede ser que para trasladar horizontalmente a un fiscal, el fiscal de Corte tenga que enviar la propuesta al Poder Ejecutivo”, ejemplificó.
“Con respecto a la independencia y a sus alcances se me ha achacado de todo un poco. Este magistrado ingresó a la judicatura durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, pasó por el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, el de Jorge Batlle, el de Tabaré Vázquez y está transcurriendo casi la mitad del gobierno de José Mujica y debo decir con orgullo que jamás un dirigente político, un integrante del clero o de alguna corriente filosófica me sugirieron, me indicaron o me pidieron nada. Creo que esto habla bien del país y quien ha hecho de la independencia una bandera no va a venir a una institución a vulnerar la independencia de nadie”, remarcó.
“Puedo decir con orgullo que me habré equivocado muchísimas veces en los fallos que he dictado, pero desafío a cualquiera a que me señale si ha habido algún sesgo de querer facilitar, mejorar o beneficiar a alguien”, prosiguió.
No obstante, el juez Díaz explicó que con la actual independencia, que es “absoluta”, existen “dificultades”, y como ejemplo mencionó el instituto de la legítima defensa, que ha sido aplicado de forma disímil por los fiscales en casos similares.
“La jurisprudencia se unifica, pero lo que es difícil es unificar los criterios de los fiscales. No olvidemos que el único acto que no admite ningún recurso es cuando un fiscal pide el archivo”, razonó.
El juez dijo que cualquier cambio que se impulse en esa materia deberá ser discutido por el Parlamento y aprobarse una ley.
Al parecer, las manifestaciones de Díaz conformaron a los senadores de la comisión, que por unanimidad le dieron un voto favorable. Los legisladores tienen previsto votar la venia de Díaz en la semana siguiente a la de Turismo.
