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La economía se colocó como uno de los temas centrales de la campaña electoral: quien deba estar al frente del equipo económico en el próximo período de gobierno deberá lidiar con una situación fiscal más incómoda.
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El mismo día en que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas de 2013, el pasado 30 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el desequilibrio en términos anuales de las cuentas públicas se amplió al equivalente a 3,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Y las estimaciones ajustadas de las autoridades indican que la situación no mejorará en los próximos meses sino que, por el contrario, el déficit de todo el sector público cerrará el 2014 en 3,3%.
Según la Rendición de Cuentas, el gasto en 2013 fue equivalente a U$S 14.372 millones, un monto que incluye los egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los demás organismos contenidos en el artículo 220 de la Constitución —órganos de contralor, INAU, ANEP, ASSE y Universidad de la República—, no así a las principales empresas públicas y los gobiernos departamentales (todo lo cual compone el sector público). Ese gasto equivalió a 25,8% del PBI y tuvo un crecimiento real (por encima de la inflación) de 6,2% respecto a 2012, el mayor en un año en lo que va de la actual administración.
A su vez, si se comparan los primeros cuatro años de gobierno desde el reestablecimiento de la democracia, el período de José Mujica es el que aumentó en mayor medida el gasto público (36% real frente al anterior).
Áreas.
Búsqueda realizó una clasificación del gasto por áreas de destino que hace más visibles las prioridades presupuestales del gobierno. Eso supone en algunos casos agrupar bajo un mismo concepto de gasto el ejecutado por más de una cartera u organismo.
La estructura del gasto en 2013 mostró —como en años anteriores— que la educación es el rubro con más peso dentro del total, con un 19%; le siguen seguridad y defensa (9,8%), salud (7,4%), transporte y vivienda (4%), Justicia y contralor (1,7%) y desarrollo social (1,1%). Otros, como los intereses de la deuda, representaron 9,4%, las transferencias a la seguridad social 21,9% y el presupuesto del Poder Legislativo 1%.
Los “ministerios de producción” (Industria, Energía y Minería, Ganadería Agricultura y Pesca, y Turismo y Deporte) eran 1,4% del total.
En el rubro “otros incisos” se agrupan los ministerios que no se desempeñan específicamente en un área, además de los subsidios y subvenciones que otorga el Estado: representó 23%.
Si se observa el presupuesto pero en relación al PBI, el gasto en educación fue 4,9%, el nivel más alto para esa área desde que hay cifras oficiales disponibles (1961). A salud se destinó 1,9%, y a “seguridad y defensa” 2,5%. El gasto del Ministerio de Desarrollo Social representó 0,3% del Producto el año pasado y fue unos de los incisos en que ese ratio más aumentó.
Salvo en el Poder Legislativo, que redujo 1,5% el monto del gasto, en términos reales hubo mayores erogaciones en todas las áreas respecto al año previo. En Desarrollo Social y en enseñanza se dieron las alzas más fuertes —por encima de 6%—, seguidas por seguridad, salud y transporte y vivienda (ver cuadro).
En el período de Mujica (2010-2013), el crecimiento promedio del gasto fue de 6% anual; la suba real fue de 36% comparado con los cuatro primeros años del gobierno de Tabaré Vázquez. Eso se dio en un contexto en que el PBI anual promedio creció 32% en dicho lapso.
Teniendo en cuenta esa medición, el gobierno de Mujica es el que más aumentó el gasto desde la vuelta a la democracia; le siguió el segundo mandato de Julio Sanguinetti (28,9%), el de Jorge Batlle (23%) y el de Tabaré Vázquez (15,2%). En los cuatro primeros años de Luis Lacalle el gasto acumulado cayó 11,3% frente al mismo período de la administración precedente.
Déficit en debate.
El gasto público creciente es uno de los aspectos que más se le criticaron al actual gobierno desde la oposición y varios análisis de privados, ya que derivó en un mayor déficit fiscal; algunos sostienen que es una de las causas de la inflación por encima de los objetivos.
Al comparecer ayer miércoles ante la Comisión de Presupuesto de Diputados para explicar la Rendición de Cuentas, el ministro de Economía, Mario Bergara, le quitó dramatismo a las cifras del déficit y dijo que el próximo gobierno no tendrá que hacer un ajuste fiscal.
A nivel de los economistas no hay unanimidad respecto al nivel de déficit que deberían tener los países, y algunos sostienen que la discusión es más ideológica que técnica, una especie de preferencia entre el gasto privado y el público.
En un artículo publicado en el blog “Razones y Personas: Repensando el Uruguay”, el economista Guillermo Carlomagno señala que “si bien un déficit elevado y creciente aumenta el riesgo de tener que recurrir a un ajuste fiscal”, eso no quiere decir que sea “deseable” tener los ingresos y gastos equilibrados. Explica que “si existen posibilidades de inversión cuyo ‘rendimiento’ sea superior al costo del endeudamiento necesario para financiarlo, endeudarse sería, en principio, una buena decisión”. Igual que las empresas “se endeudan para financiar proyectos de inversión rentables, también lo hacen los Estados, con la diferencia de que el ‘rendimiento’” de sus inversiones “es habitualmente muy difícil de cuantificar”.
Según Carlomagno, pese al nivel actual de déficit la situación del mercado de deuda pública “no presenta ninguna señal de riesgo que indique la necesidad de un ajuste”.
