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    El gobierno avanza en la compra de pistolas Taser con el objetivo de reducir a agresores y repeler los ataques a policías

    Tras distintas iniciativas que en los últimos años quedaron truncas, el Ministerio del Interior se encamina a incorporar pistolas de tipo Taser para los efectivos policiales. Este armamento, menos que letal y de descarga eléctrica, se encuentra en la actualidad bajo análisis de la secretaría de Estado para definir cómo se comprará y de qué manera se aplicará.

    Fuentes oficiales indicaron a Búsqueda que, entre otras cosas, se estudian los cambios normativos en la regulación policial para habilitar su uso, el protocolo oficial que deberá definir su empleo, las unidades que serán provistas del arma y la capacitación para los efectivos que la utilizarán. De este estudio participan reparticiones como la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) y la Dirección Nacional de la Educación Policial.

    Fabricada en 1993 por dos hermanos estudiantes de medicina como un arma de defensa personal, la Taser es hoy producida por la empresa estadounidense Axon Law Enforcement, con distintos modelos a la venta destinados a civiles y agencias de seguridad a escala global. La semana pasada el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó sus primeras 60 armas de esta marca para “inmovilizar y contener a personas violentas o en estado de desequilibrio, en situaciones donde no se puede utilizar otro recurso por haber mucha circulación de gente”. Las pistolas envían 400 volts durante cinco segundos a través de dardos guiados por un cable. La adquisición fue larga y polémica, luego de que el gobierno nacional argentino se negara a habilitar la importación de los equipos por considerarlos un riesgo para la población.

    En Uruguay se pretende su compra para objetivos similares: reducir a alguien que procure escaparse de la policía durante un procedimiento de detención o presente un comportamiento agresivo contra sí mismo, contra terceros o contra efectivos policiales; se considera que de esta manera se evita el uso de armas de fuego y se disminuye el peligro de que alguien resulte muerto o herido de gravedad. En Argentina una de las razones que destrabó la compra fue el asesinato en febrero de una policía de 36 años del gobierno bonaerense que se acercó a auxiliar a una persona supuestamente lastimada, quien al verla se resistió, le robó su arma de reglamento y le disparó en el cuello.

    Definida técnicamente como un dispositivo electrónico de incapacitación temporaria, la Taser lanza una especie de arpón por distancias aproximadas de 10 metros. Esta línea conduce miliamperios de electricidad que al entrar en contacto con la ropa o la piel del apuntado generan una dolorosa descarga que le produce una paralización al afectar el sistema nervioso de su cuerpo.

    En el gobierno pasado, durante la gestión de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, un relevamiento de mercado ordenado por las autoridades concluyó que este tipo de pistola era eficiente para repeler un ataque individual pero no uno grupal como los que pueden ocurrir en manifestaciones masivas, donde su empleo derivaba en una amenaza para inocentes. También se determinó que su disparo eléctrico era particularmente perjudicial contra la salud de personas que sufren de afecciones cardíacas. Se decidió entonces adquirir armas rusas OSA PB-4SP, también no letales al accionar municiones de gas, goma, estruendo y pintura.

    Esta compra fue cancelada tras la asunción de Jorge Larrañaga porque nuevos informes de la Policía sostuvieron que un arma de ese tipo no era parte de las necesidades de equipamiento policial. En ese año, 2020, volvió a analizarse la compra de la Taser, aunque la iniciativa nunca se comenzó al entender que no era una prioridad en el presupuesto del ministerio.

    De concretarse la adquisición en esta administración, las Taser se sumarán a armamento menos que letal ya existente en la Policía Nacional: la escopeta calibre 12/70 con munición de goma, que los especialistas de la institución entienden correcta para que siga usándose con el objetivo de una dispersión grupal, pero inviable para su procedimiento de manera individual, por su tamaño y por la precisión que exige al policía a medida que aumenta la distancia con el blanco.