—¿Cuáles son, actualmente, los indicadores más problemáticos en las cárceles?
—Seguimos teniendo niveles de hacinamiento muy importantes. Afortunadamente, inauguramos recientemente la unidad 29, con lo cual salimos del nivel de hacinamiento crítico, establecido en 120% de ocupación. Ahora estamos en 118%, pero estamos muy lejos de tener niveles aceptables. Tenemos próximamente la apertura de la nueva unidad 5, que va a descomprimir fuertemente el hacinamiento en la principal cárcel de mujeres del país, también va a redundar en los indicadores nacionales. Luego, también en el segundo semestre de este año, está prevista la apertura de las unidades 27 y 28, que van a ayudar a descomprimir aún más el sistema.
El tema del hacinamiento es un problema en sí mismo, pero también incide en cuestiones como el acceso efectivo a derechos, los niveles de violencia y los problemas de convivencia. Tenemos otro núcleo duro del problema que tiene que ver con el déficit de personal. La Ley de Presupuesto aprobó la creación de 1.000 vacantes de agentes policiales y operadores penitenciarios y también unas decenas de profesionales. Entonces, vamos a tener en este período un incremento masivo de personal como hacía muchísimos años no se veía.
—¿El sistema, como está ahora, produce rehabilitación o más criminalidad?
—Creo que no es posible responder esa pregunta de modo categórico. El sistema es muy diverso. Estamos impulsando, no solo con los recursos que tiene el sistema penitenciario, sino a través de convenios y acuerdos (muchos vienen de larga data) un incremento en la oferta programática de trato, lo que sería un acceso efectivo a derechos y tratamiento. Esto es superimportante porque tiene que ver con afectar y combatir los factores de riesgo de reincidencia. Pero no podemos desconocer que con los problemas de hacinamiento, de falta de personal, de un rezago en términos de inversión, en términos de infraestructura (por ejemplo, tecnología de seguridad), también la cárcel genera un montón de efectos perversos en términos de seguridad. Entonces, es otra de las patas que estamos atacando fuertemente, y que estaba en el libro blanco, a través de recursos propios y del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos apostando a la compra, instalación de cámaras, cableado, inhibidores de celulares, centros de monitoreo; también tobilleras y escáneres de bultos y de personas.
—¿Los inhibidores de celulares se van a poner en todas las cárceles?
—No, el sistema penitenciario está organizado en función de distintos regímenes de vida que están asociados a niveles de seguridad, y no es necesaria la misma tecnología de seguridad en todas las cárceles.
—Muchas veces los celulares se usan para cometer delitos fuera de las cárceles, vinculados al crimen organizado, estafas, amenazas. ¿Por qué no se ponen inhibidores?
—No es que se decida no poner inhibidores. Estamos trabajando en una propuesta de seguridad bastante más integral, que tiene que ver con mejorar los procesos de evaluación, clasificación y alojamiento de la población. La inversión en tecnología ha sido bastante importante y va a continuar siéndolo. Este nuevo complejo de Libertad que se está inaugurando (las unidades 27, 28 y 29) tiene tecnología de punta, y hay decisiones en términos de gestión de cómo distribuir a la población en función de sus perfiles y sus trayectorias en los lugares más adecuados para evitar la comisión de ilícitos desde los establecimientos. Una novedad tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente relativo a la construcción de establecimientos destinados a individuos que representan un alto riesgo para la seguridad pública, pensando, justamente, que los problemas de seguridad de las cárceles no quedan acotados a los perímetros carcelarios, sino que redundan directa e indirectamente en la seguridad fuera de los muros. Pensamos apostar no solamente al diseño y a la construcción de infraestructura nueva y especialmente destinada a este tipo de perfiles, sino también a aggiornar el marco normativo, por ejemplo, incorporando ahora en la Rendición de Cuentas la previsión del régimen de alto riesgo dentro de la ley de ejecución penal. Es importante avanzar en la tecnología y en los regímenes de vida, pero también darle un marco legal basado en derechos y que cumpla con todos los estándares internacionales para abordar estos perfiles.
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Mauricio Zina / adhocFOTOS
—¿Qué cambiará respecto a la actual unidad de máxima seguridad, la unidad 25?
—El régimen de vida es distinto, se disminuye el contacto con el exterior y entre personas privadas de libertad. También hay un personal especialmente formado, capacitado y con sistemas de trabajo y de rotación adecuados para evitar la connivencia y la corrupción. Hay una tecnología también de punta como para evitar la comisión de ilícitos desde los establecimientos, de videovigilancia, inhibidores de celulares y GPS. También vale la pena decir que las personas que están identificadas como de alto riesgo son un porcentaje ínfimo de la población penitenciaria y que es muy importante identificarlas bien.
—¿Cómo será ese proceso?
—Es superimportante la formación del personal. Estamos teniendo capacitaciones, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en lo que es la clasificación, la evaluación y la gestión de los perfiles de alto riesgo. Se está fomentando muchísimo y protocolizando la comunicación entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y las direcciones de la Policía Nacional, que trabajan de modo conjunto en el abordaje de estos perfiles. Y también con las inteligencias penitenciarias de la región, porque sabemos que estos procesos tampoco quedan acotados en las fronteras nacionales, sino que muchas veces son organizaciones transnacionales. Estamos trabajando en un proceso muy cercano junto con los países vecinos, en particular Chile, Argentina y Brasil.
—Una de las grandes apuestas del gobierno es a las medidas alternativas. ¿Qué cambios se están haciendo?
—Nos importa mucho fortalecer las medidas alternativas para incrementar su eficacia, su eficiencia y también su credibilidad y extensión. La Dirección Nacional de Medidas Alternativas se está fortaleciendo, mejorando los procesos; se generó una coordinación en el interior, se está haciendo un uso mucho más eficiente de la tecnología y los recursos disponibles. Se están sustituyendo procesos que eran muy intensivos en recursos humanos por tobilleras y otros medios telemáticos de control y supervisión, y mejorando mucho la articulación con los jueces de ejecución. Otra de las cosas que logramos en la Ley de Presupuesto fue, por primera vez en la historia, presupuesto específico para la implementación de programas de tratamiento, tanto para las cárceles como para el medio abierto. Eso nos va a permitir contratar profesionales para llevar adelante los programas que ya existen, a través de un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Después tenemos avances en la oferta de programas, a través de la ampliación de un convenio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Pensamos en aumentar la cobertura.
—¿Cree que existe una visión de impunidad respecto de las medidas alternativas en los operadores y en la sociedad?
—Lo que muestran las encuestas de opinión es que, en realidad, no existe un descrédito tajante respecto a las alternativas, sino un descrédito respecto a la implementación. Es verdad que existe esa percepción generalizada y estamos trabajando no solo para cambiarla, sino también para mejorar los niveles de cumplimiento de las medidas. La decisión respecto a si mandar o no a una medida alternativa es un resorte de la Justicia y no un resorte del Ministerio del Interior. Pero estamos desarrollando un instrumento de evaluación del riesgo de reincidencia y, en el caso de las medidas alternativas, el incumplimiento, que es algo totalmente inédito. Ahora se va a validar empíricamente y nos va a permitir hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos. Además, hay programas para el uso problemático de drogas, programas de pensamiento prosocial, programas de combate a los comportamientos violentos, programas para agresores sexuales.
—¿Existen programas para tratar adicciones en presos?
—Se diseñó y se implementó un programa para el uso problemático de drogas que está en marcha en una de las barracas de la unidad número 6. Es un modelo especialmente diseñado para el sistema penitenciario uruguayo y que se va a ampliar en una de estas nuevas unidades de Libertad, la unidad número 27, destinada a primarios con penas breves. Una de las cosas que caracteriza a nuestro sistema penitenciario es que no solo tenemos muchas personas privadas de libertad, sino que tenemos una altísima rotación de personas. Por ejemplo, el año pasado hubo más de 10.600 liberaciones y tenemos aproximadamente 17.000 personas presas. Entonces, hay muchísima gente que tiene penas cortas, pasa poco tiempo en libertad y vuelve a ingresar al sistema, muchos de ellos con problemáticas de uso de sustancias.
—¿A cuántas personas abarca el programa sobre adicciones?
—En la unidad número 6, está destinada a 40 personas, y pensamos replicar un módulo en la nueva unidad. Está trabajando la Junta Nacional de Drogas en dispositivos de identificación de consumo problemático de drogas en el centro de ingreso y derivación, para también hacer que los pocos recursos que tenemos disponibles se utilicen del modo más eficiente. Hasta el momento no teníamos una medición de eso, y en qué medida ese uso problemático de drogas estuvo o no asociado a la comisión de los ilícitos. Queremos usar la oferta del modo más racional posible. Sabemos que muchas veces prevalece la lógica de que los mejores perfiles acceden a las mejores oportunidades y estamos intentando revertir esa lógica basados en este modelo teórico del riesgo, que tiene que ver con intervenir del modo más fuerte, decidido e intenso sobre las personas que tienen mayores riesgos de reincidencia.
También hay que evitar el contagio criminal, en personas que no vienen con un historial muy importante en el mundo del delito, intentar que el período de encarcelamiento no actúe en detrimento.
—¿Se los va a separar del resto?
—Una de estas unidades va a estar destinada a albergar a individuos primarios con penas cortas, que sabemos que el grueso muchas veces termina en esta puerta giratoria, también involucrando la situación de calle.
—¿En qué va a consistir el programa Libertad Segura, para los liberados de las cárceles?
—La idea es tener, por primera vez en la historia del país, una propuesta integral de abordaje al egreso penitenciario. Se va a empezar a trabajar entre seis y ocho meses previo a que la persona sea liberada, a través de un acompañamiento individualizado por técnicos. También intensificando la oferta programática en esos últimos meses del período de reclusión. Después, el programa tiene como elemento central el empleo protegido en el ámbito público durante el primer año de liberación, además de otros apoyos que hagan que esa inserción laboral sea posible y sostenible.
—¿Van a seleccionar a los perfiles que tengan mayores posibilidades de éxito?
—No. Vamos a sobrerrepresentar a las mujeres, que hoy en el sistema penitenciario representan aproximadamente un 9%. Esta primera edición del programa de Libertad Segura va a estar destinada a 350 personas y 50 van a ser mujeres. Las vamos a privilegiar porque sabemos que tienen un montón de desafíos vinculados a los cuidados. Pero nos interesa en este programa especialmente el tema de la evaluación. Tenemos como antecedente el Proyecto de Inclusión Asistida, que se llevó adelante en la administración anterior, y creo que una de las cosas muy buenas que tuvo fue una evaluación rigurosa que dejó un montón de enseñanza respecto a qué cosas funcionan y qué cosas no. Queremos también ser muy rigurosos en la evaluación de este programa y por eso elaboramos un diseño experimental a través del cual se seleccionan los participantes de modo aleatorio y se va a contrastar el efecto que esta intervención tiene en distintas dimensiones. No solo en la reincidencia, que obviamente nos importa mucho, sino también en la empleabilidad, la vulnerabilidad habitacional y la inserción laboral.
Ana-Vigna
Mauricio Zina / adhocFOTOS
—¿Qué particularidades crees que tienen las mujeres que son criminales en Uruguay?
—Son una población muy minoritaria dentro del mundo del delito, aunque han ido en aumento producto del tipo de política criminal que tenemos: los aumentos de penas vinculados al narcomenudeo o las restricciones a las medidas alternativas, que han afectado particularmente a las mujeres porque han estado sobrerrepresentadas en los delitos de drogas, y también en los delitos no violentos o en los delitos leves. Es una población, entonces, que comete menos delitos que los varones, que cometen mucho menos delitos violentos que los hombres, que tiene menores niveles de reincidencia también, y, además, tiene otras complejidades. Sabemos que el encarcelamiento femenino impacta de modo mucho más decisivo en posibilidades de cuidados de las infancias, y por eso es que deberíamos tener una respuesta penal diferencial y fortalecer en mayor medida, por ejemplo, las alternativas a la reclusión. Creo que una de las cosas muy buenas de esta gestión también fue que se jerarquizó al departamento de género, transformándolo en una dirección de género. Otra cosa que estamos viendo es que, particularmente en el interior del país, donde en las cárceles hay sectores masculinos y sectores femeninos, muchas veces estos sectores femeninos no están dando abasto para la cantidad de población femenina que está siendo recluida. Tampoco hay demasiadas posibilidades de diferenciar el tipo de intervención que se les da a las mujeres. Porque, como históricamente fueron muy pocas, en realidad había un espacio marginal, digamos, dentro del establecimiento, que era básicamente masculino.
—El sistema es pensado para hombres.
—Sí, entonces, estamos trabajando justamente en ampliar los espacios para mujeres, intentando también diversificar la oferta destinada a ellas, y uno de los proyectos que tenemos, que nos gustaría mucho que se concrete, es la implementación de la casa de medio camino. Hay que pensar que las mujeres tienen menores niveles de violencia, también tienen caminos diferentes a los varones que las llevan a cometer ilícitos, y pensamos que es superimportante generar condiciones graduales de transición entre el adentro y el afuera. Por ejemplo, a través de establecimientos de muy pequeño porte, insertos en el medio urbano, que les permitan salir a trabajar, por ejemplo, durante el día y retornar al establecimiento durante la noche.
—¿Hay posibilidades de implementar en Uruguay la prisión nocturna, como un término medio entre el encarcelamiento y las medidas alternativas?
—Sí, pensamos que, por ejemplo, a través de instrumentos que existen, como las salidas transitorias por trabajo o por estudio, podríamos llevar a un modelo piloto que nos permitiera mostrar la potencialidad que tiene esta gama de grises en la respuesta penal, porque en Uruguay muchas veces se piensa en términos de cárcel o nada.
—Entonces, están pensando en hacer un plan piloto.
—Sí, con mujeres.
—El libro blanco también hablaba de la importancia de la sensibilización ciudadana. ¿Se va a trabajar en eso?
—Justamente en el marco del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo estamos definiendo la elaboración de un plan estratégico de comunicación. Es una necesidad muy importante del sistema mejorar la comunicación externa hacia la ciudadanía y también la comunicación interna.
—¿Cuál sería una meta realista para el sistema penitenciario al final de este período de gobierno?
—Disminuir los niveles de hacinamiento, mejorar la ratio de personas privadas de libertad por funcionario y la cobertura de los programas de trato y de tratamiento.
También tecnificar y fortalecer la dimensión técnica de la intervención penitenciaria, a través de la incorporación no solo de operadores, sino también de profesionales, y fortalecer las medidas alternativas. Mejorar las políticas pospenitenciarias, mejorar la articulación del sistema de Justicia a través de los procedimientos conjuntos con el Poder Judicial y la Fiscalía.
