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Los derechos humanos y el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura militar son un tema de gran sensibilidad para los frenteamplistas. Por eso, Tabaré Vázquez lo planteó apenas comenzó la campaña electoral que lo llevó de nuevo a ocupar el sillón presidencial. “Queremos verdad y justicia, y trabajaremos hasta el final, hasta que encontremos el último de los ciudadanos desaparecidos y vamos a luchar contra toda forma de impunidad”, dijo en el acto de lanzamiento de su campaña en enero de 2014 en San Luis, Canelones.
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Y así fue que meses antes de asumir anunció su primera medida de gobierno: crear una comisión multidisciplinaria para buscar y ordenar información que ayude a dar con el paradero de los restos de desaparecidos. Pero hasta el momento el gobierno no ha podido mostrar avances concretos en el tema. Eso ha inquietado al jefe de Estado, que desde que el grupo de trabajo empezó con su tarea, pidió “ejecutividad” para conseguir resultados.
Ahora Vázquez apuesta a conseguir logros en el ámbito de la Justicia. “No solo alcanza con la verdad. Dijimos verdad, sí, pero también justicia”, comentó el mandatario en los últimos meses a uno de sus colaboradores, según contó a Búsqueda una fuente de la Torre Ejecutiva.
La Presidencia encontró un aliado en la Fiscalía General de la Nación. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, le presentó un anteproyecto de ley para crear una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. El objetivo es que esa sede se encargue de investigar todas las causas por violaciones a los derechos humanos en la dictadura que están en marcha, y también las nuevas que se inicien en los juzgados. Así, concentrará todas las investigaciones relacionadas con la materia y se evitará que los expedientes estén desperdigados en varias Fiscalías, lo que enlentece los avances. También permitirá que un fiscal y su equipo se especialicen en el área, ya que se dedicarán exclusivamente a ese tema.
“No es solo la creación del ámbito. Es pensar una nueva estrategia global en materia penal para los derechos humanos”, dijo una fuente del gobierno. La Presidencia y la Fiscalía analizaron el tema y evaluaron que la existencia de más de 200 causas distribuidas en diferentes juzgados y departamentos del país no ayuda a esclarecer los casos, comentó una de las fuentes consultadas. “Por primera vez estamos pensando en una estrategia penal global y planificada en materia de derechos humanos”, añadió.
Para el Poder Ejecutivo, con la creación de esta Fiscalía especializada se logrará avanzar “sustancialmente” en las diferentes causas. Ese aspecto es clave para el presidente Vázquez, quien entiende que el proyecto es necesario y apoya la iniciativa. El Poder Ejecutivo presentará el texto al Poder Legislativo mediante el Ministerio de Educación y Cultura.
Justicia y verdad.
El anteproyecto de ley, al que accedió Búsqueda, faculta a la Fiscalía a transformar a una de las sedes letradas en una especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Esa sede, dice el texto, “conocerá exclusivamente en todas las causas penales referidas a las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el período definido en la Ley Nº 18.596”, que va desde el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985. Una vez que la sede esté creada, todas las causas “le deberán ser remitidas en el estado en que se encuentren”, dice el texto.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, una Fiscalía especializada “resulta de una necesidad manifiesta ante las dificultades que dichas causas presentan para avanzar en la investigación y en la persecución penal que debe realizar el Ministerio Público para alcanzar los objetivos de lograr la verdad y la justicia en asuntos que tratan delitos de lesa humanidad”.
En la actualidad hay unas 210 causas en las cuales intervienen distintos fiscales, informa el texto, quienes además “deben actuar al mismo tiempo en otros asuntos penales ordinarios y en otras materias”.
Señala además que la Fiscalía creó una Unidad Especializada de Derechos Humanos, que luego de un año de trabajo permitió concluir que las causas que en la actualidad se tramitan en los juzgados de todo el país “presentan dificultades en la etapa de investigación y en su dilucidación jurídica”, y “demoras en la resolución” de los casos y en la “respuestas adecuadas a las víctimas y a la sociedad”.
El conocimiento de las causas “está absolutamente compartimentado y limitado”, y no permite “hacer un abordaje integral de los hechos, de las pruebas, de los conflictos jurídicos que surgen, de los contextos, lo que sin duda conspira contra las mejores soluciones requeridas”, dice el anteproyecto.
En ese sentido, al designar a una única Fiscalía para que tenga competencia en todos los hechos que se investigan se busca tener una “visión integral de los hechos” y atenderlos “en forma exclusiva sin la distracción que genera atender otras materias”.
“Las causas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos exigen una búsqueda comprometida a través de una investigación seria y especializada, que logre sancionar a los responsables y reparar a sus víctimas, de manera de alcanzar la justicia y la verdad, como contribución a la reconstrucción de la sociedad, generando mecanismos institucionales que aseguren la no repetición de actos de similar naturaleza”, argumenta la iniciativa. Por eso es necesario “diseñar una estrategia ‘a medida’ para estas causas” que contemple sus “particularidades y complejidades”, añade.
Además, para resolver los casos de forma “eficaz” y en un “plazo razonable” se requiere de “personal altamente calificado, con especialización y expertise en la materia, que se aboque al estudio de estas causas”.
El proyecto concluye que “medidas de esta índole son necesarias para dar respuestas a las víctimas de los hechos investigados, a sus familiares y a la sociedad toda, así como para cumplir con el Derecho nacional e internacional de los derechos humanos”.
