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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSostener que el terrorismo de Estado comenzó en el Uruguay en junio de 1968 es una falacia aberrante que merece el más profundo rechazo. El gobierno de Pacheco Areco fue un gobierno legítimo y democrático, que ejerció la autoridad dentro de la ley y la Constitución, como así lo reconoció el general Líber Seregni, fundador del Frente Amplio, en el libro “Seregni: La Mañana Siguiente” (Samuel Blixen, Ediciones Brecha, 1997). Aseverar lo contrario es una mentira criminal. Crear una comisión, por decreto, para cambiar la historia y confundir a la gente, es verdaderamente anti democrático y subversivo.
Pacheco Areco accedió al gobierno tras la muerte del presidente Gestido, en diciembre de 1967. Durante su gobierno hubo plena separación de poderes. La oposición legítima interpelaba con éxito y censuraba a los ministros, que caían. No fue como durante los gobiernos del Frente Amplio, donde se usaron las mayorías a rajatabla para evitar la censura de ministros que tendrían que haber sido relevados, como el caso del ministro del Interior por la falta de seguridad ciudadana y el ministro de Transporte y Obras Públicas por el caso de PLUNA, por ejemplo. En el gobierno de Pacheco Areco había un Poder Judicial independiente. Los tupamaros detenidos entraban a los juzgados sin esposas, ni guardia policial, y se escapaban por las ventanas. Jamás hubo asonadas o injerencias indebidas contra el Poder Judicial, como sí las hubo en los gobiernos del Frente Amplio. En el gobierno de Pacheco Areco se creó el Frente Amplio, que participó por primera vez como fuerza electoral en las elecciones nacionales de 1971, bajo el lema Partido Demócrata Cristiano (“PDC”). Hubo elecciones nacionales en noviembre de 1971 y el Frente Amplio, del cual participaba el Movimiento 26 de Marzo (brazo político del MLN Tupamaros) no alcanzó el 20% de los sufragios. Se acató el resultado electoral. El plebiscito constitucional para la reelección de Pacheco Areco no se aprobó y éste acató el mandato del pueblo, emitido en elecciones libres y ejemplares, en medio de una guerra subversiva, y Pacheco se fue. No desoyó el mandato del soberano, como lo hizo el Frente Amplio en dos oportunidades respecto de la “ley de caducidad”. El gobierno de Pacheco Areco tuvo que enfrentar una guerra sucia y subversiva, iniciada en 1962 (pleno gobierno del Partido Nacional) contra quienes querían instaurar por la fuerza un gobierno marxista, a la cubana, en el país. Contra quienes insuflados desde el exterior asesinaban orientales por la espalda para derrocar la democracia e instalar un régimen ajeno a nuestras tradiciones liberales. A Pacheco Areco le impusieron una guerra sin cuartel. Lo llamaron a una lucha que él no pidió. Él no eligió utilizar las medidas prontas de seguridad, que son un instrumento constitucional que está en la Constitución de la República desde la Constitución de 1830. Los subversivos, que asesinaban y secuestraban, y la CNT, la FEUU y el Partido Comunista, obligaron a Pacheco Areco a recurrir a las medidas legales y constitucionales a su alcance que le permitieran defender la democracia uruguaya del asalto totalitario y marxista. Eso no puede caracterizarse como anti democrático y terrorismo de Estado. Aseverar lo contrario es un atentado terrorista contra la verdad y la historia. Pero, además, las medidas prontas de seguridad, que están en la Constitución de la República, si bien son propuestas por el Poder Ejecutivo, son aprobadas y levantadas por el Poder Legislativo, que es el verdadero dueño de las medidas. Poder Legislativo democrático de la época, en el que estaban representados todos los partidos políticos, aun aquellos que con apoyo de potencias totalitarias extranjeras querían socavar la democracia uruguaya. Pueden gustar o no gustar las medidas prontas de seguridad, pero nadie puede argumentar que no son constitucionales y democráticas.
Pero lo más impactante es que quienes sostienen lo contrario y critican a Pacheco Areco por su recurso a dichas medidas, jamás hicieron nada para eliminarlas o modificarlas. Por ejemplo, en la comisión de estudio para la reforma constitucional de 1996 estaban representados todos los partidos políticos. Por el Frente Amplio estaban los senadores José Korseniak y Helios Sarthou y por el Nuevo Espacio estaba el senador Rafael Michelini, hoy en el Frente Amplio, pero sinceramente ya no sé con quién. Ninguno de los tres dijo nada sobre las medidas prontas de seguridad. Tal vez hubiera sido una buena oportunidad para intentar restringirlas, si se consideraban tan anti democráticas. De ahí la hipocresía del planteo actual.
Pero dejando de lado a los hipócritas y al hecho de que, como se dijo, el gobierno de Pacheco Areco tuvo que recurrir a medidas excepcionales para defender al gobierno democrático, lo primero que hizo Pacheco fue resolver el problema de la inflación (del orden del 135% anual), decretando la congelación de precios y salarios de 1968. Primero subió los sueldos por encima de los reclamos de los trabajadores y después congeló precios y salarios, abatiendo la inflación y normalizando los precios. El PIT-CNT sigue reclamando hoy volver a los niveles salariales de 1968, porque la gente nunca vivió mejor que entonces, pese a la violencia insuflada desde el extranjero. Pero Pacheco Areco no hizo solo eso. También creó la COPRIN para asegurarse de que no se especulara más con los artículos de primera necesidad. Extendió la soberanía en 200 millas marítimas, creó el Plan Nacional de Viviendas, el Plan Citrícola, el Plan Arrocero, etc.
Los únicos que violaron los derechos humanos durante el gobierno de Pacheco Areco fueron los tupamaros, que secuestraron, torturaron y asesinaron por la espalda. Que enterraron vivo a Días Gomide (cónsul de Brasil); que interrogaron encapuchados a los secuestrados en la cárcel del pueblo, en condiciones infra humanas; que asesinaron cautivos, como el pobre peón rural Pascasio Báez, porque tuvo la mala suerte de descubrir una tatucera en la estancia Espartaco; que asesinaron a una pobre limpiadora con la voladura del bowling de Carrasco; que tuvieron sumida a la población en el terror más absoluto. Esa es la verdad histórica. Eso es lo que hay que aclarar y recalcar.
Pero ya que al gobierno de turno le gusta estudiar el terrorismo de Estado, convengamos que el mismo comenzó con el golpe de Estado del 9 de febrero de 1973, cuando Pacheco Areco ya no estaba ni en el gobierno, ni en el país. Cuando la CNT y el Partido Comunista del Uruguay celebraron y aplaudieron los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Conjuntas, que crearon el COSENA. Porque el cierre de las Cámaras en junio de 1973 fue cuando terminó de caer el telón, pero el golpe ya había sido dado con el apoyo de la CNT y los comunistas. Las violaciones de los derechos humanos y el terrorismo de Estado, definido como el actuar ilegítimo del gobierno, comenzó en la dictadura, de la cual el presidente Vázquez recibió dos cargos de confianza. Fue jefe del Departamento Radiológico del Ministerio de Salud Pública y luego fue representante del Poder Ejecutivo en la Comisión de Energía Atómica. Fue médico militar y policial, y recibió una beca del gobierno dictatorial del general Alvarez para estudiar en Israel (1981). Pero el terrorismo de Estado continuó después en el 2005, cuando asume la Presidencia por primera vez el Dr. Vázquez, donde se liberó a los presos y se condenó a la sociedad a la inseguridad ciudadana más grande de la historia; donde se iniciaron las escuchas telefónicas indiscriminadas, sin autorización judicial; donde comenzó la persecución política de los competidores médicos, como los doctores Leborgne y de los empresarios, como Vanni y Daniel Soloducho, entre otros; donde se comenzó a destruir la enseñanza pública, condenando a los pobres a no poder salir más de la pobreza; donde se comenzó a esclavizar a la gente con subsidios que los alejaron del trabajo y tornaron a los ciudadanos en esclavos del Estado; donde comenzó la debacle del sistema de salud, emparejando para abajo y destruyendo la salud pública; donde se desoyeron dos mandatos del soberano sobre la “ley de caducidad” y se violó la Constitución para perseguir sin piedad a los que actuaron como consecuencia del accionar subversivo y terrorista; donde se enquistó la droga y aparecieron los “Ni-Ni”.
Y así llegamos a hoy, donde el gobierno pretende perpetuar la mentira, “por decreto,” con la creación de esta comisión de derechos humanos, que es tan sólo una cortina de humo para disimular las diferencias internas del Frente Amplio y los problemas económicos que se vienen, por la falta de previsión. Que busca arrimarle algún mango a esos abogaditos que lucran con el dolor y el sufrimiento ajenos, animados por politólogos e historiadores mediocres y parciales.
Sean honestos y digan la verdad. Requiere coraje pero háganlo, que se van a sentir mejor.
Jorge Pacheco Klein
Washington DC (Estados Unidos)