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El gobierno defiende medidas para combatir la delincuencia y pide aumentar penas a jueces, fiscales, aduaneros y militares corruptos
La tercera parte de la población cree que las propuestas tendrán un efecto “moderado” y el 70% está en contra de la despenalización de la marihuana, según una encuesta
En lo que va del 2012 unos 50 menores que cometieron rapiñas fueron devueltos a sus padres por los jueces que actuaron en el caso. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, apeló a esa cifra para defender en la Comisión de Legislación y Código del Senado la propuesta del gobierno de aumentar las penas mínimas a los adolescentes infractores.
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Tres horas más tarde pero en otra sala, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, explicaba a los senadores de la Comisión de Salud que el proyecto de ley que habilita a un juez a decretar la internación compulsiva de un adicto es “garantista”.
A pocas semanas de anunciar un paquete con 15 medidas para atacar el incremento de la delincuencia, el Poder Ejecutivo comenzó a defender esas propuestas en el Parlamento, aunque anunció que algunas necesitan modificaciones que serán enviadas en los próximos días.
El inicio del debate parlamentario ocurre en momentos en que aparecen los resultados de los primeros estudios de opinión sobre las medidas. De acuerdo con una encuesta elaborada por Opción Consultores, un tercio de la población mayor de 16 años cree que el “paquete de medidas contra la inseguridad” tendrá una “eficacia moderada”, mientras que un porcentaje similar piensa que tendrá “baja eficacia”. Solo el 10% de los consultados “manifiesta una expectativa elevada” sobre los resultados que puedan obtenerse de esas medidas.
Entre la población que se autoidentifica como de “izquierda”, el porcentaje de personas que creen que las iniciativas oficiales tendrán “eficacia moderada” aumenta en comparación con los que son de “centro” o de “derecha”.
“La ausencia de una posición definida frente a las medidas se incrementa entre la población de nivel educativo bajo, en Montevideo y entre la población de posición ideológica de ‘derecha’”, según un análisis de la encuestadora.
En cuanto a la propuesta del gobierno de legalizar la marihuana, el estudio de opinión pública dio que el 70% de la población está en “desacuerdo”, el 16% manifiesta un “acuerdo moderado” y solo el 13% está muy de acuerdo.
Consultado por el corresponsal de “El País” en Soriano sobre una encuesta de Interconsult, el presidente José Mujica declaró: “Si el 60 % de la población no entiende la iniciativa (para legalizar la venta de marihuana) nos vamos al mazo”.
Para el mandatario se debe “tener un debate abierto en toda la sociedad, libre de todo prejuicio” para tratar de solucionar el problema del narcotráfico.
“Los grandes poetas, como (Julio) Herrera y Reissig, se daban la papa”, añadió.
Según relató Breccia en la comisión del Senado, el gobierno no decidió aún si enviará una propuesta de un artículo que habilite al Poder Ejecutivo a reglamentar el mercado de esa droga o si preparará un articulado más completo.
Si bien se refirió al tema de la marihuana, el secretario de la Presidencia asistió al Parlamento para explicar el alcance del proyecto que autoriza a los jueces a decretar la internación compulsiva de una persona que se encuentre en la vía pública “en circunstancias que hagan presumir que se halla consumiendo sustancias estupefacientes, o que acaba de hacerlo o portándolas para su uso personal, siempre que tal circunstancia resulte un peligro para sí o para terceros”.
Ante las dudas planteadas por varios legisladores, Breccia sostuvo que la propuesta es “garantista” porque antes de que se adopte la medida el juez recibe “tres informes”.
“Penalizar más”.
Las autoridades del Poder Ejecutivo dejaron en claro en el Senado que están abiertos a que el Parlamento incluya modificaciones a los proyectos.
En cuanto la idea de aumentar en un tercio las penas mínimas y máximas a los policías corruptos, el Poder Ejecutivo propuso que esa medida se amplíe a “jueces, fiscales, aduaneros, inspectores de la Dirección General Impositiva, militares y todos aquellos que combaten el delito”, informó a Búsqueda el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
“La idea es penalizar más a quienes tienen el papel de evitar que se produzcan determinados hechos y utilizan su poder para lucrar”, añadió.
El ministro pidió en la comisión que los artículos del proyecto en discusión que aumentan las penas a los traficantes de pasta base se discutan por separado.
“¿Por qué se penaliza el tráfico (de pasta base)? Porque el que trafica esto está produciendo un daño muy grande que es distinto del que produce quien trafica otra droga prohibida”, explicó.
En esa instancia, Bonomi también defendió la idea de fijar un mínimo de 12 meses de pena a los menores que cometan delitos graves. El infractor “tiene que saber que está recibiendo una medida socioeducativa, pero también una sanción social, para que no piense que cometiendo delitos accede a un beneficio”.
“Idea de fondo”.
El gobierno prevé modificar su propuesta original sobre la creación de un fondo para otorgar pensiones reparatorias a familiares de personas que hayan muerto en ocasión de delitos de rapiña, copamiento o secuestro. El objetivo del Poder Ejecutivo es ampliar la cobertura a quienes sufrieron una herida que le impide trabajar o quedaron inválidos.
El dinero de ese fondo provendrá del 1% de los seguros que comercializa el Banco de Seguros y las empresas privadas. El ministro del Interior dijo ayer miércoles en la Comisión de Constitución, Código, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, que la decisión de financiar el Fondo Nacional para las Víctimas de Delitos Violentos con capitales de las aseguradoras se debe a que estos fondos han crecido en los últimas tiempos y que la actividad de estas empresas está vinculada a los temas de violencia.
Las autoridades del Banco de Seguros del Estado y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras del sector privado, explicaron en la comisión que comparten “la idea de fondo” pero no creen que la aplicación de la medida sea eficiente, dijeron a Búsqueda participantes en el encuentro.
En ambos casos manifestaron que los U$S 9 millones que se calcula costará el fondo, incrementarán los costos de las empresas.
