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Poco a poco, el secreto bancario en la plaza financiera local ha sido debilitado y el Poder Ejecutivo acaba de comprometer un paso más decidido en esa dirección, en favor del combate al lavado de activos y la evasión tributaria internacional. Hará lo posible para que a fines de 2017 o un año después, por la vía de un proyecto de ley se habilite a levantarlo automáticamente, de modo que la información que pasa por el sistema bancario uruguayo fluya hacia un grupo de países que adhieren a estos estándares promovidos desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Sin embargo, esto no afectará a los argentinos y brasileños que tienen inversiones en Uruguay ya que en sus casos, el intercambio de información seguirá enmarcado en acuerdos bilaterales que solo permiten canalizar pedidos para investigar situaciones específicas y requieren de la intervención de un juez que autorice el levantamiento del secreto bancario. También se mantendrán en pie los convenios bilaterales ya suscritos con cerca de otros 30 países.
Son los argentinos y los brasileños los no residentes que tienen más depósitos en instituciones financieras uruguayas, aunque también hay dinero de europeos, estadounidenses y de otros países sudamericanos, por ejemplo. Suman algo más de U$S 4.100 millones, un monto que se estabilizó en los meses recientes.
Los argentinos son también los extranjeros con mayores inversiones inmobiliarias en el país, especialmente en Punta del Este y Colonia. Y tienen negocios en el agro local.
Reafirmación.
Luego de que en 2009 fue señalado como un país que no coopera con otros en el combate a la evasión de impuestos y se lo amenazó con sufrir por ello castigos comerciales, Uruguay suscribió más de una treintena de acuerdos bilaterales para entregar datos tributarios cuando se lo soliciten para investigar casos específicos. También creó un registro donde deben estar identificados los dueños de las sociedades, una información a la que, si la piden, pueden acceder las administraciones impositivas que firmaron esos convenios.
Otro paso acaba de ser dado por el Poder Ejecutivo al comprometerse a hacer esfuerzos para, desde fines de 2017 o un año después, adoptar los estándares de intercambio periódico y automático —sin que se requiera una intervención judicial— de los datos sobre depósitos y pagos canalizados a través de los bancos locales con otros países que adhieran a este compromiso y que no tengan acuerdos bilaterales vigentes. Ello ocurrió en el marco de la reunión anual del Foro global de transparencia e intercambio de datos con propósitos fiscales que se celebró la semana pasada en Berlín, Alemania. Se trata de un ámbito promovido por la OCDE que ha estado detrás del impulso que tomaron en los últimos años los esfuerzos para combatir la evasión tributaria.
Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que el compromiso asumido es una “reafirmación” del camino hacia la mayor transparencia transitado en los últimos años. Supondrá, ya en el transcurso de la próxima administración, el envío al Parlamento de un proyecto de ley que modifique el secreto bancario para permitir la automaticidad del intercambio de datos que manejan los bancos.
Reafirmaron que los acuerdos bilaterales de intercambio de datos suscritos hasta el momento por Uruguay se mantendrán.
Admitieron como una posibilidad que el gobierno argentino pida modificar su convenio y adoptar el esquema de automaticidad que impulsa la OCDE, pero indicaron que las autoridades uruguayas pueden negarse a hacerlo.
Más de 50 países y jurisdicciones, entre ellos Alemania, Argentina, Barbados, Islas Caymán, Chile, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gibraltar, Luxemburgo, Malta, México, España, Sudáfrica y Reino Unido, asumieron también el compromiso de plegarse a los estándares de intercambio de información automática desde fines de 2017. Otro grupo, en el que están por ejemplo Andorra, Bahamas, Brasil, China, Costa Rica, Islas Marshall, Nueva Zelanda, Rusia, Arabia Saudí, Singapur, Suiza y Turquía, lo hará a más tardar en 2018.
Baharein, Islas Cook, Naurú, Panamá y Vanatú no han indicado un plazo de adhesión a estas recomendaciones de la OCDE o directamente no se han comprometido a hacerlo.
Sin impacto.
Desde que entró en vigor el acuerdo bilateral de intercambio de datos con Argentina, en febrero de 2013, la Administración Federal de Ingresos Públicos de ese país cursó unos pocos pedidos, entre ellos los referidos a la transferencia supuestamente irregular de futbolistas entre clubes rioplatenses y sobre empresas que realizan negocios de triangulación de granos. Hubo un compromiso no escrito de utilizar el convenio en forma medida.
En el ámbito bancario se entiende que el acuerdo no tuvo ningún efecto sobre los depósitos. “Los argentinos que vienen a Uruguay no es por un tema fiscal. La principal razón es el miedo que tienen de la plaza de su país, donde les pueden confiscar o pesificar los depósitos”, opinaron ejecutivos del sistema consultados por Búsqueda.
Según dijeron, son mayoritariamente pequeños empresarios, profesionales universitarios y sectores de clase media que depositan entre U$S 50.000 y U$S 100.000. Eso reafirma la imagen de una “caja chica” en Uruguay a la que han aludido históricamente los ejecutivos bancarios para referirse a los clientes argentinos.
Otros que mueven millones utilizan oficinas de representación que funcionan en Montevideo pero que simplemente hacen de nexo con instituciones financieras del exterior, sin tocar el dinero.
Desde la Cámara Inmobiliaria del Uruguay se ha advertido sobre una caída fuerte de las inversiones de argentinos en el sector —del orden de 70%— que atribuyen a la entrada en vigor del acuerdo bilateral de intercambio de datos.
El nuevo compromiso asumido por el gobierno en Berlín para la cesión automática de información con otros países no es una preocupación en lo inmediato para los operadores.
Será un cambio para los próximos años que seguramente traiga más “perjuicios psicológicos que prácticos” para el mercado, dijo a Búsqueda el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, Andrés Jafif.
Pero acotó: “Gracias a Dios falta y de aquí a 2017 tenemos tantas preocupaciones más”, como la próxima temporada estival—que no vislumbran “fácil”— y la implementación de la ley de inclusión financiera.
