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La cantidad de asentamientos aumentó en los últimos siete años pese a las políticas desplegadas por el gobierno para intentar erradicarlos. Esa es la información con la que cuentan algunos dirigentes del Frente Amplio, aunque en el Poder Ejecutivo esperan por información que varias intendencias deben remitir al Ministerio de Vivienda para dar a conocer los datos finales.
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De todas formas, el partido de gobierno tiene un dato claro, y es que los asentamientos crecieron al menos 3,5%. Entre 2011 y 2018 se pasó de 589 asentamientos a 610, según comentó el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Jorge Meroni. El legislador dio esa cifra durante una charla el sábado 25 en un comité de base de Nuevo París.
Si bien no conocían el número exacto, otros jerarcas del gobierno confirmaron a Búsqueda que también tienen la información de que hubo un incremento en la cantidad de asentamientos.
Meroni, cuya pareja es la coordinadora del Plan de Mejoramiento de Barrios, Cecilia Cairo, planteó que el Frente Amplio cometió un error al no priorizar el tema de la vivienda en el tercer período de gobierno. El oficialismo debería haber tenido como “buque insignia” la situación de los asentamientos y el acceso a la vivienda en lugar del Sistema Nacional de Cuidados, opinó
En la última medición, realizada en 2011, se había registrado un descenso del 11% respecto al relevamiento anterior realizado en 2006, cuando se registraron 662 asentamientos.
En Uruguay, un asentamiento se define como un agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización y sin respetar la normativa urbanística. Este agrupamiento está caracterizado por carencia de servicios de infraestructura urbana básica, así como dificultades en el acceso a servicios sociales.
En el informe de 2011, vivían en asentamientos 165.271 personas. De esa cifra, 112.101 residían en Montevideo y 16.488, en Canelones.
La oposición reclamó en los últimos meses que el Poder Ejecutivo informe acerca de los nuevos datos sobre la cantidad de asentamientos. El diputado Martín Lema (Partido Nacional) realizó tres pedidos de informes sobre el tema. “El gobierno no conoce lo que está pasando en los asentamientos”, dijo.
En la respuesta al tercer pedido de informes, en febrero de este año, el Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda explicó que se estaba en un proceso de actualización de la cartografía de asentamientos. Cairo respondió que se había finalizado la etapa de relevamiento y que ahora se estaba consultando a las intendencias. A comienzos de año, Florida, Colonia, Durazno, Lavalleja, Río Negro, San José y Treinta y Tres no habían informado sobre la situación en esos departamentos.
El tema fue debatido durante la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas en Diputados. Al asistir el 24 de julio a la comisión, Cairo fue consultada por legisladores de la oposición sobre los datos de asentamientos. Allí, la jerarca explicó que estaban “actualizando” el informe de 2011.
“A veces, tenemos algunas dificultades para obtener la información de las intendencias. En realidad, esto es un ida y vuelta. Primero solicitamos la información para saber si los señores intendentes conocen un nuevo asentamiento. A partir de la información de los señores intendentes, vamos al territorio, nos fijamos juntos si lo que nos están dando las imágenes satelitales, el intendente lo tiene en cuenta en el territorio y, luego, como corresponde, elaboramos los informes posteriores”, explicó en comisión.
Para regular los asentamientos, el gobierno uruguayo tiene acordado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 300 millones.
“También revisamos el crecimiento de los asentamientos que ya existen, para saber las causas y cómo podemos prevenir que los asentamientos sigan creciendo a su interna, porque todos sabemos que eso sucede y que la mayoría de nuestros niños del futuro nacen allí”, agregó Cairo.
Para regular los asentamientos, el gobierno uruguayo tiene acordado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 300 millones. Cairo informó que desde 1999 a la fecha se regularizó 100 asentamientos (91 desde 2005).
Disminuir los asentamientos no se logra de un día para el otro, según las autoridades. Cairo dijo que este tema no se resolverá “en los próximos cinco ni diez años”. “La magnitud del gasto es enorme, pero aún teniendo el dinero, lograr el proceso cultural demanda mucho tiempo”, comentó hace dos años (Búsqueda Nº 1.851).
Programa.
En el borrador del programa de gobierno del Frente Amplio, al que accedió Búsqueda, se plantea la necesidad de tener un plan para atender la emergencia sociohabitacional que contemple las situaciones más graves: viviendas con paredes, techos o pisos construidos con materiales de desecho o que no cumplan con los requerimientos mínimos establecidos por ley y problemas con los servicios básicos (agua, saneamiento).
“La solución de estos problemas requiere tanto de mejoramientos como de construcción de vivienda nueva y para ello es necesario potenciar presupuestalmente los programas enfocados a atender la emergencia sociohabitacional”, se afirma en el documento.
