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El gobierno empieza a exigir más transparencia a firmas privadas
Se pone en funcionamiento la central de balances electrónicos; las empresas, sociedades civiles y otras entidades obligadas que no registren sus estados contables comenzarán a ser castigadas
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La exigencia para las empresas de presentar sus estados contables ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN) rige desde hace más de un cuarto de siglo, pero lo cierto es que solo un par de miles cumplen y las sanciones generalmente no se aplican.
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Desde el mes próximo el régimen cambiará, entre otras cosas, dado que empezará a abarcar un universo más amplio de entidades —como las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales— y porque el Poder Ejecutivo tiene la decisión firme de hacer cumplir la obligación de registrar los balances. Con eso busca dar una mayor transparencia y facilitar la llegada de potenciales inversores al país.
La AIN está preparando para mayo el lanzamiento de la nueva Central de Balances Electrónica, que actualmente se encuentra en una fase de testeo de seguridad informática. Como paso previo, acaba de publicar en su web un ejemplo de las plantillas en formato digital que deberán ser usadas para el registro de los estados contables.
En paralelo a eso, el Poder Ejecutivo está por emitir dos decretos relacionados. Uno dispondrá qué normas contables corresponderá aplicar según el tipo de sociedad, de forma de permitir el análisis y la comparación a potenciales inversores. Otro, ya casi pronto, referirá al régimen sancionatorio ante incumplimientos.
“Esto hace a la transparencia de la información y su impacto en el mercado”, en momentos en que se constata un aumento del interés del exterior por conocer los números de las empresas en Uruguay, afirmó a Búsqueda la auditora interna de la Nación, María del Carmen Rua. En contextos de desaceleración económica como los actuales, “la gente es mucho más cuidadosa al momento de invertir y busca nutrirse de más información y de mayor calidad. Tener confiabilidad en la información registrada es un valor agregado al momento de tomar una decisión”, sostuvo.
Junto con la Liga de Defensa Comercial, que compra cientos de balances a la AIN para alimentar su central de análisis de riesgos comerciales, son empresas del exterior —para proveer información a inversores internacionales interesados en hacer negocios en Uruguay— las que más adquieren estados contables de compañías locales. Pero el interés desde afuera es un fenómeno reciente; compraron balances por primera vez en 2014 (1.741), y en lo que va de 2016 ya va una cifra similar (1.680). Eso ocurrió sin que estuviera operativa la central electrónica, que hará mucho más simple el acceso a los números de las empresas que se pidan.
La obligación de presentar balances on line regirá para los ejercicios iniciados en 2015 para aquellas sociedades cuyos ingresos anuales superen los 26 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación, lo que al tipo de cambio actual equivale a aproximadamente U$S 2,8 millones.
En la nueva central estarán disponibles los tres últimos estados contables registrados por cada empresa o sociedad, detalló Rua.
Régimen.
En 2015 la AIN recibió 2.323 balances contables que pertenecen a unas 1.800 empresas (ya con atraso y sin ser sancionadas con multas, algunas presentaron balances correspondientes a más de un período), según surge de la memoria anual del Poder Ejecutivo. Esa cifra había sido más o menos la misma en los años previos.
Rua asocia la próxima puesta en marcha de la inscripción electrónica de balances con otras medidas tendientes a la transparencia empresarial tomadas por Uruguay en los años recientes, como la creación de un registro de accionistas y la disolución de aquellas sociedades que no aportaron esa información.
La central de balances es otro paso. “Sabemos que el actual volumen es muy poco” frente a la cantidad de empresas y otro tipo de sociedades que estarán abarcadas en este nuevo régimen, señaló la titular de la AIN.
En 2012, como parte de una convergencia en materia de transparencia fiscal internacional, el Parlamento votó una ley —18.930— que también obliga a registrar sus balances en la AIN a las sociedades y asociaciones civiles, las sociedades y asociaciones agrarias, las entidades no residentes, así como los fideicomisos y fondos de inversión que no estén sometidos al control del Banco Central que tengan ingresos no comprendidos como hechos generadores de los impuestos a las rentas personales o empresariales por más de cuatro millones de UI a la inflación (unos U$S 434.000). La ley de Presupuesto que entró en vigor este año introdujo otros ajustes al régimen.
La AIN, según la norma, podrá solicitar y recabar la información pertinente de los obligados. Y en caso de incumplimiento, tiene la potestad de sancionar mediante apercibimiento con publicación y multas con distinta graduación de acuerdo con la importancia de la infracción —con un máximo equivalente a 10.000 unidades reajustables, es decir unos U$S 290.000 aproximadamente— a la entidad, sus administradores, directores o encargados de su control privado. Hay una decisión “política” de empezar a castigar los incumplimientos, dijo Rua.
Asimismo, la ley establece que la AIN no dictará resolución en ulteriores trámites sometidos a su fiscalización si previamente las sociedades incumplidoras no abonaron las multas pendientes que hayan sido impuestas por resolución firme. Otro artículo especifica que las multas firmes impuestas a cooperativas tendrán carácter de título ejecutivo, confiriéndole acción ejecutiva para su cobro.
En manos de la Dirección General Impositiva está otro instrumento de castigo a los infractores potencialmente más severo: la suspensión del Certificado Único, un documento que acredita que la empresa está al día con sus obligaciones y no tenerlo le impide en los hechos funcionar.
La ley autorizó además a la AIN percibir una tasa —de “registro de estados contables”— por cada solicitud de balances que reciba, con un valor que no podrá superar el equivalente a 260 unidades indexadas a la inflación, lo que al día de hoy son unos $ 874.