Más allá de que el proyectado Fondo Universal de Telecomunicaciones finalmente quedó fuera de la última Ley de Rendición de Cuentas, el gobierno insistirá en su objetivo de universalizar el acceso a Internet y telefonía móvil en todo el país. Si bien aún no está definido cómo se llevará adelante, “si es en otra Rendición, si es por decreto o a través de otra herramienta”, se buscará la colocación de más antenas “que cubran prácticamente la totalidad del territorio” nacional, dijo a Búsqueda el titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara.
Esa meta, que incluye a la estatal Antel pero también busca la participación de las privadas Telefónica-Movistar y Claro, se proyecta alcanzar sobre el fin del actual período de gobierno, añadió.
“Queremos llegar en 2024 y 2025 a cubrir el 98% o 99% del territorio”, indicó el jerarca. Eso sería después de la proyectada subasta de espectro 5G, que se prevé para setiembre de este año. Actualmente, el acceso a Internet está presente en entre el 86% y 87% de la superficie del país, estimó el funcionario.
La Dinatel busca que tanto Antel como las empresas privadas trabajen conjuntamente en pos de ese objetivo. Sin embargo, desde el ente telefónico se señaló que ya para este año se proyecta alcanzar el 100% del territorio con la cobertura LTE-4G (conexión a Internet por red inalámbrica).
De acuerdo con el último Informe de Mercado de Telecomunicaciones del Uruguay, elaborado por la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) en junio de 2021, la cobertura LTE en el país ocupa el 91,2% del territorio nacional debido al despliegue de radiobases. El menor porcentaje, donde se encuentra la mayoría de las llamadas “zonas blancas”, está en el centro y norte del país, en los departamentos de Tacuarembó (81%), Durazno (83,6%), Cerro Largo (84,4%) y Artigas (86,7%). En todos los otros departamentos se supera el 90% hasta llegar a Montevideo, cubierto en su totalidad.
La falta de cobertura suele ocurrir en zonas rurales de difícil acceso y escasamente pobladas, con eje en rutas poco transitadas, como la 31 entre Tacuarembó y Salto. Se estima que en todo el país hay unas 140 localidades pequeñas que tienen dificultades de conexión; vecinos de poblados como San Benito en Tacuarembó, Tierras Coloradas o La Tentación en Paysandú, o Castellanos en Canelones han denunciado problemas a la Dinatel.
Sin embargo, las dificultades no ocurren solo en el interior profundo, ya que se han hecho reclamos de centros mucho más poblados como San Ramón y Tala en Canelones; departamento que, sin embargo, tiene una cobertura LTE del 99,7%, según la Ursec. En Maldonado (92,5%), durante el desarrollo del pasado Festival de Cine Internacional de José Ignacio, varios usuarios notaron que su red estaba caída.
La cobertura depende de la cercanía de la radiobase más próxima al teléfono móvil. Si en el medio hay obstáculos, ya sea un edificio de hormigón o un monte, la recepción será dificultosa y el dispositivo buscará la señal más fuerte de su propio operador. Si hay radiobases dispersas o el operador no tiene suficientes antenas, la conectividad se ve resentida.
Llenos de antenas
La creación de ese Fondo Universal había sido rechazada por el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) en el entendido de que buscaba “la entrega de la infraestructura de Antel a otras operadoras multinacionales”, en referencia a Movistar y Claro. Según planteó Sutel en una carta enviada al presidente Luis Lacalle Pou en setiembre pasado, cuando el Fondo Universal aún era parte del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, desde 2010 Antel tiene “la misión de garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a los servicios de transmisión de datos e internet”.
Según precisó a Búsqueda Daniel Larrosa, director de Antel por el Frente Amplio, el servicio de esta empresa pública alcanza al 99,8% de la población de Uruguay, así como al 92% del territorio. En la Ursec sostienen que hay discrepancias con las coberturas que reportan las respectivas empresas.
Sin embargo, el Fondo –que se iba a solventar con el 5% de lo obtenido en las subastas de espectro para financiar el desarrollo de infraestructura– no quedó en la Rendición de Cuentas aprobada en octubre por la postura de Cabildo Abierto, uno de los socios de la coalición gobernante, que condicionó el apoyo a la iniciativa a que se habilitara a los operadores de cable del interior a prestar servicios de Internet.
Para el gobierno, el paso fundamental ahora es la subasta del espectro 5G, una licitación pública para la que se están armando las bases. Se espera recaudar entre US$ 100 y 150 millones en esta instancia. “Entre 2022 y 2023 queremos que Uruguay se llene de antenas”, señaló Acosta y Lara. Eso es particularmente necesario para la tecnología 5G ya que, aclaró, si bien estas antenas son de mayor velocidad y capacidad, tienen menos alcance.
Desde la administración se pretende que ese dinero obtenido en la subasta se traduzca en antenas y tecnología, mediante procesos licitatorios del tipo beauty contest (concurso de belleza), en las cuales el espectro es otorgado siempre y cuando las empresas realicen inversiones previamente acordadas en infraestructura y ?conectividad.
La tecnología 4G tiene una velocidad de 150 Megabytes por segundo. La 5G, la quinta generación de teléfonos móviles, que incluye la llamada “Internet de las cosas” y una conexión a muchos más dispositivos electrónicos, llega a los 10 mil.
Como paso previo a la confección de la subasta, se quiere hacer un mapeo definitivo de las “zonas blancas” del territorio, para lo cual se buscará la participación de técnicos de las tres empresas de telefonía móvil operando en Uruguay. Desde el Poder Ejecutivo se insiste en la intención de que participen las empresas privadas.
“Buscamos que las empresas, todas, puedan cooperar entre ellas. Cuanto más antenas, mejor”, indicó el titular de la Dinatel. “Todo el mundo va hacia la cooperación, de otra forma solo metés antenas sin cubrir el territorio. El gobierno va a seguir insistiendo en universalizar las telecomunicaciones y que el interior no sea discriminado como ha pasado hasta ahora”, agregó el jerarca, cuestionando políticas de gestiones anteriores de Antel. “Nadie invierte en un país sin conexión. Hay que fomentar que los privados inviertan y compitan, y que Antel sea más eficiente y que siga ganando. Es una ecuación dificilísima, pero hay que lograrla”, concluyó.
“Sin sentido”
Tanto Sutel como la oposición han coincidido en que “abrirle el juego a privados” no es un requisito sine qua non para que la cobertura alcance a todo el país. “Más allá de que su despliegue (el de Claro y Movistar) es deseable, yo no creo que sea algo necesario”, dijo a Búsqueda Pablo Siris, representante del FA en el directorio de la Ursec.
Desde el lado de la estatal se refuerza ese concepto. “La cobertura total es una tarea que históricamente emprendió Antel. Y no hay otro país con este nivel de cobertura de celular o fibra óptica”, señaló por su lado Larrosa. El director dijo que la administración tiene proyectada para este año la colocación de 75 radiobases en todo el país, “lo que completaría el 100% de alcance de tecnología LTE”.
Larrosa indicó que las propuestas de participación de los privados impulsadas por el gobierno “copian modelos de otros países donde no hay empresas públicas con la cobertura de Antel”. A su criterio, en Uruguay “no tiene sentido” una iniciativa así. “El efecto que tendría sería la compartición de las redes, en un mercado donde la mayor inversión la ha hecho Antel por lejos, sobre todo en el interior. Compartir las redes perjudicaría a Antel, porque le permitiría a la competencia llegar donde hoy no llega”, resumió.
Como ejemplo de esto, Larrosa esgrimió que hoy Antel tiene instaladas 2.250 antenas de tecnología LTE “cuando la competencia, toda junta, no llega a mil”.
