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    El gobierno le envió al Parlamento un proyecto para desarrollar la industria naval nacional, pero ahora le pide que lo borre

    Luego de años de estudio se había llegado a elaborar una serie de artículos, pero diferencias en el propio Poder Ejecutivo demoran nuevamente la definición de la futura institución

    Luego de más de dos años de evaluación, el Poder Ejecutivo no logra todavía encontrar una fórmula jurídica que le permita al país desarrollar su industria naval, al punto de que el gobierno ya anunció en el Parlamento que pedirá que se borren algunos artículos que con ese fin había incluido en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

    Si bien distintos operadores públicos y privados coinciden desde hace al menos tres años en que existen condiciones favorables para el desarrollo de la industria naval nacional en virtud de una fuerte demanda regional actual y futura, la definición de una fórmula jurídica sigue demorada si bien su búsqueda se mantiene.

    La situación fue expuesta días atrás por el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado. Allí Menéndez se refirió a tres artículos que la Presidencia de la República incluyó en el proyecto de Rendición de Cuentas, los cuales disponen la creación de una entidad que permitiría participación pública y privada para el desarrollo de la industria naval.

    Esos artículos, en los cuales se prevé el pasaje al derecho privado de las tareas de construcción y reparación de buques que se realiza en la Armada, fueron incluidos por la Presidencia en el proyecto sin consultar a las autoridades del Ministerio de Defensa ni a los mandos militares de la Armada (Búsqueda Nº 1.721).

    Esa situación fue reconocida por Menéndez en su concurrencia al Parlamento. “El Ministerio de Defensa no estaba de acuerdo con la redacción actual. Sabemos, porque estamos coordinando con distintos ministerios y con la Presidencia, que en la comparecencia de la Presidencia se va a pedir que estos artículos sean eliminados de la Rendición de Cuentas, no para olvidarlos sino para profundizar en su elaboración. Si bien no enviamos estos artículos, queríamos dejar sentada nuestra posición. Nosotros creemos en la necesidad de que Uruguay avance en esta área”, sostuvo el subsecretario.

    Ya en 2010 oficiales de la Armada plantearon a las autoridades políticas su inquietud por la falta de un marco jurídico que los amparara y que le permitiera al país aprovechar la explosiva demanda de industria naval en la región, debido al crecimiento del comercio marítimo en el mundo pero también al tráfico en la hidrovía y al hallazgo de yacimientos petrolíferos en aguas territoriales de Brasil (Búsqueda Nº 1.606).

    Si bien durante el primer semestre del 2012 el Poder Ejecutivo tenía resueltos los principales ejes de un proyecto de ley sobre el tema, en el cual se determinaba la creación de “Industrias Navales del Estado”, una institución de derecho privado pero con participación pública, no hubo avances concretos hasta la remisión de los artículos en la Rendición de Cuentas.

    En su actual marco jurídico, el área encargada de las construcciones y reparaciones navales de la Armada debe manejarse con una rigidez y lentitud de procedimientos que le hace virtualmente imposible competir en el mercado.